DOMINGO Ť 29 Ť ABRIL Ť 2001

Ť Pueden ser reaprehendidos en Yajalón, Chiapas, si se hacen las consignaciones debidamente

Obtuvieron libertad paramilitares de Paz y Justicia por fallas de la PGR

Ť La Red de Defensores Conunitarios por los Derechos Humanos analizó el expediente penal

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 27 de abril. La liberación de los once líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia, el pasado 17 de abril se debió a fallas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la averiguación previa y no por su presunta inocencia de los delitos que se les acusan, sostuvo hoy la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos.

Los asesores jurídicos de los indígenas de la zona norte del estado sostienen que los presuntos paramilitares pueden ser reaprehendidos si la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos de Civiles Armados de la PGR consigna debidamente la presencia de los ahora liberados en el desalojo del predio Paraíso, en Yajalón, y si la Procuraduría estatal consigna las averiguaciones iniciadas por las múltiples acciones perpetradas en la zona norte desde 1995.

Después de haber analizado la resolución emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, en el expediente penal 46/2001, la Red concluye que la liberación de Samuel Sánchez Sánchez, Marcos Albino Torres y otros nueve integrantes de Paz y Justicia "revela que de manera deliberada fueron consignados ante el juez sin que existieran las pruebas suficientes para sujetarlos a proceso, de manera que la PGR... sabía cuál sería el desenlace".

En ese sentido la PGR es la responsable de que los paramilitares acusados de terrorismo, motín, asociación delictuosa, delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, daños y despojo, hayan alcanzado su libertad.

Los integrantes de la Red--avocados a la búsqueda de pruebas y elementos para castigar a los miembros de los grupos paramilitares que perpetraron decenas de desapariciones, muertes y torturas contra pro zapatistas sólo en la zona norte de la entidad-- exigen a la PGR que investigue "seriamente" a los líderes paramilitares liberados y se allegue las pruebas necesarias para iniciar un proceso penal en su contra.

Por su parte, representantes de las 60 familias que el pasado 4 de agosto fueron desalojadas de Yajalón, dijeron que "un día después de la liberación, este grupo rápidamente llegó a amenazar a las mujeres desplazadas diciendo que nunca será encarcelado y que puede realizar cualquier acto violento nuevamente cuando quiera".

A través de una carta de denuncia, dijeron que el grupo --formado por Ricardo y Enrique Hidalgo López, Alberto López Guzmán, Mario Cruz Pérez, Abraham Díaz Mendoza, Rosenberg Hidalgo López, Alfonso Entzin Pérez, Javier Hidalgo López y Juan López Montejo--insistió en que van a posesionarse nuevamente del predio.

"Al día siguiente se observó la presencia de un automóvil de la presidencia municipal de Yajalón y al tercer día comenzaron a trabajar el terreno con maquinaria del ayuntamiento. Dijeron que iban a construir escuelas".

El grupo de desplazados, que habita en albergues improvisados ubicados a pocos kilómetros del lugar, explicaron que los priístas paramilitares que los despojaron se pasean con los elementos del Ejército Mexicano destacamentado en el lugar, presuntamente para evitar otra incursión armada.

"Queremos explicar que estos paramilitares tienen el apoyo de los gobiernos estatal, municipal y federal. Los desplazados y afectados por el grupo armado lamentamos la injusticia en la que estamos viviendo", concluyen.