Ť Acuerdo emitido por su ministro presidente, Genaro Góngora Pimentel

La SCJN da por cumplida en todos sus términos su sentencia sobre Yucatán

Ť Disputa legal de 6 meses, en la que finalmente prevalece el Consejo Electoral que insaculó el TEPJF

JESUS ARANDA

Después de un proceso legal de más de seis meses, durante el cual el gobierno y el Congreso de Yucatán se negaron a acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la integración del Consejo Electoral de esa entidad. La Suprema Corte dio ayer por cumplida "en todos sus términos" la sentencia que ratificó la existencia de un sólo órgano electoral "legal" en esa entidad, el Consejo Electoral "insaculado" por dicho tribunal..

Mediante un acuerdo emitido por el presidente de la Corte, ministro Genaro Góngora Pimentel, se dio por cumplida su sentencia del siete de abril pasado, en la que resolvió la invalidez del Consejo Electoral designado por el Congreso de Yucatán.

Sin embargo, la sentencia del máximo tribunal fue acatada sólo después de que el propio pleno de la Corte emitió hace unas semanas un acuerdo en el que señalaba que ni el gobernador ?Víctor Cervera Pacheco?, ni el Congreso yucateco habían cumplido con la orden de entregarle al Consejo "insaculado" los recursos económicos y materiales para que cumpliera con su encomienda de organizar los comicios locales del próximo 27 de mayo.

La SCJN emplazó al gobernador Cervera Pacheco, al Congreso y a los integrantes del Consejo Electoral "invalidado" de esa entidad, a que a más tardar el pasado 30 de abril cumplieran "de manera cabal" con el dictamen del 7 de abril de este año, en el que se ordenó entregar al Consejo Electoral "insaculado" los documentos vinculados con el Consejo Electoral del periodo comprendido del primero de enero al 9 de abril pasado.

El máximo tribunal apercibió a las autoridades involucradas de que en caso de incumplimiento de este mandato judicial en el plazo fijado, se iniciaría el procedimiento de responsabilidad establecido en el artículo 107 constitucional que establece la posibilidad de que dicha autoridad sea separada inmediatamente de su cargo y consignada ante un juez de distrito.

Una vez recibido el informe correspondiente "en tiempo y forma", el ministro Góngora consideró que se había cumplido en todos sus términos con la ejecutoria dictada en las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron en su momento el PAN, PRD y PT ante la Corte para lograr la invalidez del "super" Consejo Electoral aprobado por la legislatura yucateca.

Historia de un conflicto

Después de un proceso de selección de los integrantes del Consejo Electoral de Yucatán, que inició en septiembre pasado, los partidos de oposición ?PRD y PAN?, impugnaron ante el TEPJF la forma en que la mayoría priísta había integrado al Consejo.

El Tribunal consideró válida la queja y le ordenó al Congreso local que repusiera el procedimiento, petición que fue ignorada.

De nueva cuenta, los partidos inconformes se quejaron ante el TEPJF y éste resolvió el 15 de noviembre pasado que el Congreso se apegara a derecho en la selección de los consejeros, o que de lo contrario, los propios magistrados electorales tendrían que "insacular" a los consejeros electorales yucatecos.

Ante la posición de desacato de las autoridades yucatecas, el 29 de diciembre el TEPJF resolvió determinar la inexistencia del Consejo Electoral nombrado y reconocido por el Congreso local, y procedió a insacular a los consejeros de una lista de propuestas que previamente habían presentado ante el Congreso de Yucatán tanto los partidos políticos como las organizaciones sociales.

Propuestas que fueron ignoradas sin fundamentación legal por la mayoría priísta en el Congreso, como lo consideraron en su momento los magistrados electorales.

Sin embargo, continuó el desacato de las autoridades yucatecas y se negaron a reconocer al Consejo "insaculado" por el TEPJF, colocando a la entidad en una situación en la que "de facto" había dos consejos.

A iniciativa del gobernador Víctor Cervera, el Congreso aprobó un acuerdo mediante el cual se creaba un nuevo Consejo ?integrado por los consejeros "del Congreso" y los "insaculados"?, que fue bautizado como El Superconsejo.

Ante la negativa del TEPJF de reconocer éste organismo, los partidos de oposición presentaron ante la Corte una acción de inconstitucionalidad, alegando que el nuevo Consejo era ilegal, no sólo porque violentaba una resolución judicial "definitiva e inatacable", sino también porque fue aprobada una vez iniciado el proceso electoral correspondiente, lo cual está prohibido por la Constitución General de la República.

En abril pasado, la Suprema Corte invalidó a El Superconsejo y ratificó el dictamen del Tribunal Electoral en el sentido de que el único organismo legal era el "insaculado". Después de casi un mes en el que fueron necesarias las advertencias de que se podría proceder legalmente contra el gobernador, legisladores y consejeros, que por fin, las autoridades peninsulares dieron "cumplimiento cabal" a una sentencia, que tenía que haberse cumplido, al menos, desde el 15 de noviembre del año 2000.