VIERNES Ť 27 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Rige a funcionarios, legisladores, jueces y responsables de organismos autónomos
Aprueban diputados ley de responsabilidades para servidores públicos de la Federación
Ť Entre los deberes, declarar bienes dentro de 60 días posteriores a su toma de posesión
Ť Se pretende combatir la corrupción, el nepotismo y el uso personal de recursos públicos
DAVID APONTE Y CIRO PEREZ SILVA
La Cámara de Diputados aprobó ayer una nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, aplicable a los tres poderes de la Unión: funcionarios del Ejecutivo, legisladores federales, integrantes de la judicatura federal y responsables de organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México.
A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, todos los servidores públicos deberán presentar, incluso por correo electrónico, su declaración patrimonial dentro de los 60 días naturales a su toma de posesión. Las dependencias tendrán que abrir una unidad para la recepción de quejas sobre abusos.
Por lo que toca al Ejecutivo, esta instancia emitirá un código de ética con reglas claras para que en la actuación de los funcionarios públicos impere una conducta digna, que responda a las necesidades de la sociedad.
La nueva legislación -elaborada con base en un proyecto de la bancada del PAN- se aplica a toda persona que maneje o aplique recursos públicos federales.
En el ámbito de sus competencias, estarán incluidos los diputados y senadores, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales de trabajo y agrarios, el IFE, la Auditoría Superior de la Federación, la CNDH y el Banco de México.
Además de combatir actos de corrupción, el nuevo marco legal pretende frenar el nepotismo y el uso de los bienes y recursos para beneficio personal, precisa el dictamen de 51 artículos, aprobado por unanimidad.
En el terreno de las querellas judiciales, aumenta el tiempo de prescripción de los delitos de uno a cinco años y permite que la autoridad competente se incaute de los activos de los funcionarios públicos "cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes".
Los diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática consideraron que esta legislación representa una herramienta en la lucha contra la corrupción y el dispendio de bienes nacionales.
El panista José Guillermo Anaya Llamas expuso en tribuna que la corrupción golpea de manera sistemática las bases de la cohesión social, porque desvía recursos y esfuerzos en beneficio de los menos. "Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de mostrar un frente común en contra de quienes intentan burlarse de las instituciones democráticas", aseguró.
Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del PRI, dijo que el nuevo marco legal permitirá mejorar los instrumentos de control del servicio público, lo que hará posible aspirar a un gobierno honesto. "Como legisladores estamos satisfechos de poner a disposición de los mexicanos una nueva ley que permita avanzar en estos propósitos, donde se otorga a los ciudadanos una instancia clara para presentar quejas y denuncias en contra de servidores públicos desleales y corruptos", afirmó.
El perredista Arturo Herviz Reyes manifestó que el decreto representa un avance en la cruzada anticorrupción. Sin embargo, solicitó que los legisladores impulsen reformas constitucionales que garanticen a la sociedad una función pública responsable.
Acta de defunción de Ferronales
Durante la sesión de este jueves, el pleno del órgano legislativo decretó la desaparición del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y abrogó la ley orgánica que lo regía, en virtud de que éste dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y prestar servicio público de transporte.
La empresa conservará su personalidad jurídica para efectos del proceso de liquidación y de los derechos de los trabajadores ferrocarrileros.