DOMINGO Ť 29 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Proponen que recoja principios de derechos humanos

Legisladores y ombudsman, en pro de una ley indígena integral

Ť Necesario, reformar constituciones locales, concluyen

VICTOR BALLINAS ENVIADO

Puebla, Pue., 28 de abril. Los ombudsman del país, así como legisladores locales y senadores de la República se manifestaron a favor de impulsar una legislación indígena integral que recoja los principios de los derechos humanos, la libertad de creencias, la libre determinación como ejercicio de autonomía, el nombramiento de sus autoridades, educación bilingüe, derecho al trabajo, salud, vivienda y alimentación.

Los 31 presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos y el ombudsman nacional, así como los legisladores que participaron en la Reunión Nacional del Poder Legislativo y las Instituciones Públicas de los Derechos Humanos, concluyeron que es necesario promover reformas a las constituciones locales para crear municipios y regidurías indígenas, ampliar su participación y representación política local y nacional.

Los convenios de la reunión fueron dados a conocer por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, en la sesión en la que se presentó la relatoría de las mesas de trabajo.

Como base del respeto a los derechos de los indígenas, acordaron la aplicación del convenio 169 de la OIT y que se promueva la firma del proyecto de declaración de los pueblos indígenas; ampliar el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de que se obligue a los países signantes a propiciar un ambiente social adecuado para los indígenas, y se incluya la "cláusula de condicionalidad en los acuerdos comerciales internacionales para que los Estados cumplan los instrumentos sobre derechos humanos".

Sobre aspectos jurídicos

Destacaron, en sus conclusiones, la necesidad de que las legislaturas federal y estatales consoliden la independencia de órganos de derechos humanos y les otorguen presupuesto para que cuenten con áreas especializadas en asuntos indígenas y personal especializado.

Otro de los acuerdos logrados en la reunión es sobre la urgencia de que se consolide un sistema de administración de justicia equitativo, en el que los jueces se auxilien de peritos en usos y costumbres e incorporen traductores indígenas a las labores judiciales, admitiéndose la prueba en contrario cuando se cuestione la identidad indígena del procesado.

De igual forma, los presidentes de las comisiones de derechos humanos del país precisaron que se deben considerar los efectos de etnicidad, el atraso cultural, la necesidad económica y la marginación como atenuantes de responsabilidad, mecanismos de conmutación de penas en delitos no graves y facilidades para que los indígenas en libertad bajo fianza y condicional firmen los libros con periodicidad acorde a las distancias de sus comunidades.

Para hacer esto posible, indicaron, se deben reformar los códigos penales, a fin de que en asuntos en los cuales intervengan indígenas cuenten con la debida asistencia legal.

En otro punto, los ombudsman se inclinaron por que los poderes Legislativo y Ejecutivo consulten a los indígenas cuando vayan a adoptar medidas que les afecten, y para ello se debe crear instrumentos que aseguren su participación en dichas decisiones.

Asimismo, los participantes precisaron que, con independencia de los programas sociales vigentes, los tres niveles de gobierno deben crear infraestructura carretera y desarrollar políticas encaminadas a revertir el deterioro ecológico y económico de las comunidades.

En otro de los temas de discusión, y en el que las opiniones entre los ombudsman estatales y legisladores están divididas, es en el relativo a reformar las leyes de las comisiones de derechos humanos de los estados y la nacional, para que los congresos locales y el Senado de la República, en su caso, citen a los funcionarios o gobernantes que no acatan las recomendaciones que se les han girado por violación de derechos humanos.

Legisladores y ombudsman expusieron puntos de vista encontrados al respecto, pues mientras unos se pronunciaban a favor de facultar a los congresos locales y al Senado para llamar a los funcionarios y gobernantes violadores de derechos humanos, otros expusieron que eso significa perder autonomía.

La discusión de este punto fue larga, y no hubo consenso en el sentido de establecer mecanismos para lograr la efectividad y cumplimiento en las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. "Las recomendaciones se aceptan, pero no se cumplen. Ya nos tomaron la medida", apuntó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Jaime Juárez Hernández.

Máximo Pérez, diputado local de Puebla, se manifestó en contra de que sean los Congresos los que llamen a los funcionarios a cuentas por no cumplir las recomendaciones. En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, José Francisco Coronato, dijo que en su legislación eso ya está considerado, y no significa ni pérdida de autonomía ni politización del caso.

Otros puntos de acuerdo son el introducir reformas para que la elección de los titulares de las comisiones estatales de derechos humanos sea efectuada, preferentemente, por las legislaturas locales; otorgar mayores presupuestos para la difusión de los derechos humanos; que las legislaturas federal y estatales perfeccionen los ordenamientos legales conducentes para erradicar la tortura, y se cumpla la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos por el país.