MIERCOLES Ť 9 Ť MAYO Ť 2001

Ť Insisten en que se dé validez a la iniciativa que fue elaborada por la Cocopa

El CNI y 150 organizaciones civiles anuncian movilizaciones en contra de la ley indígena

Ť Piden al Congreso que rectifique y llaman a legislaturas estatales a rechazar los cambios

Ť Los candados que se impusieron anulan en la práctica el nuevo federalismo, consideran

MATILDE PEREZ U.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y 150 organizaciones civiles acordaron constituirse en "un espacio de coordinación único" para iniciar las movilizaciones regionales y nacionales en contra de la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión. Será un movimiento de resistencia civil organizado, de ninguna manera habrá una declaración de guerra o un levantamiento de los pueblos indígenas en contra del gobierno federal, aclararon.

Abelardo Torres y Carlos González, de la comisión de seguimiento del CNI, y Nuria Fernández, por las organizaciones civiles, explicaron que la intención es convertirse en un amplio e importante abanico social para exigirle al presidente Vicente Fox que encuentre las vías políticas y legales para frenar esa ley indígena. En caso de que no lo haga, "ejerceremos nuestro derecho de presentar una nueva propuesta de ley indígena que, naturalmente, será la iniciativa de la Cocopa".

A su vez, 11 organizaciones defensoras de los derechos humanos, de acción comunitaria de Chiapas y de otros estados del país, así como Global Exchange, demandaron al presidente Fox que "actúeen consecuencia con la iniciativa de ley de la Cocopa (sobre derechos y cultura indígenas) que asumió como suya y la haga respetar con los recursos jurídicos que la ley le otorga".

Llamado a la "responsabilidad"

También instaron a los congresos de los estados a legislar con responsabilidad y no validar la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión. A los integrantes de la Cocopa les exigieron: "tomen conciencia de su inmensa responsabilidad en el proceso de paz en ausencia de la Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever) y de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai)" y defiendan la iniciativa de ley indígena que redactó esa instancia. "Si estiman que no pueden ejercer la elemental lealtad a su institución, deben renunciar a ella o bien ceder su lugar a otros legisladores".

Abelardo Torres Cortés, integrante de la comisión de seguimiento del CNI, confió en que la movilización de los pueblos indígenas logrará sensibilizar a la sociedad civil y a la mayoría de los legisladores de los congresos estatales para que rechacen la ley indígena aprobada en el Congreso de la Unión. "No vemos escenarios de violencia ni de ilegalidad, sino de protesta por una ley que niega los derechos de los pueblos indígenas y que distorsionó los acuerdos de San Andrés plasmados en la iniciativa de ley de la Cocopa".

Los pueblos, abundó Carlos González, también del CNI, "están apostándole a la resistencia civil organizada y a obtener el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional para generar un cambio positivo". Precisaron que ya enviaron los análisis comparativos entre la ley indígena aprobada y el Acuerdo 169 de la OIT a la Conferencia del Milenio de los Pueblos Indígenas, que se lleva a cabo en Panamá, y participarán en el Congreso Nacional de los Pueblos Nativos Americanos, que se llevará a cabo del 16 al 18 de mayo en Connecticut, Estados Unidos.

Explicaron que no acudieron a la reunión de Panamá porque el CNI nunca recibió oficialmente ninguna invitación ni formulario de inscripción. Eso fue un asunto que manejó inicialmente la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía y la cual se había comprometido a organizar a las delegaciones de los pueblos indígenas del país que asistirían a la Conferencia del Milenio. "La ausencia física no impidió hacer llegar la información de lo que ocurre en México respecto a la ley indígena, ni mantener los vínculos con los pueblos hermanos indígenas de América y otros países".

En la conferencia de prensa, tanto los integrantes de la comisión de seguimiento del CNI como Nuria Fernández denunci aron que de acuerdo con denuncias de las comunidades chiapanecas, el Ejército volvió a iniciar "los rondines" en las comunidades que había abandonado, particularmente en Guadalupe Tepeyac.

Informaron que este viernes el CNI y las organizaciones sociales entregarán en Los Pinos más de 50 mil firmas a favor de la iniciativa de ley de la Cocopa; el día 14 efectuarán una marcha en la ciudad de México, y el 16 iniciarán la campaña nacional Un minuto por los derechos indígenas. La intención es culminar las movilizaciones y foros nacionales en un encuentro del CNI y organizaciones civiles con el EZLN en Guadalupe Tepeyac, del 7 al 9 de agosto.

Por su parte, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos; los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Matías de Córdoba, Fray Pedro Lorenzo de la Nada y de Indígenas (Cediac); Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, Comisión de Reconciliación Comunitaria, entre otros, plantearon que los acuerdos de San Andrés no son revisables ni están sujetos a enmiendas.

"A los legisladores les tocaba dar una forma legislativa y correcta a los acuerdos de San Andrés, pero no era de su cabal competencia modificarlos y menos meterles candados que los hacen inaplicables. Su nueva ley anula el nuevo pacto social y el nuevo federalismo", consideraron.

En el caso de Chiapas, abundaron, es preocupante que los legisladores no hayan evaluado las implicaciones y graves riesgos, ya que la ley no retoma las demandas de los pueblos indígenas y se convierte en un obstáculo para la paz. En pocos días, aseguraron, se reactivaron los paramilitares y los grupos de poder que se oponen al proceso de paz, y la militarización sigue vigente.

"Violencia, impunidad, desconfianza, ingobernabilidad son resultados más que probables cuando las instituciones del Estado son tan ajenas a la experiencia y a las necesidades del pueblo", advirtieron. Por ello, pidieron al Congreso de la Unión que rectifique su decisión legislativa y retome la iniciativa de ley de la Cocopa, además de que escoja a sus operadores legitimados por el voto efectivo y por su experiencia en la materia.