Ť El petróleo de México, con valor agregado

La norteamericanización energética, viejo proyecto geoestratégico de EU

El ALCA es mucho más que una propuesta de liberalización económica. Se trata de la formulación de un pacto neocolonial que busca convertir a América Latina en una zona franca subordinada a los intereses estadunidenses, en la disputa por el poder mundial

CARLOS FAZIO

La más reciente versión de "turismo presidencial" interamericano, celebrada en Quebec, Canadá, terminó sin pena ni gloria. El dueño del circo, George Bush, fracasó en su intento por recorrer la fecha de lanzamiento del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) del 2005 al 2003, y la cita fue clausurada con una lacónica declaración que reproduce una gastada retórica sobre la democracia hueca y la defensa de los derechos humanos... de los capitalistas.

Del encuentro sobresalen dos cosas: el papel de comparsa desempeñado por el presidente Vicente Fox, que perfila a México como país satélite de Estados Unidos, en función de la expansión económica de las corporaciones trasnacionales en el subcontinente, y la llamada "norteamericanización de los mercados de energía", viejo proyecto geoestratégico al servicio de las necesidades de seguridad nacional del imperio.

El ALCA es mucho más que una propuesta de liberalización comercial.

Se trata de la formulación de un pacto neocolonial que busca convertir a América Latina en una zona franca subordinada a los intereses de las corporaciones estadunidenses, en la disputa interimperialista por el poder mundial que se libra en torno a tres megamercados: el del yen (bajo la hegemonía de Japón), el del marco (Alemania-Francia) y el del dólar (Estados Unidos).

La competencia entre los países industrializados por los mercados ?que exhibe rasgos similares a los que precedieron a la Primera Guerra Mundial? se combina con signos de recesión en Japón y Estados Unidos, a lo que se suma una nueva crisis energética en el socio mayor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En ese contexto, con su voz engolada y su rostro gesticulador, el diligente Fox --el "amigo" de Bush, quien lo llevó en su limusina y lo invitó a la Casa Blanca-- ha venido repitiendo como loro su discurso sobre la supuesta conveniencia (para "el pueblo de México", "las mexicanas y los mexicanos") de "norteamericanizar los mercados de energía" en el seno del TLCAN. En realidad es la voz del amo la que habla. El 20 de marzo, George W. Bush dijo en Washington que "el gas que se encuentre en México es hemisférico. Para beneficio de Estados Unidos y Canadá (...). Una buena política de energía es una que entienda que tenemos energía en nuestro hemisferio". Su ministro del ramo, Spencer Abraham, fue más claro: "el acceso a la energía es el cimiento de nuestra seguridad nacional".

Nada nuevo. La apetencia de Estados Unidos por los hidrocarburos mexicanos quedó asentada en documentos oficiales, en su mayoría confidenciales, desde mucho antes de que diera inicio la "globalización" económica.

La estrategia económica

En las últimas dos décadas, el proceso de "integración" de la América del Norte estuvo fundado en una estrategia económica dictada por los intereses corporativos y de seguridad nacional estadunidenses. Estos incluyen proyecciones globales de poder militar (a los que están adscritos en la etapa actual el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia), un servicio de inteligencia dedicado ahora al espionaje económico, tecnológico (con énfasis en la innovación de alta tecnología tanto militar como civil de sus competidores) y financiero, y presumiblemente el montaje de operaciones clandestinas en esas esferas que son tan estrechas que se les puede calificar de simbióticas.

El proceso de integración silenciosa y subordinada de México a Estados Unidos ha venido produciendo sinergias en aspectos tan delicados como el militar y el de seguridad. Como ha documentado el experto John Saxe-Fernández, el entusiasmo estadunidense por "continentalizar" la economía mexicana, es decir, someter las principales actividades económicas del país al dominio, control y administración de "sus" corporaciones petroleras, petroquímicas, gaseras, ferrocarrileras, eléctricas, portuarias, aeroportuarias, carreteras y de telecomunicaciones, coincide con los intentos prácticos de orden político-militar por mermar la soberanía de la Federación mexicana, uno de cuyos resultados notables ha sido la transformación del Ejército, que de defensor de la soberanía nacional pasó a desempeñar funciones de ejército de ocupación y policía interna.

La importancia estratégica del petróleo mexicano volvió al primer plano a raíz del embargo petrolero de la OPEP contra Estados Unidos, por su alineamiento junto a Israel durante la guerra de Yom Kippur (Día del perdón), en 1973. A partir de la guerra de Medio Oriente, que exhibió el grado de dependencia de Estados Unidos del petróleo árabe, México pasó a convertirse en un problema de seguridad nacional para la Casa Blanca y el Pentágono.

Ante la perspectiva de una nueva guerra petrolera, y luego de que el aparato de inteligencia y contrainteligencia estadunidense ?en particular a través de la estación de la CIA en México? logró saber que las reservas probadas mexicanas superaban 50 mil millones de barriles, cada barril de crudo nacional comenzó a tener un valor estratégico agregado y Washington empezó a presionar para "especializar" a México en la exportación de petróleo hacia su territorio.

Condicionalidad acreedora

Para impulsar la subordinación energética de México, Washington optó por una intervención no militar. Un eje de esa política fue la llamada condicionalidad acreedora, incluida en las cartas de intención firmadas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El uso de la deuda externa como arma fue combinado con una gama de "instrumentos no militares", como el espionaje telefónico y microfónico sobre la cúpula político-económica mexicana, corrupta o susceptible de corrupción, enredada, como ya estaba, en un entramado de vínculos ilícitos o criminales de lavado de dinero, tráfico de influencias y narcotráfico.

