lunes Ť 7 Ť mayo Ť 2001
Elba Esther Gordillo
Señales encontradas
La aprobación que hiciera el Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas perfila un escenario complejo de señales encontradas.
Es cierto, se aprobó llevar a nuestra ley fundamental los derechos de los pueblos indígenas y se estableció un apartado B que se propone comprometer al Estado a asegurar el acceso de los indígenas a los servicios de salud, alimentación, educación y vivienda, pero no puede perderse de vista que en este caso singular, más allá del Constituyente permanente, está un referente ineludible: el EZLN (con el Congreso Nacional Indígena, académicos, estudiosos y muchos otros actores colectivos e individuales) y lo que esto significa: la aprobación de la iniciativa de la Cocopa como una de las tres condiciones para regresar a la mesa de negociaciones.
No se trataba, en consecuencia, de aprobar cualquier iniciativa, sino de contribuir a que la reforma constitucional lograra el acuerdo del EZLN.
La reforma incorporó, ciertamente, elementos de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y de la iniciativa de la Cocopa, pero excluyó aspectos torales, significativamente el reconocimiento de los territorios indígenas, el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales y la posibilidad de asociación de comunidades y municipios indígenas. Otro argumento no menor para cuestionar la reforma es la remisión a las legislaturas estatales del reconocimiento a los pueblos indios.
Nada garantiza que las legislaturas de los estados (con sus propias visiones y con distintas correlaciones de fuerzas) formalizarán, ni de qué forma, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en sus Constituciones y leyes, y entonces podríamos estar ante un derecho acotado en unos casos o, en el extremo, inexistente en otros.
Por otro lado, los pueblos indígenas tienen una geografía distinta que, en ocasiones, rebasa los límites de municipios e, incluso, de entidades federativas; entonces, "el pueblo mixteco, que cuenta con 179 municipios, 156 en Oaxaca, 13 en Guerrero y diez en Puebla, tendrá 179 posibles formas de ejercicio de la autonomía y puede ocurrir que, como cada estado legislará las características de la autonomía, a unos se les reconocerán derechos, que a otros no, pero en ningún caso las comunidades que formen parte de ellos podrán actuar por sí mismas". (Francisco López Bárcenas, La Jornada, 26 de abril de 2001).
El EZLN ha demostrado que tiene la voluntad de alcanzar la paz. Las bases zapatistas, las comunidades en la zona del conflicto, están agotadas por los impactos de la larga permanencia del conflicto y exigen a la comandancia que alcance un acuerdo, pero no cualquier acuerdo; los zapatistas han hablado, desde siempre, de dos adjetivos para la paz: "digna y justa", y entienden que ésta presupone una reforma constitucional que recoja esencialmente la iniciativa de la Cocopa, no una que la reduzca.
Por eso, la severa reacción de la comandancia zapatista introduce un elemento de perturbación al escenario político. En su visión, "la reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México...". Más aun, traiciona la iniciativa de la Cocopa "en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros".
La propia Presidencia de la República, en un comunicado oficial leído por Xóchitl Gálvez el pasado lunes en Los Pinos, sostiene: "La reforma constitucional aprobada retoma algunos de los conceptos de la propia iniciativa presidencial. Sin embargo, deja a un lado otros en los cuales deberán buscarse las vías políticas para lograr los avances respectivos. Sin duda se requiere profundizar en aspectos centrales, como la autonomía y libre determinación, los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, el uso de los recursos naturales como tierras y territorios, por citar algunos".
Es previsible que en los próximos días la reforma logre la aprobación de la mitad más uno de las legislaturas de los estados y que una vez promulgada alcance rango constitucional. Sin embargo, en los Altos de Chiapas permanecerá esa extraña condición de "no guerra" que desde hace siete años genera severos desarreglos.
Hacia adelante se abren varios escenarios: la posibilidad de avanzar y profundizar en los derechos a través de las Constituciones de los estados, pero es previsible que esta vía no satisfaga a los pueblos indios, que exigen llevar a la Carta Magna los derechos y la cultura indígenas. Otra opción sería reconocer que, a pesar de los avances ciertos de la reforma constitucional, que tampoco pueden negarse, se dejaron fuera cuestiones torales, y trabajar de inmediato por una nueva iniciativa que los incluya.
La sensibilidad y la inteligencia política de los principales actores, dentro y fuera del Congreso de la Unión, deben permitir hacer una lectura correcta del clima social que generó la reforma.