JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001
Ť En una escala de uno a diez apenas alcanza 3.3 de calificación
México sigue reprobado en transparencia administrativa, reconoce Secodam
DAVID ZUÑIGA
Pasarán 25 años antes de que los ciudadanos mexicanos puedan confiar plenamente en la administración pública federal, que hasta el año pasado se ubicaba en el lugar 59 de una lista de 90 naciones publicada por la organización Transparencia Internacional.
El subsecretario de Atención Ciudadana y Contraloría Social de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Eduardo Romero, reconoció lo anterior y agregó que México sigue reprobado en cuanto a transparencia administrativa, pues en una escala de uno a diez apenas alcanza una calificación de 3.3.
En una ponencia ante empresarios integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Romero Ramos citó el ''índice de opacidad'' elaborado por la consultora internacional Price-Waterhouse-Coopers y que mide la falta de transparencia en la gestión pública. Según este indicador, Singapur ocupa el primer lugar con un costo prácticamente nulo por corrupción, mientras en México dicho costo equivale a 15 por ciento.
Más aún: Malasia y Colombia, que hasta hace unos años tenían problemas de corrupción más graves que los de México, lo han superado gracias a que han restructurado sus respectivas administraciones.
El funcionario reconoció que ganar la confianza de los mexicanos es un proceso largo que implica una restructuración del marco jurídico, una ''reingeniería'' del gobierno para hacerlo más eficiente y agilizar trámites, y el desarrollo de recursos humanos y valores éticos.
En lo referente a las leyes, el subsecretario reconoció que existen lagunas legales que han permitido la impunidad de 80 por ciento de los servidores públicos acusados. Uno de los cambios más importantes es ampliar el plazo de prescripción de delitos cometidos por funcionarios públicos de tres a cinco años; de la misma forma, los servidores públicos inhabilitados por faltas graves no podrían interponer juicio para solicitar que se anule la resolución.
Al respecto, confió en que este mes se aprueben las modificaciones a la ley correspondiente y que todas las dependencias de gobierno elaboren y apliquen códigos de ética.
En este punto, Romero Ramos tuvo un lapsus: dijo que una de las dependencias que más ha avanzado en estas reformas es ''la que encabeza Arsenio'', probablemente en alusión al anterior secretario de la Contraloría, Arsenio Farell Cubillas, cuya gestión quedó bajo sospecha luego de que se detectaran presuntas irregularidades en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).