En poco tiempo la diplomacia de Washington --explotando las "vulnerabilidades individualizadas" del liderato mexicano-- logró estimular la producción de gas, petróleo y petroquímica, y vía la privatización y extranjerización de los complejos petroquímicos y del gas natural --que arrancó con la firma de la carta de intención formalizada con el FMI en 1982-- alcanzó su control por medio de empresas con casa matriz en Estados Unidos.

La idea de un mercado común norteamericano, preludio del TLCAN, fue lanzada en su campaña presidencial por Ronald Reagan. La base del proyecto era convertir a México en una especie de "reserva estratégica hemisférica", mediante la integración de las políticas energéticas y comerciales de Estados Unidos, Canadá y México.

En un informe elaborado por el Pentágono sobre geopolítica energética de Estados Unidos para el periodo 1976-2000, México, Canadá y Venezuela aparecen catalogados como proveedores "naturales" de las importaciones petroleras estadunidenses.

A partir de la administración Reagan, cuando se consumó de manera acelerada la creación de la Reserva Petrolera Estratégica de Estados Unidos, la idea de un mercomún del norte asoció los recursos energéticos mexicanos con la seguridad nacional de Washington. México se convirtió en una fuente hemisférica del suministro de hidrocarburos, alternativa a la del Golfo Pérsico; las importaciones de crudo mexicano alcanzaron la cifra récord de 875 mil barriles diarios en 1981 (25 por ciento de las compras petroleras totales de Estados Unidos).

En forma paralela se fueron diseñando las políticas "liberalizadoras" que llevarían, sucesivamente, de la integración silenciosa subordinada al "México Purchase" (una semana antes de la aprobación congresional del TLCAN en Estados Unidos, Al Gore explicitó el fondo del tratado al compararlo con la compra de Louisiana y Alaska) y, finalmente, al "país maquilador", antesala de una "república bananera".

Según fuentes de la conservadora Heritage Foundation, Carlos Salinas de Gortari fue "persuadido" por George Bush (padre) sobre las bondades del Tratado de Libre Comercio, promovido a través de la oferta de una narcoamnistía.

En agosto de 1993, durante su ceremonia de juramentación en Washington como embajador en México, James Jones definió al TLCAN como "la más importante medida geopolítica" de Estados Unidos. La concepción de establecer una zona de "exclusividad geopolítica", plasmada luego en la Iniciativa de las Américas de Bush padre, fue precozmente concebida por Jefferson, Madison y Monroe, y ha sido un rasgo permanente de la "geografía política" de Washington para el hemisferio occidental.

Pese a las presiones del presidente Bush, quien ofreció novedosas fórmulas de "explotación conjunta" de hidrocarburos, así como "alquilar" o "almacenar" crudo de Pemex en las colosales cavernas de Estados Unidos, Salinas decidió no incluir la cuestión energética en el TLCAN.

Poder de convencimiento

Hoy, George W. Bush --ligado como su progenitor a la industria petrolera, igual que el vicepresidente Dick Cheney-- parece haber convencido al dócil Fox de incluir el petróleo, el gas natural y la electricidad en el TLCAN, pese a la oposición inicial de Canadá. Para salvar la apariencia "inventaron" la fórmula de "norteamericanizar los mercados de energía" o de una "política energética continental" en el marco del ALCA. Bush quiere acceso irrestricto a las reservas de hidrocarburos mexicanos para no ser prisionero de la OPEP, objetivo que no es compartido necesariamente --¡cosas del capitalismo!-- por los monopolios petroleros, que han convertido la "crisis energética" en un gran negocio. En el año 2000, la Exxon Mobil Corporation escaló al primer lugar de las empresas más ricas del mundo de Fortune 500, seguida de cerca por Texaco y Chevron, próximas a fusionarse.

A la caza de Pemex

El 17 de febrero, en San Diego, George Baker, directivo de la firma estadunidense Mexico Energy Intelligence, dijo que Bush podría ofrecer fondos a México para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del mundo. Con indisimulado cinismo aclaró que, "por supuesto, esa tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que no corresponde plantear al presidente Bush porque surgirían diferentes problemas". A su vez, el vicepresidente Cheney, quien fue ejecutivo de la compañía de energía Halliburton, dijo que México debe generar más gas natural para exportarlo a Estados Unidos.

La danza de presiones no ha cesado. Sin mucha sutileza, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Thomas Donohue, exigió aquí a Fox y al Congreso mexicano "abandonar obsoletas preocupaciones" sobre los impactos en la "soberanía" que pudieran ocasionar inversiones privadas estadunidenses en el sector energético (16 de marzo). Amenazó que si no, los capitales "se van a ir a otro lado". Desde entonces Fox no se ha cansado de repetir que México "es la mejor inversión, el mejor rendimiento para la inversión en el mundo". Al propio Donohue le dijo que su función como gobernante "es asegurar que ustedes tengan éxito. No estorbar, porque sabemos bien que los empleos, el desarrollo económico, el crecimiento, la generación de riqueza la hacen ustedes, que han invertido en el país". Con el México del "cambio", la Casa Blanca ya tiene un yes man en Los Pinos.