DOMINGO Ť 29 Ť ABRIL Ť 2001

PAGINA 9

Ť Lourdes Galaz

Ni locos, a favor de otra reforma agraria

Vicente Fox logra aval para su Plan Puebla-Panamá

En el sur-sureste, gran concentración de población indígena

Enmiendas por encargo

Hace unas semanas, cuando el presidente Fox avalaba con vehemencia los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el periodista Carlos Fazio (La Jornada) le hizo ver que el punto uno del documento "sugiere una reforma agraria". El periodista recordó casi textual el contenido de los famosos acuerdos: "El EZLN insiste en señalar la falta de solución al grave problema agrario nacional, y en la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional retomando el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas: la tierra es de quien la trabaja y tierra y libertad...". Fox puso una cara de sorpresa, de desconcierto. Y en voz alta alcanzó a decir su pensamiento: "... Ƒuna reforma agraria? Es una locura. Yo no me la echo...". El periodista y los otros escuchas comprendimos que el mandatario no había leído los acuerdos de San Andrés, ni siquiera el primer párrafo de aquel documento que en febrero de 1996 concertaron el gobierno federal de Ernesto Zedillo y el EZLN.

Uno imagina que luego de aquella reunión el señor Fox pidió a sus asesores que le "tarjetearan" -así se dice en Los Pinos al resumen de documentos importantes- los contenidos de los acuerdos. Para entonces, el jefe del Ejecutivo ya había enviado al Senado de la República la iniciativa con las enmiendas constitucionales para garantizar los derechos y la cultura indígenas. Muy seguramente, al firmar esa iniciativa el presidente Fox tampoco fue advertido de que el punto dos de los acuerdos de San Andrés precisa que en lo referente al desarrollo sustentable, el EZLN "considera insuficiente que el gobierno indemnice a los pueblos indígenas por los daños ocasionados en sus tierras y territorios, una vez ocasionado el daño (así haya sido en los últimos 500 años, o cuando menos en el último siglo). Es necesario desarrollar una política de verdadera sustentabilidad, que preserve las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas, en suma, que contemple los costos sociales de los proyectos de desarrollo". Y es que este asunto tendría que ver con una revisión de las formas de tenencia de la tierra comprendidas en la Constitución vigente, con todo y las enmiendas al artículo 27 que en su tiempo ordenó el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ahora uno imagina que entonces (fines de enero) los asesores del Presidente redactaron las tarjetas informativa con lo más destacado de los acuerdos de San Andrés (incluido el punto uno con la reforma agraria), y acomedidos en su tarea hicieron otras tarjetitas más con los contenidos de la llamada ley Cocopa que ya había firmado el mandatario, igual que con los cambio que le introdujo Zedillo y las modificaciones sugeridas en la iniciativa del Partido Acción Nacional, tan sólo para hacer comparaciones. Siendo así, el jefe del Ejecutivo habría estado muy bien enterado y convencido de la importancia de las enmiendas constitucionales que propuso al Congreso. En esa virtud tenía la posibilidad de maniobrar con los legisladores del PAN y sus aliados del PRI todas las modificaciones que el Ejecutivo federal requería para no alterar su proyecto de gobierno y su política hacia los pueblos indios.

Nadie en su sano juicio esperaría que el mandatario y los foxistas -como el secretario de Agricultura Javier Usabiaga- abanderaran en este siglo los ideales de Emiliano Zapata. Por supuesto, tampoco que se olvidaran de proyectos como el Plan Puebla-Panamá, que de realizarse tendrá que ver con el 75 por ciento de población indígena que hay en los estados del sureste mexicano. Por cierto, ayer mismo la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales inició, en Veracruz, la "consulta pública" que avalaría el Plan Puebla-Panamá. Y esta misma semana el gobierno federal solicitó a los gobernadores de los nueve estados del llamado sur-sureste ejercer una aplicación y administración de la justicia que "satisfaga los requerimientos del sector privado", pues la falta de garantías jurídicas para el capital es lo que inhibe las inversiones en la zona. Obviamente, no hay comentarios sobre la necesidad de "desarrollar una política de verdadera sustentabilidad, que preserve las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas, en suma, que contemple los costos sociales de los proyectos de desarrollo", como lo establecen los acuerdos de San Andrés.

