MIERCOLES Ť 9 Ť MAYO Ť 2001
Ť Las modificaciones a la iniciativa Cocopa aseguran la unidad nacional, afirma el CCE
Demandan inversionistas más cambios a la ley indígena
DAVID ZUÑIGA
El sector empresarial propuso hacer más modificaciones a la ley indígena aprobada recientemente por el Poder Legislativo, a fin de dar seguridad jurídica a los inversionistas.
En un análisis, el Centro de Estudios Fiscales y Legislativos (Cefyl), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se congratula de que los legisladores hayan cambiado la llamada ley Cocopa para que las autoridades de cada estado acoten la libre determinación de los pueblos indígenas, sus formas de convivencia, organización, elecciones, gobierno, solución de conflictos y sentencias, ya que ello "asegura la unidad nacional".
La modificación que más complace a los empresarios es que se restringe el uso y disfrute de los recursos naturales a las formas de propiedad y tenencia de la tierra previstos en el artículo 27 de la Constitución, el cual fue cambiado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari para responder a las exigencias de los empresarios.
El proyecto de la Cocopa, agrega el Cefyl, permitía acceder libremente al uso y disfrute de recursos naturales, tierras y territorios, "lo que era flagrantemente contrario al artículo 27 constitucional, que consagra la garantía individual a la propiedad privada".
Con base en el mismo ordenamiento, no se permitirá a los pueblos indios operar de manera autónoma sus propios medios de comunicación, sino que estarán limitados por las leyes correspondientes.
Una de las modificaciones más importantes es que se considera a las comunidades indígenas entidades de interés público, y no de derecho público, como se proponía en el proyecto de la Cocopa. Esto habría implicado que se les considerara como un cuarto nivel del gobierno (federal, estatal, municipal y comunitario); en cambio, sólo recibirán un tratamiento especial.
El Cefyl propone que las normas surgidas de las comunidades indígenas se publiquen primero en la Gaceta Oficial de los estados y en el Diario Oficial de la Federación, a fin de darles validez, así como asentar por escrito los mecanismos para la creación, modificación, territorialidad y aplicación de leyes comunitarias.
De esta manera, argumenta, quienes deseen invertir en las zonas indígenas tendrán un conocimiento más claro de las normas, usos y costumbres antes de llevar sus capitales.