LUNES Ť 7 Ť MAYO Ť 2001

Ť Asistirá México a la sexta Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas y Magistrados

Urge actualizar evaluación de juzgados y tribunales: Barquín Alvarez, del CJF

Ť En la reunión de Santa Cruz de Tenerife propondrá que se les califique mediante puntajes

Ť La supervisión que efectúan visitadores del Consejo "es todavía un sistema parcial", admite

CAROLINA GOMEZ MENA

Si el Poder Judicial Federal mexicano contara con un método de evaluación de jueces y magistrados "moderno, actualizado, eficiente", y operado bajo "estándares internacionales", no sólo se optimizaría la asignación de recursos financieros y humanos con que cuenta, sino que también ello se traduciría en una mejor administración de las promociones de juzgadores, o en su caso, de las eventuales sanciones a que se hagan acreedores.

Al respecto, Manuel Barquín Alvarez, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y presidente de la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación de este órgano, consideró que en lo relativo a la supervisión o inspección de juzgados y tribunales que llevan a cabo los visitadores --quienes tienen por objetivo verificar que el desempeño del personal que labora en estos órganos (incluido el juez o magistrado) se apegue a derecho y a las normas éticas de la profesión-- es todavía "un sistema parcial", pues "hay una serie de aspectos que escapan, que no pueden ser capturados por este esquema de visitas".

La estrategia, rebasada por el crecimiento del Poder Judicial

A raíz de ello, Barquín Alvarez remarcó en entrevista la urgencia de que en México se actualice el sistema de evaluación que em- plea el CJF, pues a decir del consejero, esta estrategia ha sido superada ampliamente por el crecimiento que ha tenido el Poder Judicial, especialmente en los últimos 50 años, por lo que "se requiere de un nuevo esquema que corresponda a la actual macro-organización".

Esta debilidad no es privativa del sistema judicial nacional; también la padece la mayoría de las naciones de Iberoamérica, es por ello que durante la sexta Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Magistrados, que se llevará a cabo del 23 al 25 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, España, una de las prioridades será trabajar en el establecimiento de recomendaciones para optimizar las evaluaciones, sin que ello signifique una intromisión en las soberanías nacionales.

Según Barquín Alvarez, es conveniente darle un toque más actual al método de evaluación, ya que el que ahora se utiliza "es un sistema heredado desde la época en que el Poder Judicial era muy reducido, en el que la cantidad de jueces y magistrados era menor". Tanto es así que tan sólo "desde los años cincuenta hasta ahora ha tenido un crecimiento de 800 por ciento".

En torno a esto, Enrique Sánchez Bringas, también consejero e integrante de la Comisión de Disciplina, indicó que aunque en el CJF "no somos la inquisición, sí tenemos la obligación de vigilar, y en su caso sancionar, a juzgadores" que se alejen del perfil deseado, o bien que incurran en actos de corrupción.

Según Sánchez Bringas, quien también forma parte de la comisión que preside Barquín Alvarez, "99 por ciento de los juzgadores, secretarios y personal" en general de los órganos judiciales federales es "gente honesta". No obstante, refirió: "a veces se dan rumores muy aislados" de que juzgadores federales incurrieron en corrupción.

A causa de ello, la comisión de disciplina ha recibido durante el último año y medio dos denuncias anónimas en las que se establecía que juzgadores habían recibido dinero para modificar la dirección de sus fallos.

En relación con ello, el consejero relató que personalmente envió a investigar a uno de los jueces señalados, pero que afortunadamente "todo era mentira", pues los ranchos que supuestamente el impartidor de justicia había adquirido producto del dinero mal habido no existían.

Es para evitar esas tentaciones --comentó-- que se hacen evaluaciones periódicas del patrimonio de jueces y magistrados, y los jueces devengan sueldos "dignos; ganan más de 80 mil pesos al mes, y los magistrados andan por los 100 mil".

Sin embargo, admitió, algunos impartidores de justicia sí son seducidos por el dinero, particularmente los "jueces de primera instancia de los estados, que ganan ocho mil pesos al mes y a veces tienen que resolver asuntos de millones de pesos, entonces, es lógico que tengan esas tentaciones". Por lo anterior, sostuvo el consejero, "en medio año el CJF cesó a tres defensores públicos".

El problema de la corrupción tampoco está superado

Para Barquín Alvarez, el problema de la corrupción tampoco está superado, aunque tal y como lo menciona Bringas, asegura que el fenómeno no es tan generalizado, al menos en la justicia federal, como la población cree.

"No podemos descartarla en ningún ámbito, porque cerrar los ojos a la posibilidad es cerrar la oportunidad a verificar los reportes, por eso la CJF está abierta a las quejas de litigantes y público en general, pero a las denuncias con pruebas".

Puesto que el CJF no tiene atribuciones de Ministerio Público, sólo puede castigar a los juzgadores de manera interna y únicamente por su responsabilidad administrativa, por lo que las sanciones van desde apercibimientos, amonestaciones, multas, suspensiones o destitución del cargo hasta la inhabilitación.

Para indagar acerca de las actuaciones de los juzgadores el CJF también recurre a las barras y asociaciones de abogados a lo largo del país para que estos les den informes de las actuaciones de jueces y magistrados, y como resultado de estas juntas ha salido a relucir que más que solicitar dinero extra, estos funcionarios caen en "faltas en relaciones humanas".

"El juez es ríspido, por lo que a veces se han dado fenómenos de maltrato al personal y al público, lo que ha generado sanciones e incluso el que sean enviados a que tomen cursos de relaciones humanas, y se les llama al pleno del CJF para hacerles la observación", narró.

Analizarán 22 naciones métodos para fortalecer la supervisión

En cuanto a la sexta Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Magistrados, Barquín Alvarez dijo que las 22 naciones participantes analizaran diversos métodos para fortalecer las evaluaciones, y que México llevaría la propuesta de diseñar un sistema de puntajes para calificar a los impartidores de justicia de acuerdo con la complejidad de su trabajo y la cantidad de juicios que conozcan en un año.

Asimismo deslizó --a modo de opinión personal-- la pertinencia de que se instaure un sistema de estímulos para quienes deban enfrentar situaciones extraordinarias (excesivas cargas o condiciones difíciles de trabajo, por ejemplo).

Cabe mencionar que los sistemas de evaluación también tienen como finalidad determinar si los jueces y magistrados deben ser o no ratificados en sus cargos al cabo de los seis años que dura su gestión como tales, así como las promociones y ser el sustento para enfrentar posibles procesos administrativos, ya que la trayectoria y los antecedentes son elementos de gran valor a la hora de decidir una amonestación.