DOMINGO Ť 29 Ť ABRIL Ť 2001L

Ť Impugnan la legalidad del congreso en que se religió el líder Alfonso Rojo

Denuncian miembros del SUTGDF desvío de recursos para comprar delegados del gremio

Ť Piden la intervención de la Procuraduría General de Justicia capitalina Ť Mañana acudirán al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para pedir anulación del proceso interno

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Integrantes del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal solicitaron la intervención de la Procuraduría de Justicia capitalina para que investigue el posible desvío de recursos de esta organización, con los que se habría "comprado" a los delegados sindicales que en días pasados apoyaron la relección de Alfonso Rojo al frente del SUTGDF para los próximos tres años.

En entrevista, Emilio Fernández Allende, quien contendió en el proceso, afirmó que mañana acudirán ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que declare nulo cualquier acto emanado del congreso en el que se eligió a Alfonso Rojo, "pues fue totalmente ilegal".

Comentó que se informará a la base de esa situación y se convocará a marchas y plantones para protestar por esa anomalía, además de que solicitarán una entrevista con el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para que desconozca a Rojo.

El ex candidato dijo que la queja fue dirigida al procurador Bernardo Bátiz, y ahí se le solicita auditar los fondos del SUTGDF, pues aparte de que no se le informa a los trabajadores de los recursos que generan los deportivos e inmuebles del sindicato, "se tiene la sospecha de que se utilizó dinero para comprar conciencias durante el congreso".

Dijo que el documento lo signaron, aparte de él, José Medel Ibarra y Carlos González Merino, quienes también tomaron parte en la contienda interna, y lo avalaron los 43 delegados sindicales que estaban en contra de Alfonso Rojo, e integrantes de su propio Comité Ejecutivo.

Fernández Allende precisó que el pasado miércoles se convocó al congreso, pero no se instaló porque se requerían 73 delegados --de los más de 100 que integran el SUTGDF-- para iniciar trabajos. De hecho, ante el notario público 160 del DF, Guadalupe Guerrero Guerrero, quedó asentado que 43 delegados estaban con los tres candidatos de oposición, por lo que sin ellos era imposible declarar el quórum.

Sin embargo, al otro día los delegados que se inclinaban por Alfonso Rojo instalaron el congreso con la supuesta presencia de 73 delegados y lo religieron, "lo que a todas luces es ilegal, pues es muy posible que se haya suplantado a algunos delegados, con lo que estarían cometiendo otro delito".

Señaló que detrás de esta situación están Jesús Lozano Contreras, Raúl Quintana (ex dirigente del SUTGDF) y Franciso Martínez Rivera, "quienes quieren seguir usufructuando los recursos de los sindicalizados". No obstante, la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del DF fue "contra quien resulte responsable".

Entrevistado al respecto, López Obrador sostuvo que nadie de su equipo de gobierno se meterá en la vida interna del sindicato, y dejó en claro que si se impugnó el proceso de elección interna, "nosotros actuaríamos de conformidad con lo que decidieran los tribunales; no tenemos preferencia por nadie, no vamos a tomar partido en función de nuestras convicciones".

Remarcó que no tienen por qué participar en esto los partidos políticos. "Los trabajadores tienen que organizarse de manera libre y se tiene que cumplir el objetivo de los sindicatos, que es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, más allá de los partidos.

"Entonces, si hay esas diferencias, si hay oposición al interior del sindicato, si se van a crear otras organizaciones, pues se tiene que resolver en los tribunales y nosotros vamos a actuar con apego a la legalidad", concluyó.