rechazó "tajantemente la iniciativa de ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión", "profundamente regresiva al desconocer derechos fundamentales de nuestros pueblos".
JUEVES Ť 3 Ť MAYO Ť 2001
Adolfo Gilly
PRD: ley indígena y alianzas necesarias
La aprobación de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas es un revelador de la situación política nacional. Es imposible eludir la discusión de su significado. Lo define bien el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía: "La forma en que se aprobó la ley de derechos y cultura indígenas habla de un triunfo del conservadurismo en el país. Demuestra que la estructura de poder que durante siete años prolongó innecesariamente la resolución del conflicto aún posee capacidad de operación y decisión".
Esa estructura de poder se sustenta económicamente en el mando financiero y políticamente en la alianza PAN-PRI, consolidada desde el sexenio de Carlos Salinas en adelante, cuyo representante más conspicuo siempre fue Diego Fernández de Cevallos. La novedad en el voto de esa ley es que la representación del PRD en el Senado se sumo a esta alianza para dar unanimidad a la aprobación y burlar las expectativas de los pueblos indígenas. El grupo del PRD en la Cámara de Diputados, por el contrario, se negó a avalar la reforma enviada por el Senado y se retiró de la sesión para manifestar su desacuerdo.
La posición del EZLN fue explícita en su comunicado del 29 de abril: "Dicha reforma traiciona los acuerdos de San Andrés en lo general, y en lo particular, la llamada iniciativa de ley de la Cocopa en los puntos sustanciales; autonomía y libre determinación; los pueblos indios como sujetos de derecho público; tierras y territorio; uso y disfrute de los recursos naturales; elección de autoridades municipales, y derecho de asociación regional, entre otros".
El Congreso Nacional Indígena, en su declaración del 1o. de mayo, también
rechazó "tajantemente la iniciativa de ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión", "profundamente regresiva al desconocer derechos fundamentales de nuestros pueblos".
El senador Jesús Ortega, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, en un documento del 1o. de mayo, rechazó las declaraciones del EZLN y del subcomandante Marcos, y defendió la negociación y la votación PRD-PAN-PRI a favor de la reforma constitucional: "No quisimos automarginarnos para caer, nuevamente, en un oposicionismo testimonial que puede hasta dar imagen de radical, pero con resultados concretos magros, inexistentes o incluso de retroceso... Estoy convencido de que los senadores perredistas logramos incluir en la reforma los asuntos medulares que demandan los pueblos y las comunidades indígenas".
El senador Lázaro Cárdenas Batel, que junto a otros dos senadores del PRD se oponía a votar la reforma y finalmente acató la decisión mayoritaria del grupo, declaró el 30 de abril: "fue un error muy grave" de su grupo parlamentario haber avalado ese proyecto, por lo cual ahora tendrá que "asumir el costo político" (La Jornada, 1o./V/2001).
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en La Jornada del 1o. de mayo, escribió que hubo "una decisión igualmente equivocada de los senadores del PRD, al sumar su voto a la aprobación en general de la iniciativa", y agregó: "Es preciso que el Presidente haga uso de sus facultades y no publique estas reformas constitucionales". Jesús Zambrano, secretario general del PRD, también pidió que el presidente Fox vetara la reforma.
En carta a La Jornada del 1o. de mayo, me dirigí a la dirección nacional del PRD pidiendo que declare su acuerdo con las declaraciones del EZLN, denuncie la conducta doble de Vicente Fox al presentar la ley Cocopa y saludar la reforma que la niega, apoye los llamados del Congreso Nacional Indígena a movilizarse contra estas reformas y manifieste su solidaridad "por todos los medios necesarios con el EZLN, el CNI y las comunidades y pueblos indígenas, contra los cuales el PAN, el PRI y el gobierno federal preparan nuevas ofensivas y agresiones".
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, con fecha 2 de mayo, pide "una reforma de la reforma", para lo cual "propone a las fuerzas políticas del país, especialmente al Presidente de la República, la realización de una consulta ciudadana". El CEN afirma que el PRD siempre estuvo en favor de los pueblos indígenas y de la ley Cocopa, y que la misma conducta han tenido sus representantes en el Congreso de la Unión. "Sin embargo -agrega- el comportamiento del PRD en el Senado no se ha comprendido, por lo que consideramos que fue un error táctico haber emitido un voto favorable en lo general", cuyas consecuencias el CEN declara asumir en su totalidad. El CEN defiende además a Jesús Ortega de las acusaciones que contra su actuación hizo el subcomandante Marcos.
En una cuestión de importancia capital para la nación y su futuro la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. En el PRD están actuando en este momento dos posiciones contrapuestas: una, la que encabeza el senador Jesús Ortega, votó a favor de esa reforma y ahora defiende y justifica su voto; la otra, representada por voces diversas, la rechaza.
El comunicado del CEN trata de mediar entre ambas posiciones, habla de "error táctico" y, además de proponer a Fox una consulta ciudadana, pide a las legislaturas de los estados que voten contra dicha reforma. El comunicado del CEN del PRD, situado una vez más en una posición defensiva en sus argumentos y sus propuestas, habla de "organizaciones indígenas" y de "movimiento indígena", pero elude toda mención a las dos organizaciones que están encabezando ese movimiento, que lo han colocado como uno de los focos de la atención nacional e internacional y que están directamente amenazadas por las señales negativas del voto en el Congreso: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Tiene propuestas para el presidente Fox y para "las fuerzas políticas del país", no las tiene para el CNI ni para el EZLN.
La política del PRD no puede dirigirse al Presidente y a las "fuerzas políticas" (incluidos, supongo, PRI y PAN), sino buscar acuerdos y acciones conjuntas con quienes están luchando y movilizándose en estos momentos contra la ley indígena y contra el IVA. El PRD tiene que reiterar públicamente, después de este supuesto "error táctico", que su grupo parlamentario no aceptará bajo ningún concepto modificación alguna de la tasa cero al IVA en alimentos, medicinas y libros. El PRD tiene que condenar el viraje a la derecha en la política internacional mexicana, la alianza Bush-Fox que quiere convertir a México en el socio menor y aliado subordinado de Estados Unidos frente a América Latina, por el ALCA y contra Cuba.
El CEN del PRD no puede ignorar la gravedad de la situación. Es su obligación citar una reunión extraordinaria del Consejo Nacional, como máximo organismo de dirección nacional entre congresos, para que se pronuncie sobre la presente coyuntura y la política inmediata del partido.
Ese Consejo Nacional del PRD debería convocar a una alianza de resistencia de las organizaciones del pueblo mexicano contra la política reaccionaria y neoliberal del gobierno de Vicente Fox, sobre tres puntos centrales: 1) por la ley Cocopa y por los derechos, las libertades y la cultura indígenas; 2) no al IVA, sí a los salarios, la salud y el empleo; 3) no a la alianza Bush-Fox, no al ALCA, no a la alianza para acabar con Cuba y entregar el Caribe y Centroamérica al dominio irrestricto de Estados Unidos.
El terreno central de esta lucha no está en el Congreso ni en las legislaturas. Está en el pueblo y en sus organizaciones, a cuyos objetivos debe subordinarse la actuación en el Congreso. El CEN del PRD está hoy a la defensiva y ajeno a estas necesidades. Es preciso que el Consejo Nacional dé una definición y un golpe de timón.