Ť José Murat Casab, gobernador de Oaxaca

La ley indígena aprobada es clasista y racista

JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.

Gobernador de una entidad donde habitan más de 10 mil comunidades indias, en las que se hablan 26 lenguas distintas --aparte del español-- distribuidas en siete regiones dentro de 570 municipios, José Murat Casab señala: "La ley indígena aprobada por el Congreso es clasista y racista, implica un retroceso grave y ha fragmentado al gobierno, a la sociedad y al Poder Legislativo. Todos se han fragmentado a partir de ella. No hay acuerdos".

"¿Por qué?", se pregunta. Y responde: "Por negarle los derechos plenos a los hombres y mujeres de los pueblos indios de México".

Denuncia: "En México hay reservaciones indias disfrazadas. Esos que miran con desdén al indígena son los mismos que lo explotan y se niegan a modificar el trato de menores de edad que se le ha dado a los indios".

Oaxaca es un estado pluriétnico en el que opera una ley indígena basada en el respeto a los usos y costumbres de las diversas culturas que lo habitan, se les reconoce su autonomía y ésta no ha significado problema alguno para los gobiernos estatal y municipales.

Es que, explica, el reconocimiento pleno de los derechos indígenas fortalece la identidad nacional, no al contrario, como se ha pretendido hacer creer. "Tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica. No hay justificación alguna para que en el país haya mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Eso se tiene que terminar. Todos somos iguales", puntualiza.

--¿Qué desventajas tiene la ley indígena Cevallos-Bartlett frente a la que rige en Oaxaca?

--La ley indígena de Oaxaca es una de las más adelantadas que hay en el país. Esto es parte de las razones por las que, con toda dignidad, la diputación federal de Oaxaca votó en contra de la iniciativa que finalmente aprobó el Congreso. Las legislaturas locales tienen la facultad de revertir esa ley, que no refleja lo establecido en los acuerdos de San Andrés ni en la iniciativa de la Cocopa. Esta iniciativa debe convertirse en el factor principal de esto y no debe ser trastocada en ninguno de sus puntos.

"Las culturas indias se extienden en regiones que no corresponden a la división política de la República Mexicana, pero la marginación social, económica y política de que han sido objeto 'por muchos años' es una constante que dio origen al levantamiento zapatista en Chiapas, y a otros movimientos armados en otras entidades del país. Oaxaca no es la excepción".

--¿Qué opina de la respuesta zapatista a la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión?

--Así como se aprobó, la respuesta del EZLN fue la esperada. ¿Por qué tratar de imponerle a las culturas indígenas modelos extraños a sus usos y costumbres? Debemos atender sus demandas o, de otra manera, puede haber un colapso social de consecuencias incalculables. No les demos nuevamente la espalda. De aprobarse esta ley en los congresos locales significaría enviar un mensaje de no al diálogo. Se estaría mandando un mensaje equivocado a los grupos armados que buscan la vía de la violencia, al cerrarle el paso al único grupo que está privilegiando en este momento la vía del diálogo.

--La respuesta del EPR tampoco se dejó esperar...

--Te recuerdo que hace dos años, cuando tomé posesión como gobernador (1o. de diciembre de 1998), anuncié el diálogo con el EPR y oferté el diálogo con esta organización en dos ocasiones, y en dos ocasiones me mandaron decir, por vía de documentos (enviados) a los periódicos nacionales, que no aceptaban el diálogo.

"Entonces propuse la ley de amnistía, que ya está en funciones. La propuso José Murat, en mi calidad de jefe del Ejecutivo, al Congreso del estado, y con las bancadas de las distintas formaciones políticas que tienen espacio en él, la aprobaron por unanimidad.

"Y los presos del EPR, o como se llamen, porque ellos lo niegan, acepté ese derecho que tienen, lo aceptamos y precisamente por eso hicimos la ley de amnistía. En términos jurídicos, más de 60 están en libertad por el asunto de los delitos del fuero común; ahora falta la ley de amnistía del fuero federal. El que tiene la palabra es el señor Vicente Fox, y se lo digo con todo respeto para que se trabaje en esa dirección.

