MIERCOLES Ť 9 Ť MAYO Ť 2001
Yuri Escalante Betancourt
ƑCuál bomba de tiempo religiosa?
México tiene un largo camino por recorrer en materia de tolerancia religiosa, y existen focos rojos que pueden convertirse en una bomba de tiempo a mediano o largo plazos, sobre todo porque el Estado ha mantenido una actitud pasiva ante los frecuentes brotes de persecución religiosa. La tónica del gobierno ha sido intervenir cuando los casos se complican o una de las partes lanza el llamado de alerta. Tenemos enraizada en nuestra cultura religiosa la idea de que laicismo significa permitir la libertad de creencia, cuando más bien se trataría de garantizar, y aun de propiciar, que esta libertad fuera posible hasta donde el otro, que es diferente, me lo permitiera. Es decir, necesitamos consolidar no un Estado que se amarre las manos ante el fenómeno religioso, sino que encauce la diversidad religiosa.
No obstante, hemos avanzado en comparación con otros tiempos, pero aún no se ha dado el paso definitivo para establecer un marco de interacción entre la diversidad de opciones.
México ha ido dando tumbos. De ser un Estado confesional pasó al extremo, a ser anticlerical, y aunque poco a poco nos acercamos a un escenario que satisfaga la pluralidad de manifestaciones religiosas, quedan muchos vacíos. No debemos hacernos tontos, o dejar que nos hagan tontos, como cuando se nos pretende imponer una Sacristía del Trabajo.
Las reformas a la legislación religiosa de 1992, si bien permitieron mayor apertura religiosa, sobre todo equilibrando un poco el peso entre Iglesias y concediendo derechos, que en la práctica se venían ejerciendo, evidenciaron que los interlocutores por antonomasia del Estado mexicano continúan siendo las instituciones religiosas, o asociaciones religiosas como ahora se les denomina, en detrimento de la sociedad, de agrupaciones de laicos y de manifestaciones populares y de la espiritualidad propia de los pueblos indígenas (recordemos que esas leyes se cocinaron primero en San Angel y luego en San Lázaro).
En este aspecto nuestro país va a la zaga y lesiona varios derechos. Entonces, Ƒde cuál bomba de tiempo hablamos cuando nos referimos a la intolerancia religiosa? El caso más común es el de las expulsiones de los disidentes religiosos, por eso insisten mu- chos de ellos en que nuestra Carta Magna debería añadir a la libertad de creencia, la libertad de cambiar de creencia o de no tenerla, como establece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Este no sería el único caso delicado; a contrapelo de la misma declaración, nuestra Constitución restringe la libertad de culto al ámbito privado mientras sujeta el culto en público a un trámite burocrático al cual sólo tienen derecho asociaciones religiosas.
Lo delicado no consiste en lo que ha sido normado, sino en las omisiones. Es decir, se ha establecido ciegamente que para el Estado sólo es sujeto de protección el culto en los templos, en recintos cerrados o en espacios donde una Iglesia obtenga autorización. Luego entonces, lugares sagrados, santuarios al aire libre, rutas de peregrinación o cementerios se encuentran en un grado de vulnerabilidad extremo. Gran número de estos lugares ha sido invadido o destruido por curiosos, comerciantes, vendedores de cerveza, o por la construcción de obras públicas, la certificación de predios y un sinfín de pretextos más, impidiendo el pleno disfrute de las garantías de culto.
Otro privilegio de las asociaciones religiosas en detrimento de los creyentes consiste en que la Ley de Asociaciones Religiosas les concede derecho del uso exclusivo de los bienes propiedad de la nación, en este caso son ad hoc los templos históricos. Dicha prerrogativa fortalece aún más la vieja costumbre de que los ministros de culto pongan y dispongan a su arbitrio la forma en que se celebrarán festividades cívicas o religiosas. Quienes pagan los costos son las autoridades indígenas que llevan a cabo ceremonias de cambio de varas, de difuntos, etcétera; los curanderos que acuden a realizar su labor o mayordomos que festejan a sus santos patronos. Los ejemplos podrían seguir, como la tendencia a estatizar el disfrute de las zonas arqueológicas, originalmente destinadas al culto, pero con lo señalado hasta aquí es suficiente para apuntar que no podemos quedarnos de brazos cruzados y proclamar triunfalmente que contamos con un esquema normativo-institucional que da cabida a toda la pluralidad de expresiones religiosas.
Me parece que por fin las Iglesias están logrando un equilibrio de sus fuerzas, pero Ƒdónde quedan todos aquellos que ejercen la voluntad de practicar sus convicciones fuera de las denominaciones religiosas? ƑDónde encontramos un marco de convivencia entre Estado, Iglesias y sujetos colectivos como los pueblos indígenas? ƑEs el culto un asunto sólo de las Iglesias? Esto sigue de tarea para la discusión integral de un nuevo proyecto de Constitución.