Ciertamente, las cámaras legislativas borraron de la iniciativa presidencial todo lo que tuviera que ver con el derecho de los indígenas a la propiedad de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales de los territorios donde están asentadas sus comunidades. O lo que es lo mismo, el Congreso tampoco quiso echarse el tiro de una reforma agraria en pleno siglo XXI, como lo sugiere el primer punto de los acuerdos con el EZLN que con tanta vehemencia avaló el señor Fox. El dictamen con las enmiendas constitucionales aprobadas ya por el Congreso (el miércoles por el Senado y ayer con 386 votos de diputados panistas, priístas y ecologistas) elimina partes sustanciales de la iniciativa de la Cocopa, como son el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público; el reconocimiento de los territorios indígenas; el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales que se encuentran en dichos territorios y la posibilidad de asociación de comunidades y municipios indígenas, como bien lo explicó el Congreso Nacional Indígena. El dictamen legislativo se sustenta en los mismos argumentos del pasado zedillista: evitar brotes secesionistas en el futuro, conflictos de jurisdicción entre las autoridades federales y los pueblos indígenas, enfrentamientos por la tenencia de la tierra originalmente en posesión de los indígenas y hoy en propiedad de particulares o del Estado.

šAh!, los defensores de las enmiendas afirman que "se trata de una reforma a la Constitución, no de una ley reglamentaria de derechos indígenas", que "el dictamen es superior a los acuerdos de San Andrés y a la ley Cocopa (diputado César Nava Vázquez, del PAN), o que "los corazones de los indios están llenos de esperanza porque se votaron avances constitucionales verdaderamente importantes" (diputado Juan M. Carreras López, del PRI). Tal parece que los legisladores (Ƒcomo el Presidente?) jamás leyeron los acuerdos de San Andrés Larráinzar y votaron con la línea de Diego Fernández de Cevallos y Manuel Bartlett, casualmente el dúo más conservador en el Congreso. Del voto de los senadores del PRD, habrá que aceptar lo dicho por su líder histórico Cuauhtémoc Cárdenas: "Los senadores votaron tratando de impulsar las reformas que están haciendo falta en materia de derechos indígenas. Por eso en el Senado se reservaron muchos puntos para presentar propuestas distintas a las del PRI y a las del PAN, desafortunadamente la mayor parte no pasó" (sic)... Y en esta nación del cambio, también se legisla por encargo.

EN TRES TIEMPOS

el pacto energetico de buenas intenciones

como el pri, el prd sigue en las mismas

la ctm, contra el acuerdo comercial
continental

YA LA SECRETARIA de Energía envió la aclaración: la carta de intención para un pacto energético con Estados Unidos y Canadá es sólo eso, un compendio de buenas intenciones, no más. Pero resulta que por estos días allá en Washington se dio a conocer que el consumo mundial de energía aumentará 59 por ciento en menos de dos décadas. El informe difundido por la Administración de Información de Recursos Energéticos (EIA) de Estados Unidos considera que el petróleo seguirá siendo la principal fuente energética hasta el 2020. Las naciones industrializadas seguirán consumiendo la mayor parte de los productos derivados del petróleo en el mundo, y crece la brecha en el consumo entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo. Siendo así, el presidente Fox y su secretario de Energía, Ernesto Martens, podrán ver que en Estados Unidos hay la firme intención de contar con el petróleo mexicano.

LA IZQUIERDA MODERNA, seria, propositiva, combativa, con un proyecto de nación que enfrente a la nueva derecha foxista, se perdió en las luchas internas de las tribus perredistas. De nada valió el consejo de Felipe González, tan de moda en el globalizado mundo de la socialdemocracia. Ciertamente, nadie esperaba otra cosa. Se acepta que la refundación de un partido es un proceso, no un suceso. Como en el priísmo, la modernización del perredismo quedó para mejor ocasión. En la batalla de Zacatecas perdieron todos. La lucha sigue por el espacio y la chamba en el buró del partido: los cardenistas avalan a Rosario Robles, los ilusos de la Nueva Izquierda al senador Jesús Ortega, los ex comunistas y afines a Raymundo Cárdenas, o si lo convencen y se lo ganan, a Pablo Gómez. En suma, futurismo, oportunismo... y lo que se acumule de aquí al 2003.

EL AREA DE LIBRE COMERCIO de las Américas que los jefes de gobierno de 34 naciones del continente comprometieron para el año 2005, o antes si es posible, hace una semana en la cumbre de Quebec, no está tan fácil. Ahora que la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), que representa a 45 millones de sindicalizados, rechaza el modelo del ALCA que negocian los gobiernos, al tiempo que pretende una alianza social continental que impulse un acuerdo comercial "con rostro humano". Y, aunque usted no lo crea, ese pacto de los sindicalistas de Alaska hasta la Patagonia también fue firmado por la CTM y los iconos del sindicalismo mexicano. A saber: Leonardo Rodríguez Alcaine, Hilda Anderson y Netzahualcóyotl de la Vega... ni más ni menos.

Ilustración: Luis Fernando /Serie: Cobradores de impuestos

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