El Senado de la República aprobó ayer un dictamen de reforma constitucional en materia de derecho y cultura indígenas que, si bien representa un avance con respecto al texto actual de la Carta Magna, no refleja, a juicio de varios expertos, lo acordado en los acuerdos de San Andrés Larráinzar ni lo estipulado en la iniciativa de reformas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación. 

En el texto aprobado, que deberá ser enviado hoy a la Cámara de Diputados, hay tres puntos principales en los que puede constatarse una clara reducción de los alcances de San Andrés: en primer lugar, en lugar de consagrar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como garantía constitucional, se deja tal reconocimiento al arbitrio de los congresos estatales; por otra parte, los senadores omitieron asentar el derecho de los pueblos indios a sus territorios y a los recursos naturales en ellos contenidos; asimismo, se escamoteó el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público para designarlas, simplemente, como entidades de interés público. 

Se trata de un matiz importante, por cuanto que anula o minimiza el rango institucional de tales comunidades en la conformación del Estado. 

Este achicamiento de lo pactado en San Andrés obliga a preguntarse si los legisladores tuvieron en mente, a la hora de aprobar el dictamen, los anhelos de paz con dignidad y justicia de la sociedad --incluidos los pueblos indígenas-- o los intereses de sus respectivas fracciones políticas. Y es que, sin duda, el texto finalmente votado reduce las perspectivas al proceso de paz entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y pone en cuestión los avances logrados hasta ahora en esa materia. 

Técnicamente la reforma aún no está aprobada y existe la posibilidad teórica --y tenue-- de que la Cámara de Diputados la devuelva al Senado. Esa incógnita se despejará, previsiblemente, en las próximas horas. 

Y si las modificaciones referidas son finalmente adoptadas por el Congreso de la Unión, muy pronto se sabrá si la determinación de los legisladores de minimizar las reivindicaciones indígenas fue una decisión correcta o si se trató de un error trágico e histórico.