MIERCOLES Ť 9 Ť MAYO Ť 2001

Alejandro Anaya Muñoz

Gobierno de las mayorías y pueblos indígenas

La gran diversidad de intereses característica de cualquier Estado contemporáneo hace extremadamente difícil, y en las más de las veces imposible, el que los órganos estatales de toma de decisiones operen bajo el principio del consenso. Así, una de las reglas centrales del "juego democrático" es el principio del "gobierno de la mayoría". Las minorías, por su parte, tienen la libertad de debatir con la mayoría e intentar influir en sus decisiones. Sin embargo, siendo que en numerosas ocasiones dicha libertad es, en términos prácticos, poco efectiva, el único remedio con que las minorías suelen contar es "el mañana"; la oportunidad de convencer a los votantes de las "bondades" de su programa político, y de su mayor capacidad para gobernar, esperando alterar su situación de minoría mediante el siguiente proceso electoral. Así, las minorías de hoy aceptan la derrota con la esperanza de ser la mayoría del mañana.

Esto es cierto para las minorías políticas. Sin embargo, para otro tipo de minorías, como las étnicas, la historia es diferente. La "esperanza del mañana" puede simplemente no existir. De entrada, éste pareciera ser el caso de los pueblos indígenas de nuestro país, los cuales difícilmente podrían aspirar a algún día superar numéricamente a la población no indígena, y pasar a ser mayoría. Pareciera, entonces, que las reglas actuales del "juego democrático" dejaran sin remedio efectivo a los pueblos indígenas de México, cuya condición minoritaria los condenaría a una perpetua sujeción a las imposiciones de la mayoría no indígena. La "tiranía (democrática) de la mayoría"--cuya expresión más reciente, podría argumentarse, es la reforma constitucional en materia indígena-- pareciera, pues, inevitable.

Sin embargo, los pueblos indígenas no son solamente (o quizá no son fundamentalmente) una minoría étnica, sino que también son una minoría política en constante y pujante movilización desde al menos hace tres décadas. Más aún, lo que quedó de manifiesto durante la marcha por la dignidad indígena es que los pueblos indígenas de México no son una minoría política marginal, sino, más bien, una minoría política de vanguardia, con la cual (y alrededor de la cual) coinciden amplios sectores de la sociedad. En este sentido, los pueblos indígenas son parte de una minoría política más amplia, la cual, por sus propias características socioeconómicas, es parte de una mayoría popular que bien podría ser considerada, asimismo, como una mayoría política en potencia.

La correlación de fuerzas legislativas existente en este momento en nuestro país es abrumadamente contraria al movimiento indígena. Asimismo, se antoja difícil el que las gestiones de la minoría legislativa que simpatiza con dicho movimiento, junto con la presión que puedan ejercer las movilizaciones del CNI y la prolongación de la resistencia zapatista, puedan hacer que los legisladores panistas y priístas cambien su posición en lo relativo a las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas. Sin embargo, la oferta del mañana que la democracia electoral ofrece puede ser, a final de cuentas, un remedio efectivo (si bien poco expedito). La posibilidad de que la correlación de fuerzas políticas cambie en el futuro existe; a final de cuentas, el movimiento indígena es parte de una minoría política más amplia y, más aún, de una mayoría popular. Sin embargo, para ello se requiere que el movimiento indígena organizado y los sectores de la sociedad que coinciden con él ganen mayores espacios al interior de las instancias de toma de decisiones del Estado. En otras palabras, si la gran minoría política que se (re)conoció a sí misma durante la marcha por la dignidad indígena buscara adquirir una expresión político-electoral clara y decidida podría convertirse en fuerza legislativa; la cual sumada a las fuerzas partidistas ya existentes que se han mostrado solidarias con el movimiento indígena podría cambiar la composición de los jugadores y, por lo tanto, los resultados del "juego democrático".

Ciertamente, el viejo debate entre resistencia y alternativa adquiere una nueva dimensión y un nuevo significado. El revés legislativo sufrido por el movimiento indígena encabezado por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena evidencia las limitaciones de ser solamente resistencia. Al mismo tiempo, el desmantelamiento del sistema de partido de Estado ha cambiado las premisas del debate: el abandonar la resistencia para buscar ganar espacios dentro de las estructuras estatales de toma de decisiones ya no implica, hoy más que nunca, la pérdida de autonomía, la cooptación.