Ť Presentará Fox proyectos de seguridad nacional, transparencia informativa e inteligencia

Se establecerá nuevo marco jurídico en materia de información gubernamental

Ť Prevé aplicar candados legales que impidan su uso particular o para fines políticos

JESUS ARANDA

El presidente Vicente Fox presentará en fecha próxima tres proyectos de ley en materia de seguridad nacional, transparencia informativa y de inteligencia, que tendrán como eje rector el establecimiento de un marco jurídico nuevo en la materia, la regulación del procesamiento de la información y archivos gubernamentales y el establecimiento de candados legales que impidan el uso particular o para fines políticos de la información o datos en poder de los órganos responsables del Estado.

Fuentes oficiales de primer nivel adelantaron lo anterior a La Jornada y agregaron que en la iniciativa sobre los órganos de inteligencia, el Ejecutivo federal planteará por primera vez una regulación estricta sobre las atribuciones y limitaciones no sólo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sino también de los órganos de inteligencia de la Defensa Nacional, de Marina, la Policía Federal Preventiva y de la Procuraduría General de la República.

Por definir, la participación del Congreso y la sociedad

Como un hecho novedoso en la historia del país, el proyecto presidencial propondrá que los órganos de información del Estado sean ''sometidos a control'', por órganos de fiscalización tanto internos como externos.

Empero, aún no hay consenso sobre la participación concreta que tendrán el Congreso de la Unión y la sociedad civil.

Según los funcionarios consultados, deberá definirse un procedimiento de control ''flexible'', porque tampoco se puede llegar al absurdo de ''paralizar'' al país por la falta de consenso en la materia.

Las iniciativas referidas coinciden también en reconocer ''el uso legítimo de la fuerza del Estado para combatir a los enemigos sociales''. Los cuales no son ?subrayaron? ni los partidos políticos ni las organizaciones sociales ni los disidentes que actúan pacífica y legalmente en el país.

Aquí, los funcionarios dejaron en claro que un aspecto fundamental de la legislación es la de establecer candados para evitar el mal uso de la información, o para que ésta sea utilizada de manera personal o partidista, tal como se usó hasta antes del arribo de Fox al poder, aseguraron.

Asimismo, se indicó que el Ejecutivo federal ''ya tiene en sus manos'' un diagnóstico de la forma en que se encontraba el Cisen hasta antes del primero de diciembre pasado, así como varias propuestas sobre el futuro de este órgano de inteligencia; en este sentido, los informantes reconocieron que aún no hay consenso sobre la futura ubicación del organismo, por lo que podría permanecer en la Secretaría de Gobernación o pasar a otra dependencia federal.

La idea es que el Cisen centre su labor en estar atento a ''actos de violencia potencial vinculados con movimientos sociales'', mientras que los otros órganos de información e inteligencia se ocupen de la ''mayor preocupación'' que tiene el gobierno de Vicente Fox en la actualidad, que es combatir la falta de seguridad, la violencia, la criminalidad organizada y el narcotráfico.

Se mantendrá también un esquema de información, independendiente de cada una de las instancias federales; es decir, la idea es ''no concentrar toda la información en unas manos''. No sólo para cruzar los datos e información de cada órgano de inteligencia, sino porque también es ''conveniente'' para el Estado mantener fuentes alternas de información, comentaron.

Es decir, cada órgano de inteligencia ?Cisen y las secciones especializadas de la Defensa, Marina, Seguridad Pública y PGR? mantendrá su propia estructura, pero con la novedad de que se buscará una mayor complementación y capacidad de trabajo coordinado.

La idea es acabar con cotos de poder, es decir, se establecerá en la nueva legislación la obligación de cada dependencia de entregar al Consejo de Seguridad Nacional la información requerida, porque de ahí se marcarán las pautas en lo que a seguridad nacional se refiere.

La legislación precisará también lo que se entiende por información ''secreta, confidencial'', etcétera, así como la forma en que dicha información puede o no ser conocida y ''por quién''.

En materia de archivos, se establecerán también plazos concretos para que una información oficial ?que no tenga que ver con la vida privada, que no viole el derecho bancario o que no presuma un riesgo para la seguridad nacional? sea hecha pública.

Respecto a la información concreta contenida en el IPAB, los funcionarios señalaron que este caso constituye un ejemplo en el que se conjugan aspectos como la privacidad de las personas y el secreto bancario, que impiden hacer pública su documentación. La obligación del Estado de hacer pública información partirá de que sea generada por los propios órganos de gobierno y no por particulares.

En todo caso, los archivos oficiales podrán ser desclasificados en 20, 30 y hasta 50 años, dependiendo del tipo de información de que se trate, señalaron.

Cuando se trató el tema del movimiento estudiantil de 1968 y la apertura de los archivos respectivos ?que ha sido una demanda de la sociedad desde hace años?, los funcionarios reconocieron que, de acuerdo con la documentación que han tenido oportunidad de analizar al respecto, existen lagunas en los archivos, lo que hace suponer que ''se perdieron'' o ''desaparecieron'' parte de los mismos. 

Archivos incómodos

Sin embargo, precisaron que sería muy aventurado adelantar un diagnóstico sobre los archivos disponibles --tanto del 68 como de temas vinculados con la corrupción de sexenios anteriores--, en tanto no se tenga conocimiento completo de todo el material disponible. En su momento, se dijo, el gobierno federal fijará una posición sobre los archivos que le interesen a la sociedad y las posibilidades reales de avanzar en la búsqueda de la verdad, ''porque no nos vamos a empantanar en el pasado con agravios y heridas irreparables'', y ''tampoco se trata de engañar a nadie'', comentaron.

Por otra parte, en lo que se refiere a la legislación sobre seguridad nacional, por primera vez el país contará con algo semejante, a diferencia del criterio que privó en México sobre el tema a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se establecerá en términos generales que la seguridad nacional no es más que la búsqueda del bien común para toda la sociedad.

Esto es, el concepto de seguridad nacional no tendrá un corte militarista o policiaco, sino aspectos como el medio ambiente, la lucha contra la pobreza, la inmoderada tala forestal, la creciente falta de agua y otros temas que tengan un impacto directo para la sociedad.

La idea es que todos los órganos de información e inteligencia del Estado informen y entreguen un diagnóstico al Consejo de Seguridad Nacional, que encabeza actualmente Adolfo Aguilar Zinser, para que a partir de ahí se elaboren políticas de prevención e información en las que se tendrán que involucrar necesariamente las secretarías de Estado directamente relacionadas, pero también las que el Consejo de Seguridad Nacional establezca de manera coordinada con los representantes de las dependencias estatales.

Según los funcionarios consultados, estos proyectos se harán públicos en fecha próxima, para después dar paso a una discusión pública y abierta sobre los mismos; ello con la idea de que el Ejecutivo federal presente al Congreso de la Unión, a más tardar en septiembre próximo, su proyecto con las tres leyes, aunque podrían ser dos, en caso de que la relativa a inteligencia se decida incluirla en la de seguridad nacional.