El informe de la Secretaría de Hacienda sobre las poco halagüeñas perspectivas económicas, y en particular sobre el crecimiento del desempleo en el país, deben dar lugar a una reflexión sobre las maneras para enfrentar las tendencias recesivas internacionales --estadunidenses, principalmente--, así como sobre la forma como el actual gobierno habrá de distribuir los costos de esta nueva etapa crítica de la economía. 

El hecho de que --como consecuencia de la desaceleración económica en el país-- 96 mil personas se quedaron sin trabajo en los primeros tres meses de este año, debiera suscitar un reajuste de los programas y políticas sociales en curso, a fin de atender a estos damnificados de la crisis y a los que habrán de sumárseles, si las tendencias recesivas se mantienen, en los meses próximos. 

Más allá de este dato puntual, es claro que millones de mexicanos, especialmente asalariados, campesinos y sobrevivientes de la economía informal, se verán afectados en su nivel de vida y en sus expectativas por la desaceleración en curso. La forma en que las autoridades respondan a esta parte de su población indicará a cuánta distancia política e ideológica se encuentran de la insensibilidad y la arrogancia tecnocráticas que imperaron durante los últimos tres gobiernos priístas, en los cuales la sobrevivencia de la sociedad y de sus elementos fue supeditada a los intereses del capital financiero nacional e internacional. 

Cabe esperar, desde esta perspectiva, que el vuelco democrático protagonizado por la sociedad el 2 de julio del año pasado se traduzca en actitudes económicas, políticas, sociales e informativas más sensibles e inteligentes por parte del actual gobierno, y que los costos inevitables de la crisis en curso se distribuyan, esta vez, de manera menos injusta; que no se distorsione, desde el poder, el panorama real de la economía --como lo hicieron de manera sistemática los neoliberales priístas-- y que se atienda el sentir de la sociedad en el diseño de las estrategias para enfrentar la desaceleración. 

Un paso concreto en esta vía sería una reformulación acorde con las nuevas circunstancias de la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo, y que diera al gobierno, de cara a los tiempos difíciles que vienen, un mecanismo realmente eficaz de redistribución y protección a los más pobres.