JUEVES Ť 26 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Propuesta de representantes de CNDH y CDHDF

Involucrar al Poder Legislativo en recomendaciones, plantean

Ť Legisladores podrían llamar a autoridades que no las acaten

ALONSO URRUTIA

A fin de reforzar el papel de los organismos públicos de defensa de derechos humanos es necesario promover reformas que involucren al Poder Legislativo en el cumplimiento de las recomendaciones incumplidas por las autoridades. Así, de acuerdo con propuestas de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los legisladores podrían citar a las autoridades que no acaten dichas recomendaciones.

Al continuar los foros sobre la Reforma Integral de la Constitución -en esta ocasión con el tema de procuración de justicia y derechos humanos-, el coordinador Francisco Valdés aseveró que es necesario avanzar hacia un sistema de justicia moderno que permita fortalecer el estado de derecho y, con ello, una pronta, completa e imparcial administración de justicia.

La ex presidenta de la CNDH, Mireille Roccati, manifestó que más que una reforma constitucional, lo que se requiere para consolidar las agrupaciones de derechos humanos es cambiar la cultura y que toda la sociedad asuma que el papel de dichos organismos no es la defensa de los delincuentes, sino del estado de derecho.

Manifestó que el papel de las comisiones no se contrapone con las funciones del Poder Judicial, por el contrario debieran ser complementarias. Por ello, lamentó que en el Poder Judicial haya jueces y magistrados que aún nieguen que una recomendación de las comisiones de derechos humanos tiene el carácter de fe pública.

A su vez, Miguel Sarre, director de estudios de derecho público del ITAM, enumeró una serie de contradicciones en la Constitución que han dado paso a malas interpretaciones y abusos del Ministerio Público. Dijo que es necesario una reforma que promueva la salida de esta instancia del Poder Ejecutivo.

Mencionó la necesidad de reformar el artículo 21 constitucional, que se presta a confusiones entre los alcances de la seguridad pública y la procuración de justicia. Asimismo, conminó a la Secretaría de Gobernación a promover la elaboración de la ley reglamentaria de garantías individuales, misma que estaba considerada en el texto original de la Carta Magna y que hasta ahora no ha sido concretada.

En su oportunidad, Arturo Saldívar, de la Barra Mexicana de Abogados, manifestó que la reforma integral de la Constitución no puede detener los cambios urgentes que ésta requiere para impulsar la propuesta que en materia de amparo elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que incluyen modificaciones a los artículos 103 y 107 constitucionales.

A decir de Saldívar, dicho proyecto contiene avances fundamentales: ampliación del ámbito de protección del juicio de amparo, para que se protejan de forma directa y no indirecta los derechos humanos, e incluir a los organismos concesionarios de algún servicio que en su momento haya prestado el Estado y que ahora sea responsabilidad de particulares.

Por su parte, Eduardo Ortiz Castro, de la CNDH, y Sonia Rojas, de la CDHDF, hablaron de la necesidad de consolidar los mecanismos de apremio para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos.

Plantearon la posibilidad de involucrar al Poder Legislativo, como una forma de obligar a las autoridades renuentes a acatar una recomendación o que de forma dolosa se rehuyan en los hechos a cumplirla. En su consideración, los legisladores podrían citar a dichas autoridades a fin de que expliquen las razones por las cuales no cumplen lo recomendado.

Finalmente, Carlos Ríos, de la Fundación Rafael Preciado -vinculada al PAN-, se refirió a la necesidad de reformas constitucionales que permitan cumplir con la Convención Internacional de defensa de los derechos de los menores, particularmente en el rubro que habla de aquellos menores infractores.

Dijo que en la actualidad, la estructura del Consejo Tutelar implica que sean las propias autoridades quienes valoren si el menor es culpable y al mismo tiempo le aplican la sanción.