jueves Ť 3 Ť mayo Ť 2001
Adolfo Sánchez Rebolledo
Reforma fallida
El hecho puro y duro es que el diálogo se fue a paseo. De ser la palanca para una fase de cambios profundos en las relaciones entre los pueblos indios y el Estado, y paso previo hacia la solución del conflicto en Chiapas, la aprobación de la ley de derechos y culturas indígenas pasó a convertirse en la manzana de la discordia o, peor, en la causa de una peligrosa polarización que nada bueno augura.
La reforma constitucional recoge definiciones esenciales como el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el concepto de autonomía, e introduce aportaciones sustantivas relativas a la prohibición de todas las formas de discriminación, lo cual representa un avance, pero introduce tantas y tan importantes correcciones al texto original enviado por el presidente Fox que éste se pierde en la versión final, lo cual ha despertado innumerables críticas, así como descalificaciones sumarias sustentadas en interpretaciones igualmente sumarias de temas complejos y, por lo mismo, debatibles. En el colmo de las exageraciones se olvida que la iniciativa de reformas presentada por la Cocopa debía acercar posiciones, no zanjar absolutamente las diferencias que en última instancia resolvería el Congreso de la Unión.
De cualquier forma es lícito preguntarse qué pasó con varios temas de singular importancia en el texto original de San Andrés, recogidos en la propuesta de la Cocopa y asimilados por otras legislaciones. Un ejemplo: si, como insiste Xóchitl Gálvez, ya hay dieciséis Constituciones locales que incluyen el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho público, Ƒpor qué razones se decidió anular ese concepto de la reforma constitucional para ubicarlas como entidades de "interés público"? Otro caso: Ƒno hubiera sido mejor en aras de la precisión nombrar en el texto constitucional --como se hace en la ley de Oaxaca-- quiénes son y cómo se llaman los pueblos que son o debían ser los sujetos de los derechos consagrados por la reforma, por qué reducir su expresión al ámbito comunitario intramunicipal? ƑPor qué, en fin, atar la reforma a una visión restrictiva de los derechos indígenas en vez de asumir una que los promueva y auspicie con visión de futuro? Creo que en el fondo, a reserva de mejores interpretaciones, lo que estaba y está en juego es discutir qué Estado y qué nación presupone el reconocimiento pleno de los derechos plenos de los pueblos indios. Y esa discusión estuvo ausente en el ánimo de la mayoría, que tenía prisa por aprobar los cambios constitucionales.
No obstante, la reforma aprobada no está mal solamente porque reconozca unos aspectos y no otros de la vieja propuesta de la Cocopa, cosa que es siempre discutible, sino porque es una reforma autista, concebida sin considerar las circunstancias que la hicieron necesaria. Los legisladores encargados del dictamen trabajaron intensamente, pero no tuvieron en cuenta que los acuerdos de San Andrés se inscriben en un proceso de diálogo por la paz, son el resultado de una negociación entre las dos partes en conflicto, el EZLN y el gobierno de la República, cuya importancia es visible aun si no tienen el carácter de acuerdos de Estado, que ahora reclama el gobernador Salazar. ƑPor qué las comisiones encargadas del Senado no mantuvieron, entonces, un contacto productivo con el EZLN y el CNI para evitar precipitaciones y malos entendidos, confusiones y saldar a tiempo previsibles diferencias? Y si lo hicieron, Ƒpor qué el desencuentro final? ƑA quién corresponde la responsabilidad por esta grave omisión?
Ojalá y la experiencia sirva de lección para evitar en el futuro los acuerdos políticos suscritos sin considerar las formas y los medios de su posible ejecución. En este caso, se aceptó que bastaba con el compromiso entre el EZLN y el gobierno para hacerlos valer, lo cual fue, lo estamos viendo, un grave error. El resultado, si se mide en términos políticos, no puede ser peor. El optimismo de las últimas semanas se ha roto y una sombra se cierne sobre el futuro, cuestionando la propia existencia de la Ley de Concordia y Pacificación que ha servido, gracias a la interpretación laxa y benevolente de las partes, para contener una escalada violenta de la situación en Chiapas. Ahora habrá que empezar de nuevo para que el diálogo vuelva a establecerse como la única vía legítima de solución.
Se está creando una peligrosa escisión que tiene en la mira a las instituciones de la democracia como vehículos exclusivos de la clase política y por ello mismo inútiles para la sociedad civil. Un representante del Congreso Nacional Indígena, Abelardo Torres, dijo en la radio: "ya no hay vías para el diálogo entre las organizaciones populares, en este caso los indígenas, y el Estado".