DOMINGO Ť 6 Ť MAYO Ť 2001
Ť Debe eliminarse la sindicalización única, advierte Alfredo Farid Barquet
Rebasada, la ley que rige a trabajadores del Estado: TFCA
FABIOLA MARTINEZ
La ley que rige a los trabajadores al servicio del Estado es un marco jurídico "rebasado", por lo que es necesaria una reforma que adecue esta normatividad a los nuevos tiempos, señaló Alfredo Farid Barquet Rodríguez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).
Precisó que el eventual cambio, cuyo proceso es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, deberá eliminar la sindicalización única, es decir, el mandato actual que limita la existencia de más de un sindicato por dependencia del gobierno federal, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado que tal concepto es anticonstitucional.
También sería necesario definir el ámbito de competencia para medio centenar de organismos públicos descentralizados que actualmente, salvo excepciones, se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.
En entrevista con este diario, Barquet Rodríguez ofrece una visión completamente distinta a la que sostuvieron sus antecesores en el cargo, en particular Pedro Ojeda Paullada, presidente del tribunal en el sexenio de Ernesto Zedillo, quien defendió a ultranza los términos actuales de la ley burocrática, así como la "necesaria" división entre los derechos de los empleados públicos y aquellos que se rigen por contrato colectivo.
Al interior, agregó, urgen cambios para aumentar la capacidad de este tribunal y reducir los tiempos en la emisión de sus resolutivos, pero, sobre todo, impedir que permanezcan prácticamente impunes los desacatos hacia el TFCA.
Por ejemplo, si una dependencia del gobierno federal se niega a dar cumplimento a un mandato, se hace acreedora a una multa, sólo que tal castigo es de un peso, por la sencilla razón de que la ley burocrática para este caso aún está registrada en "viejos pesos".
Uno de los retos en el corto plazo, señala Barquet, es "profundizar en la autonomía administrativa" de este tribunal, que actualmente gravita en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, lo que en ocasiones impide actuar con la fluidez que se requiere.
Sin embargo, aclara que a diferencia del exceso de trabajo y expedientes en trámite que existen en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje -órgano que presidió por cuatro años-, en el TFCA "la carga de trabajo puede ser razonablemente desahogada".
De acuerdo con información interna de este tribunal, existen 7 mil 746 expedientes en activo, de los que cerca de 50 por ciento se refieren a demandas por reinstalación, 2 mil por pago de prestaciones (vacaciones y horas extras) y el resto se refiere a indemnización, designación de beneficiarios, nivelación de pensión y autorización de cese.
Cuando un empleado o sindicato deposita una demanda, el caso es valorado por magistrados; uno nombrado por el gobierno, otro por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y uno más electo por las dos instancias mencionadas, por lo que en diversos conflictos los quejosos han manifestado que no existe la imparcialidad necesaria para la resolución de los casos.
Al respecto, afirmó que al llegar a la presidencia del TFCA, invitado por el secretario de Gobernación, encontró un tribunal cuyo pleno "es muy deliberativo ...la FSTSE ya se salió del PRI, y aquí la única consigna es actuar en el marco de la ley con pleno respeto a las partes", dijo.
En tanto, diversos especialistas en la materia y abogados laborales han señalado que la ley burocrática excluye a los empleados públicos en derechos básicos como libre sindicalización o uso de la huelga.
En este último punto, el artículo 94 de esta normatividad señala que los trabajadores podrán hacer uso de ese derecho sólo "cuando se violen de manera general y sistemática" los derechos que consagra el apartado B del artículo 123 constitucional.
Barquet Rodríguez se pronuncia en favor de una reforma a los artículos 68 y 75 -sólo por mencionar algunos- para que proceda la existencia de más de un sindicato por dependencia y se permita la relección de los dirigentes.
"La actual ley es un esquema laboral rebasado y que sólo ha reportado avances con base en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)".
Explica que como presidente de un tribunal debe acatar la ley en los términos actuales, sin embargo, "hay problemas y asignaciones pendientes" que se ven entorpecidos por algunos preceptos derivados de un marco legal rígido.
Por ello, sindicatos como el de Controladores de Tránsito Aéreo han recurrido al beneficio de un dictamen que derivó en jurisprudencia de la SCJN como la única alternativa para integrar un gremio independiente. Respecto a los últimos dictámenes de la Corte, Barquet sostuvo que no cuestionará tales resoluciones porque "se actuó con principios universales en favor del derecho de asociación".
Del ámbito de su competencia, es decir, la ley que rige a 2 millones de empleados públicos en el país, dejó en claro que él "no haría una defensa del apartado B en toda su dimensión, porque definitivamente sí es necesaria una reforma".