Pocas cosas pueden ser tan contradictorias en el trabajo legislativo como el consentimiento de una ley que en sí misma invalida su aplicación en la práctica. En la Ley de Derechos y Cultura Indígenas aprobada ayer en la Cámara de Diputados se reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía, pero no se establecen los mecanismos y las formas que lo hagan posible en la práctica. Se trata de un derecho constitucional impreso pero inaplicable en los hechos. 

Al margen del contrasentido implícito en la aprobación de esta ley, lo que a nadie sorprende es que hayan sido los diputados del PAN y el PRI quienes, una vez más, se hayan unido para votar a favor de una iniciativa con la que, según ellos, se comienza a pagar la deuda histórica que tiene México con los pueblos indígenas, y con la que pretenden animar al EZLN a regresar a la mesa del diálogo. 

Panistas y priístas doblaron las campanas por una ley distante --en fondo y forma-- a la iniciativa emanada de los acuerdos de San Andrés, y que de poco o nada servirá como el paso --que pudo haber sido-- tan importante para avanzar hacia la pacificación en Chiapas. 

Si bien no es novedad que el PRI y PAN se unan en decisiones legislativas cruciales para el país, lo que brinca a la razón es que el PRI --urgido de credibilidad-- no haya dado muestras de solidaridad con el pueblo, en particular con los indígenas, que alguna vez dijo defender. 

Bajo una argumentación inmediatista de mantener la unidad nacional, que nadie pone en duda, los diputados del PRI --con excepción de los que se cuentan con una mano-- respaldaron una propuesta del PAN que, aunque ya festejada por el presidente Fox, no les ayuda para promover un hecho primordial de justicia histórica. La posición del PRI nos hizo recordar los innumerables apoyos legislativos de Acción Nacional a las iniciativas emanadas de los gobiernos priístas. 

Aprobar una ley inoperante puede poner en duda la inteligencia legislativa, pero lo que es en verdad perverso es el hecho de promoverla como una ley "superior" a los acuerdos de San Andrés y a la iniciativa de la Cocopa, y, peor aún, pretender utilizarla ante la opinión pública como acierto en la reanudación del diálogo con los zapatistas. 

Es posible suponer, y así lo ha manifestado el Congreso Nacional Indígena, que la representación de los 10 millones de indígenas mexicanos que apoyaron la demanda zapatista de cumplimiento a los acuerdos de San Andrés como requisito para el diálogo, se opondrán a esta ley que en lo fundamental no refleja el espíritu de la iniciativa de la Cocopa. Dar venia a una ley que define a las comunidades indígenas como entidades de "interés público" y no de "derecho público", es, en consecuencia, no reconocer los derechos de los pueblos indios. 

Con la aprobación de esta cuestionable ley por parte de la Cámara de Diputados, ha quedado de manifiesto que el único cambio alcanzado en materia de derechos y cultura indígenas es la forma de desconocer, de no ver ni escuchar, las demandas legítimas de los indígenas.