JUEVES Ť 3 Ť MAYO Ť 2001

Ť No hay más indagatorias por supuestos nexos Ejército-narco: Lopezportillo Robles

De once militares bajo proceso por presuntos delitos contra la salud, 4 son generales: PGJM

Ť A Martínez Perea le fue dictado nuevo auto de formal prisión por robo de vehículo, informa

JESUS ARANDA Y GUSTAVO CASTILLO

De once militares actualmente bajo proceso por presuntos delitos contra la salud, cuatro son generales, y otros tantos oficiales están relacionados con la detención de sus jefes, informó la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), la cual añadió que no existe otra indagatoria abierta por presuntos nexos de militares con los cárteles de la droga.

Los oficiales de mayor rango en el Ejército Mexicano sujetos a proceso por vínculos con el narcotráfico son los generales de división Jesús Gutiérrez Rebollo y Humberto Quirós Hermosillo; el general de brigada Arturo Acosta Chaparro y el brigadier Ricardo Martínez Perea.

Por cierto, según el procurador castrense Jaime Antonio Lopezportillo Robles, hasta la fecha la dependencia a su cargo no ha recibido denuncias contra Acosta o contra Quirós por probable participación en desapariciones forzadas en Guerrero durante la lucha guerrillera de finales de los sesenta y principios de los setenta, ni ha recibido desglose alguno del tema por parte de la PGR.

En entrevista, el general Lopezportillo Robles agregó que en lo que toca a Martínez Perea --detenido recientemente por presuntos vínculos con el cártel del Golfo--, le fue dictado un segundo auto de formal prisión por robo de vehículo, lo que se suma al de delitos contra la salud en su modalidad de fomento y posibilitar el tráfico de narcóticos.

El procurador castrense sostuvo que la propia Secretaría de la Defensa Nacional presentó la denuncia contra Martínez Perea --en su calidad de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizada con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas-- cuando quedó demostrado que el general detenido en la prisión militar "pasó por alto" la ley, al permitir que el teniente José Antonio Quevedo y el capitán Víctor Maya (ambos presos) permitieran la huida de narcotraficantes cuando eran interceptados con droga.

"Fundamentalmente ellos se quedaban con el material, dejaban ir a los narcotraficantes y así presentaban resultados; ese era el problema". Añadió que esa conducta de Martínez Perea ocurrió con "cierta frecuencia".

Añadió que la segunda causa por robo de vehículos es porque se descubrió que en los aseguramientos de enervantes en los que había involucrados vehículos, el general se quedaba con algunos de estos y no los reportaba al Ministerio Público correspondiente.

"Usó varios vehículos incluso para asuntos del propio servicio pero eso no se podía hacer, tenía que haberlos puesto a disposición de la autoridad correspondiente", dijo.

Por lo que respecta al caso Tamaulipas, en el que además de la detención del general Martínez Perea se logró también la captura de Gilberto García Mena, El June --uno de los capos del cártel del Golfo--, el procurador militar indicó que continúan las indagaciones y se está "explotando" toda línea de investigación surgida a partir del hallazgo de vehículos, armamento, equipos de radiocomunicación, que en su momento pueden servir como pruebas contra procesados o probables responsables.

 

161 militares libres por retiro de acción penal

Por otra parte, el general Lopezportillo dijo que en la presente administración se ha decretado la libertad de 161 militares acusados de delitos menores gracias al retiro de la acción penal acordado por el secretario de la Defensa, general Ricardo Clemente Vega García. Explicó que ello también se debe a que ya habían purgado parte de su pena.

Aunque reconoció que los castigos para las infracciones no graves de los militares --faltar, llegar tarde al trabajo, o "un gesto" de falta de respeto a un superior--, pudieran considerarse muy "severas", el oficial sostuvo que son necesarias, pues precisamente con la disciplina militar se adquieren "nuestras características de eficacia".

En este contexto, afirmó que no es necesario un ombudsman en las fuerzas armadas en razón de que los soldados que se sientan agraviados en sus garantías individuales pueden recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que ésta los proteja.

Interrogado sobre la conveniencia de reformar el Código de Justicia Militar, vigente desde 1931 y que debido a ello podría ser considerado "muy atrasado", el procurador militar contestó: "Creo que es un comentario hecho sin conocimiento necesario del código (de Justicia Militar), incluso hemos visto que es vanguardista, pese a ser de 1931, en cuanto a figuras procesales, pero en cuestiones delictivas de tipo penal, sí es suficiente".

Admitió que ciertamente algunos delitos, señalados en el código, como retirarse media hora o una hora "de nuestro sitio, o alejarnos más de 80 kilómetros de nuestra plaza asignada sin permiso, ya han sido calificados de obsoletos, porque ya cualquiera va en avión de Cancún a México en 1 hora 40 minutos.

"Pero bueno --agregó--, son sistemas de control y disponibilidad de tropas, por eso se crearon esos tipos penales, y es una situación muy particular de los ejércitos; pero realmente que el Código de Justicia Militar adolezca de atrasos, yo creo que no".

Finalmente, el militar comentó que actual- mente hay casi 586 militares presos, en su mayoría por faltas en el servicio como desobediencia, insubordinación "y alguna otra de tipo militar", cuyas penas oscilan entre seis meses y dos años de prisión en promedio.