JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Ejidatarios zapotecas exigen se firme convenio por el uso de sus parcelas
Parada, millonaria inversión privada para instalar un parque eólico en Juchitán
Ť La Comisión Federal de Electricidad incumplió un pago anual por el usufructo de tierras
GUADALUPE RIOS CORRESPONSAL
La Venta Juchitan, Oax., 25 de abril. Limitantes legales para la inversión extranjera, el conflicto agrario que representa el tipo de uso de suelo y la pugna con la "competencia" mantienen parada una millonaria inversión de empresarios españoles para el establecimiento de un parque eólico y una planta de ensamblaje de aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec.
Los empresarios españoles del Grupo Auxiliar Metalúrgico (Gamesa), así como las autoridades municipales y estatales que aspiran a la realización del proyecto, enfrentan la exigencia de autoridades agrarias locales para garantizar beneficios económicos directos para los ejidatarios y su comunidad.
Hace un mes, los inversionistas ofrecieron a ejidatarios de La Venta y La Ventosa, en Juchitán, y del municipio Unión Hidalgo, pagar 4 mil pesos anuales por cada torre de medición del aire (anemómetro) que se instalara en su parcela, para lo cual se comprometieron a suscribir un contrato de "derecho de usufructo".
El proyecto de arranque contempla colocar seis torres de 20 metros de altura con aparatos de medición para efectuar monitoreos durante un año y conocer el comportamiento del viento sobre terrenos de La Venta, La Ventosa, Unión Hidalgo y El Espinal.
Pero ni los previsibles beneficios ecológicos ni económicos del parque eólico y la planta de ensamblaje de aerogeneradores hicieron a los zapotecas perder de vista que todo acuerdo deberá plasmarse en un convenio, que aún esperan de los inversionistas.
El plan eoloeléctrico, contemplado también en el denominado Proyecto de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, ahora conocido como Plan Puebla-Panamá, enfrenta las "trabas legales" para su despegue, reconoce el gerente de la Unidad de Energías No Convencionales (UENC) de México, Jorge Huacuz Villamar.
El funcionario apunta que aunque la legislación mexicana permite la inversión privada en la generación de energía eléctrica, se requieren reformas al sector eléctrico a fin de que se promueva su despegue masivo, lo que permitiría "la creación de empresas de autogeneración eléctrica y un parque eoloeléctrico".
El empresario español Jorge Cortina García, director general de Games-energía, opina que "una nueva ley eléctrica adecuada será suficiente para el desarrollo eólico en México", y asume la sociedad con la empresa Mexicana Cableados Industriales, lo que permitirá firmar convenios con ejidatarios y comuneros istmeños para poner en operación su proyecto eoloeléctrico en la zona.
CFE, de plan piloto a conflicto legal
El incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto al pago anual de 35 mil pesos que debía entregar al ejido La Venta por el "usufructo" de la tierra donde tiene instalados siete aerogeneradores desde 1994, provocó que los ejidatarios y sus autoridades agrarias paralizaran desde marzo la operación de los aerogeneradores y se suspendiera la energía que CFE obtiene con el viento.
De "plan piloto" para conocer las ventajas de la tecnología eoloeléctrica, la central de La Venta se convirtió en un conflicto legal para la CFE, cuyo personal no ha podido resolver desde el 13 de marzo, cuando los pobladores cerraron las instalaciones e interrumpieron el flujo de energía hacia la subestación y red de distribución.
Ahora, los habitantes de esta localidad zapoteca enfrentan una demanda penal ante la agencia del Ministerio Público Federal bajo el expediente APMR 061/2001 por los delitos de daño en propiedad ajena, despojo y obstaculización a las vías generales de comunicación.
El agente municipal de La Venta, Leocadio Carrasco Marcos, explica que desde hace cuatro años la comunidad ha intentado que la CFE les retribuya con energía o en pago económico parte del beneficio que obtiene con la explotación de la energía eólica a través de sus aerogeneradores, pero la lucha ha sido infructuosa.
"Queremos que se llegue a un arreglo pacífico, que se haga a través del diálogo, pero como la asamblea lo decidió, se pararon los ventiladores", señala Carrasco Marcos, quien a pesar de la amenaza que se cierne sobre su persona, confía en que el conflicto se solucione "mediante el diálogo".
A su vez, el ejidatario Angelino Solórzano advierte: "Que venga la Comisión (Federal de Electricidad) a firmar un acuerdo y levantar un acta y luego le entregamos sus aparatos... pero el día en que toquen a alguien del pueblo... ese día todo se vuelve difícil".
Acusa a un empleado de la CFE, Carlos García, de llegar a amenazar a las autoridades con la ejecución de órdenes de aprehensión, y sostiene: "Si pretenden detener a alguien, el pueblo tomará medidas más drásticas; bloqueamos la carretera o tomamos sus camionetas... ya veremos".
Cuestiona que la CFE no haya cumplido con el pago de 35 mil pesos anuales (pendientes desde hace cuatro años) y que los primeros tres años cubrió la empresa ENTECSA, que instaló los siete aerogeneradores que después operó CFE.
Dice que hay un adeudo a los ejidatarios "beneficiados" en sus parcelas por la instalación de los aerogeneradores, pues no se les han cubierto los 530 pesos anuales por la renta del terreno, y ahora exigen que la paraestatal decida cómo apoyar a la población. "Que arregle las calles, nos descuente la luz, cubra el gasto de la bomba o algo".