lunes Ť 7 Ť mayo Ť 2001
Iván Restrepo
De tortugas, sobornos y complicidades
Opiniones encontradas causó la resolución del Instituto Nacional de Ecología (INE) que declara nula la autorización ambiental para construir varios hoteles en las bahías de Xcacel e Ixacelito, en la costa de Quintana Roo. Se trata de un negocio cuyo socio principal es el grupo español Meliá. Dicha autorización fue dada por el INE casi al finalizar el sexenio anterior y siempre se sospechó que favorecía al gran capital político y económico.
El municipio de Solidaridad, al que pertenecen Xcacel e Ixacelito, así como varias agrupaciones ecologistas se inconformaron e interpusieron los recursos de ley procedentes. La oposición a construir en esas áreas es antigua y tiene sólidas bases.
En primer término, sus playas son las de mayor densidad de anidación de las tortugas blanca y caguama, protegidas por ley. Las que desovan allí cada año muestran características genéticas únicas entre todas las que existen en el Océano Atlántico. Son, pues, un tesoro científico cuya presencia debe garantizarse.
Hay otros valiosos recursos naturales. Por ejemplo, las dunas, muy importantes para evitar la erosión de las playas; los frágiles manglares, de los ecosistemas más productivos del planeta. Por eso los protege la legislación mexicana. Luego está la selva baja, que alberga unas 300 plantas diferentes. Entre ellas destacan dos palmas protegidas legalmente porque están amenazadas: la kuka y la chit, muy utilizadas ahora en las construcciones turísticas de la zona. Algunos ejemplares llegan a tener más de cien años de vida.
Finalmente, la experiencia muestra que una vez que las autoridades fijan numerosas condiciones para que un hotel no altere el medio, sus dueños las ignoran y destruyen manglares, tulares, selva baja y ocupan las playas de anidación de tortugas. Eso hizo el Bahía Príncipe, un ejemplo entre muchos en Quintana Roo. Por eso nadie creyó el compromiso de quienes compraron 164 hectáreas en Xcacel e Ixcacelito de afectar apenas 24 y cuidar al máximo el entorno natural.
Ellos sabían de la oposición a levantar hoteles y servicios conexos en ambas áreas. No obstante, quien realizó la venta en 1997, el ex gobernador Mario Villanueva, les garantizó que no tendrían problemas. Mas la protesta nacional e internacional fue tal que Villanueva inventó a las volandas un Santuario de la Tortuga Marina, de cien metros de franja costera para garantizar el arribo de los quelonios. Este intento por calmar la inconformidad, y la decisión de Meliá y sus socios de construir a toda costa, reafirmaron la creencia de que en dicha compraventa hubo jugosa comisión para el ex gobernador y que las autoridades ambientales federales avalaron dicho negocio.
Ahora con la declaración de nulidad expedida por el INE habrá tres meses para efectuar una consulta pública y escuchar el parecer de las autoridades locales, los expertos y los grupos ciudadanos. Luego, el INE emitirá su resolución final.
Es importante señalar que esta dependencia ha dicho que no se opone al desarrollo turístico en ninguna parte del país, pero sí a que dicha actividad cause más daños al ambiente y a los recursos naturales.
La aclaración es importante porque, como anotamos al inicio, la declaratoria de nulidad originó reacciones diversas. Mientras Meliá y demás compradores guardan silencio, los poderosos grupos empresariales que lucran con el crecimiento turístico anárquico en Quintana Roo afirman que esa medida desalienta la inversión.
Grupos científicos y ambientalistas, centros de investigación, empresarios, comerciantes y ciudadanos, que no desean más depredación y problemas sociales, aplauden la medida. También el presidente municipal de Solidaridad, Miguel Martín Azueta.
La actitud de este funcionario es muy comentada, pues su gestión es calificada de corrupta. Identificado con Villanueva, sostiene que Meliá le ofreció un millón de dólares por aceptar los hoteles en Xcacel e Ixacelito. Mas se cuidó de denunciar el intento de soborno.
El influyente despacho de abogados que llevaba los asuntos del consorcio español asegura que se trata de calumnias y difamaciones y que desconocen de quién aprendió Martín Azueta "esos métodos siniestros y kafkianos". Y agrega que la postura "ecologista" del edil tiene fines políticos y busca desviar la atención de otros problemas que no ha podido resolver en Solidaridad. El, por su parte, no hizo ninguna denuncia por difamación.
Hoy precisamente dan inicio los trabajos para organizar las consultas públicas que permitirán al INE tomar una decisión respaldada en argumentos científicos y no en los, a veces, inconfesables de la corrupción y la complicidad. No será tarea fácil, pues se conoce el poder de los grandes empresarios, sus ligas políticas y la simpatía de un gobernador, cuya misión parece ser dejar hacer, dejar pasar, si hay negocios y corruptelas.