VIERNES Ť 27 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Enrique Ku Herrera, dirigente del Consejo Indígena Mexicano

El dictamen del Senado es una provocación de guerra

ANGELICA ENCISO L.

La ley indígena que aprobó el Senado es una provocación de guerra real y directa contra los indígenas del país. No responde a las demandas y necesidades de los pueblos, ni soluciona las causas de la marginalidad y la extrema pobreza en que viven desde hace siglos, señaló Enrique Ku Herrera, dirigente del Consejo Indígena Mexicano (CIM).

Pidió a la Cámara de Diputados que no apruebe el dictamen que ayer le fue enviado, porque eso sería "una derrota anticipada para los indígenas". Dijo que los legisladores se deben dar tiempo para analizar y discutir el documento. Los instó a que no se conviertan en "cómplices de la agresión y del intento de destruir a los pueblos indígenas, a través de leyes que no sirven más que para negar su existencia".

Dijo que las organizaciones indígenas del país comenzarán una campaña para dar a conocer los puntos sustanciales en que fue modificada la iniciativa de la Cocopa, que perjudican a los pueblos. Ayer por la noche se reunieron representantes de las agrupaciones del país para definir las estrategias que pondrán en marcha en estos días y evitar que esta ley siga adelante.

Señaló que los mecanismos bajo los cuales se regirá la autonomía no están considerados, el territorio no está contemplado y los indígenas otra vez son considerados como menores de edad al no ser reconocidos como sujetos de derecho público.

El dictamen del Senado no responde a las demandas y necesidades de los indígenas, "no tomó en cuenta los derechos fundamentales demandados y no se expresa buena voluntad política para la solución definitiva de las causas que han originado la exclusión social".

Aseguró que el problema indígena se deriva a los congresos estatales, en los que prevalecen intereses adversos a estos pueblos y lo que allí ocurrirá es que este documento "se va a remitir a leyes secundarias en las que se va a crear un laberinto interminable y en él se van a perder las exigencias reales".

El CIM demandó a la Cámara de Diputados no dé la espalda a los pueblos indígenas y que no traicione esta lucha, "porque en todos los partidos y grupos, hay gente deseosa de que haya un paso significativo para la solución de los problemas". Instó a que retrase la votación de la ley y se abra un espacio de consulta con la dirigencia del EZLN y las organizaciones indígenas, porque el planteamiento real de su demanda fue "desechado, mutilado y excluido en la decisión del Senado".

Aseguró que en el documento final no quedó clara la forma en que los pueblos ejercerán su autonomía y la libre determinación; los indígenas no quedan como sujetos de derecho y es una burla que sean considerados como "interés público"; el concepto de territorio no está suficientemente contemplado y otra vez son tratados como menores de edad para que en manos del gobierno quede el ejercicio de los derechos indígenas.

No hay ninguna propuesta ni compromiso de parte del Estado para que haya una política nacional de desarrollo integral; tampoco está el compromiso para que más de 10 por ciento del presupuesto sea destinado a sus necesidades básicas. "Es una burla contra los indígenas y sus pueblos".

Fue una irresponsabilidad y falta de sensibilidad política que la ley fuera aprobada en esos términos. Esto es una provocación y se da la razón a quienes sólo ven como camino para la solución de los problemas de los indígenas "la vía de la violencia y la vía de la confrontación".

"Los riesgos son insospechados, los indígenas siempre han sido conscientes de que no se quiere un enfrentamiento de esa naturaleza; pero esta ley es una provocación directa y de guerra contra los pueblos. Había flexibilidad de los indígenas y del EZLN, pero esto no fue entendido de esa manera y se aprovechó para intentar destruir por la vía de la ley la presencia, la existencia y participación de los pueblos indígenas", concluyó.