JUEVES Ť 25 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Agresión a periodistas
El mando de la PA suspendido, tiene cargos por extorsión
SUSANA GONZALEZ
El primer oficial Angel González Almazán, comandante del destacamento de la Policía Auxiliar que junto con 11 efectivos más fue suspendido temporalmente por la Secretaría de Seguridad Pública mientras se investiga su responsabilidad en la agresión que el jueves pasado sufrieron manifestantes y reporteros, ya había sido suspendido en agosto del año pasado, a raíz de una serie de denuncias por extorsión y amenazas que hicieron en su contra ocho elementos a su cargo.
Así consta en una acta administrativa levantada el 12 de agosto de 2000 por el entonces subdirector Jurídico de la PA, Salvador Fernando Arredondo de la Fuente, y por la cual José Luis Silva Quiroz, director general de la PA, ordenó mediante el memorándum DO081 girado a la Dirección de Recursos Humanos "dar por terminada la comisión temporal como comandante" de González Almazán.
Las quejas de los uniformados en su contra tiene su origen en la detección de presuntas "cartillas militares falsas" entre algunos de los uniformados, por lo que el comandante llevó a los policías Vicente Cruz Gómez y Diego Salado Cisneros ante la mesa IV de la PGR, acompañado de "su abogado Edgar Perea Maldonado, quien se encuentra adscrito al 71 agrupamiento".
Salado Cisneros les dijo a los efectivos "que se requería dar dinero a la autoridad para solucionar el problema", por lo que les pidió 9 mil pesos a cada uno. Al precisar la participación que tuvo González Almazán en el hecho, los policías refieren que "nos estuvo presionando en repetidas ocasiones para que le entregáramos el dinero al licenciado, con la amenaza de que si no lo hacíamos nos iba a dar de baja de la Policía Auxiliar". Otros siete elementos hicieron la misma denuncia pero precisaron que a ellos les pidió 6 mil pesos y cuando respondieron que busca-rían asesoría jurídica por su cuenta, los amenazó con entregarlos a los judiciales.
En el mismo documento, los policías acusaron a González Almazán de otras anomalías: los obligaba a cuidar sus vehículos privados en Tlatelolco, firmar boletas de resguardo de uniformes y equipo de trabajo cuando nunca se los entregó, entre otras.