JUEVES Ť 25 Ť ABRIL Ť 2001
Ť En Mérida, el Consejo Estatal Electoral convocó a un "pacto de civilidad"
Espera la PGR informe de la SCJN sobre el caso Yucatán para determinar si procede penalmente
Ť La intención no es reprimir, sino resolver problemas: subprocurador Campos Murillo
JESUS ARANDA Y LUIS BOFFIL
La Procuraduría General de la República (PGR) está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le entregue un informe sobre su sentencia en el caso Yucatán para determinar si procede o no el ejercicio de la acción penal contra los funcionarios involucrados en la creación y actividad del superconsejo electoral de esa entidad.
Informó lo anterior el subprocurador B de la Procuraduría General de la República, José Jorge Campos Murillo, quien sin embargo dejó en claro que "la intención de la PGR no es reprimir, sino resolver problemas, y si nuestra intervención pudiera obstaculizar el libre ejercicio de elegir a sus gobernantes el pueblo de Yucatán, pudiéramos, en lugar de hacer un beneficio, crear un perjuicio"
El funcionario precisó que en la reciente sentencia en la que el máximo tribunal determinó la inconstitucionalidad del decreto 412 del Congreso yucateco que dio vida al llamado superconsejo electoral, este cuerpo colegiado no se pronunció respecto a los hechos anteriores a la conformación de dicho consejo; es decir, los aspectos que investigó la PGR a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando las autoridades yucatecas se negaron a acatar el fallo de los magistrados electorales que calificaron al superconsejo como espurio.
Ante esa situación, precisó Campos, la PGR envió oficios al máximo tribunal para que éste precise cuál es su criterio respecto a los acontecimientos anteriores a la aprobación del propio decreto 412.
De ese informe, dijo, dependerá la decisión que adopte la subprocuraduría a su cargo.
Pacto de civilidad, acuerda el Consejo Electoral
En Yucatán, en tanto, el Consejo Electoral del Estado (CEE) convocó a un pacto de civilidad con los representantes de los partidos, con el objetivo de desempantanar el avance del proceso.
En reunión privada, los siete consejeros, a petición de su presidente Ariel Avilés Marín, iniciaron un diálogo con los representantes de los institutos políticos. Allí se fijaron varias acuerdos, entre éstos dejar atrás las denuncias interpuestas en las instancias judiciales contra funcionarios ciudadanos.
En las últimas sesiones del consejo apenas se han discutido dos de 51 puntos que están rezagados y que influyen en las elecciones estatales.