VIERNES Ť 27 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Si no cumple de manera cabal su dictamen sobre el superconsejo electoral el 30 de abril
Yucatán: la SCJN apercibe a Cervera que puede ser separado de su cargo
Ť La advertencia la hace extensiva al Congreso local y a los consejeros invalidados
JESUS ARANDA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al gobernador de Yucatán Víctor Cervera Pacheco, al Congreso local y al Consejo Electoral invalidado en esa entidad a que a más tardar el próximo 30 de abril cumplan "de manera cabal" con el dictamen emitido el pasado 7 de abril por el máximo tribunal en el que se ordenó que le sean entregados al Consejo Electoral insaculadopor el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los estados financieros, la conciliación (cruce de información) bancaria, los pagos realizados en efectivo y los talonarios de los cheques expedidos del primero de enero al 9 abril pasado relacionados con el Consejo Electoral de esa entidad.
En caso contrario, el máximo tribunal apercibió a las autoridades involucradas de que en caso de incumplimiento de este mandato judicial en el plazo fijado, se iniciará el procedimiento de responsabilidad establecido en el artículo 107 constitucional que establece la posibilidad de que dicha autoridad sea separada inmediatamente de su cargo y consignada ante un juez de distrito.
En respuesta al informe de "entrega y recepción" que entregó a la Corte el presidente del Consejo Electoral reconocido por la Corte, Ariel Avilés Marín, en el que señala que la recepción de las instalaciones y documentación del Consejo invalidado que tuvo lugar el pasado 9 de abril, con lo que se daba cumplimiento a la sentencia dictada por el TEPJF, los consejeros se dieron cuenta de que la documentación del estado financiero del Consejo Electoral estaba incompleta y que los recibos de cheques y estados financieros "no coincidían" como tampoco los pagos hechos en efectivo.
El informe también da cuenta de que cuando el Consejo legal le solicitó a la Secretaría de Hacienda de Yucatán que pusiera a su disposición la partida presupuestal asignada por el Congreso de la entidad; ésta dependencia les respondió por escrito que: "la sentencia emitida por la Corte no establece en ninguna de sus partes, contravenir lo señalado en los artículos 19 y 20, fracción V, párrafo II del decreto 229 que contiene el presupuesto de egresos del gobierno de Yucatán aprobado para el ejercicio fiscal 2001 por el Congreso local, en lo relacionado con el calendario de gastos" y que por lo tanto, la dependencia se veía obligada para atender la solicitud de los consejeros electorales.
Así las cosas, a 19 días de que la Suprema Corte dictaminó la inconstitucionalidad del superconsejo electoral, el presidente del máximo tribunal, ministro Genaro David Góngora Pimentel, precisó que hasta la fecha, el Consejo Electoral invalidado tampoco ha cumplido con entregar la documentación solicitada, a pesar de que se había fijado como plazo máximo el 16 de abril pasado.
En el acuerdo de la Corte se requiere a las autoridades estatales de Yucatán involucradas en el cumplimiento de su sentencia, a que entreguen los informes solicitados "de manera directa" y antes del 30 de abril próximo en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte o en el domicilio de la persona autorizada en el citado acuerdo. Es decir, la Corte no aceptará ni siquiera notificaciones vía fax, las autoridades yucatecas tendrán que enviar directamente al Distrito Federal a sus emisarios para que cumplan con el trámite.
Ante la actitud asumida por las autoridades yucatecas, el acuerdo del presidente de la Corte ordena al Congreso de Yucatán a que le remita la copia certificada del Diario Oficial de la entidad, en el que conste la publicación del Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2001, así como los acuerdos relativos a la metodología y calendarización en la entrega de los recursos a que se refiere el citado presupuesto, referentes al Consejo Electoral.
En el caso del gobernador, Víctor Cervera Pacheco, la Corte lo requirió a que remita copia certificada de los documentales en los que conste la calendarización para la entrega de los recursos que prevé el citado presupuesto estatal a favor del Consejo Electoral e informe de las fechas en las cuales deberá entregar dichos recursos, así como los montos recibidos, y las fechas en que serán entregadas las ministraciones subsecuentes, "debiendo remitir copias certificadas de las constancias que así lo acrediten".
Esta resolución obedece a que el Consejo Electoral solicitó a la secretaría de Hacienda local la entrega de la totalidad de la partida presupuestal autorizada, para dar así cumplimiento al acuerdo emitido a la Sala Superior del TEPJF desde el 6 de febrero pasado.
El pasado miércoles, el subprocurador B de la Procuraduría General de la República, Jorge Campos Murillo, dijo que la decisión de la dependencia de ejercitar o no acción penal en contra de los funcionarios que han obstaculizado desde diciembre pasado el cumplimiento de la sentencia del TEPJF, dependería de la respuesta que diera la Corte al informe del presidente del Consejo Electoral legal.
Hasta la fecha, las diversas autoridades de Yucatán han continuado sin cumplir "a cabalidad" con la sentencia de la Corte y por ende, del TEPJF.