LUNES Ť 7 Ť MAYO Ť 2001
Ť Presentaron análisis legal de las implicaciones que tendría el cierre del aeropuerto
Concesionarios del AICM demandarán en caso de cancelarse sus contratos con anticipación
Ť El juicio podría frenar la construcción de una nueva terminal; exigirán cobertura de gastos
PATRICIA MUÑOZ RIOS
Si por el cierre definitivo del aeropuerto de la ciudad de México y la apertura de una nueva terminal el gobierno federal diera por terminados en forma anticipada los contratos de concesión que otorgó en las actuales instalaciones, los principales concesionarios iniciarían un juicio legal para que se les cubran los gastos, costos e inversión no recuperable.
Un análisis legal de las implicaciones del cierre del actual aeropuerto -cuya copia fue entregada a La Jornada- revela lo anterior y establece que este juicio incluso podría frenar la construcción de una nueva terminal hasta que se resolviera la situación legal de los concesionarios.
La Secretaría de la Contraloría y el Comité Ejecutivo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibieron ya este primer informe elaborado por el despacho Gómez Espiñeira, con el apoyo de abogados independientes, en el que se plantea la opinión jurídica sobre las operaciones que pactó Aeropuertos y Servicios Auxiliares con la Inmobiliaria Fumisa, su principal concesionaria.
En este documento se establece que ASA concesionó a Fumisa una superficie de 18 mil 900 metros cuadrados del aeropuerto para construir un edificio de estacionamiento, locales de oficinas y comerciales, restaurantes hasta el año 2013, a cambio de que esta empresa llevara a cabo una serie de obras de construcción y remodelación de salas de espera, áreas de documentación, vialidades, estacionamientos, etcétera.
Es decir, ASA pactó que Fumisa construiría 3 mil 500 metros cuadrados correspondientes al área de documentación de pasajeros, siete módulos de documentación y otros 2 mil metros cuadrados de salones de atención especial a pasajeros, así como 4 mil 500 metros en la ampliación de salas de última espera y mil 200 metros de remodelación de estas mismas salas. A cambio se le concedía a esta empresa el arrendamiento y usufructo de locales, oficinas, un hotel y zona comercial.
Por ello, ante el posible cierre del actual aeropuerto, los abogados de esta empresa señalan que si se ''muda'' toda la terminal, el gobierno tendrá que pagar a Fumisa los gastos, costos e inversión no recuperables, es decir, una indemnización cuyo monto se deberá determinar en un juicio, así como las ganancias que dejó de percibir esta empresa.
Esto es porque ''en caso de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México decidiera rescindir los contratos celebrados con Fumisa, tendría que demostrar previo juicio la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Lo anterior representa un riesgo de juicio, los gastos que el mismo origine y el paro de las obras de construcción por tiempo indefinido, lo cual no es recomendable'', puntualiza el documento.