"Por otro lado, ha habido una especie de respuesta subliminal de estos grupos durante los dos años que hemos estado aquí. Nos han permitido trabajar en paz, de tal suerte que yo reconozco que ha habido una respuesta subliminal y este gobierno trata de trabajar en esa dirección sin distingo de ideología ni de credo religioso".

Ubicado como el tercer estado con municipios de más alta marginalidad en el país, las comunidades indias que habitan en Oaxaca presentan bajos niveles de salud, altos índices de mortalidad infantil, carencias en educación, vivienda, alimentación, agua potable y alcantarillado, a lo largo y ancho de sus siete regiones: Cuenca, Cañada, Sierra, Valles Centrales, Istmo, Costa y Mixteca.

En el estado viven tres millones de oxaqueños, en tanto que se estima en dos millones los originarios de esta entidad que viven fuera de su terruño. Se calcula que entre 500 mil y 700 mil viven en Ciudad Nezahualcóyotl, otros en el Distrito Federal y muchos más en el noroeste del país y en Estados Unidos. Hay por lo menos tres cabeceras municipales --Juxtlahuaca, Cuixtlahuaca y Huajuapan de León-- en los que los principales ingresos de sus habitantes provienen de los envíos de oaxaqueños que viven en la Unión Americana.

Zapotecos, mixtecos, triquis, zoques, huaves, chinantecos, cuicatecos y mazatecos, entre otras culturas indias, habitan en los municipios de Oaxaca. La marginalidad por estas tierras es una constante, pero algunos estudios documentan que en la Sierra Mixteca y en la Cañada, la miseria es más patente. Aquí se calcula en 700 pesos el ingreso anual por habitante. Es decir, poco menos de 20 centavos de dólar al día o, 58.3 pesos al mes.

Murat: "Todos hemos sido responsables de la situación en que se encuentran las etnias mexicanas. Es desafortunado que haya un racismo velado en nuestro país, y muchas veces abierto. Es un secreto a voces que los indígenas son objeto de discriminación por su piel oscura".

Precisa: "Tenemos que trabajar sociedad, partidos políticos y los tres niveles de gobierno para resarcir esta deuda histórica con los pueblos indígenas. De cuándo acá la clase política le teme a la autonomía indígena, cuando el reconocimiento pleno de los usos y costumbres de los pueblos indios constituye el paso indispensable para el fortalecimiento de la nación mexicana".

Apunta: "Quienes fragmentan y llevan al país a la balcanización son los grupos caciquiles que explotan y niegan el reconocimiento de iguales a los fundadores de estas tierras. La ley indígena que se aprobó tiene tintes clasistas y racistas, porque nuestra cultura todavía padece muchos resabios de los prejuicios que existen en contra de los indígenas. Es necesario acabar con el trato de menores de edad que les quiere dar a los indios".

Exhorta: "Hay formas de revertir esa ley aprobada después de que en el Congreso los indígenas rompieron el silencio que les fue impuesto por muchos años. Hoy es el turno de la clase gobernante para asumir su responsabilidad; no rehuyamos a ella".

Gobierno, sociedad y Poder Legislativo, fragmentados

El dictamen de la iniciativa de Ley de Derechos y Cultura Indígenas fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, en su calidad de cámara de origen. En la de diputados, como cámara revisora, contó con el voto mayoritario de las bancadas de PAN y PRI, principalmente. Los legisladores del PRD abandonaron la sesión luego de sufragar en contra.

La directiva perredista intenta salir al paso del voto encontrado entre los diputados y senadores de su partido. El presidente Vicente Fox se congratuló de que esta ley fuera aprobada, pero la responsable de la oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, la consideró insuficiente, e igual el gubernamental Instituto Nacional Indigenista. El EZLN la rechazó tajante. El Congreso Nacional Indígena se manifestó en contra y anunció movilizaciones.

"Ha fragmentado al gobierno, la sociedad y al Poder Legislativo", señala el gobernador Murat.

Y concluye: "Hoy todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica de reconocer los plenos derechos que tienen los hombres y las mujeres de los pueblos indígenas de México. Sus derechos históricos, sus derechos presentes y sus derechos de futuro, la plena ciudadanía. El derecho que tienen de hacer uso de forma clara de sus usos y costumbres. Tenemos que reconocer y asumir ese derecho que tienen".