Ť Mantienen una huelga de hambre para demandar la revisión de sus expedientes

Denuncian presiones contra tres internas en el Reno

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El Colectivo Heberto Castillo de Presas, Presos y Familiares denunció presiones en contra de tres internas del Reclusorio Femenil Norte que se encuentran en huelga de hambre desde el viernes pasado para solicitar la revisión de sus expedientes y beneficios de la libertad anticipada.

Pedro Arellano, quien dijo ser director de Asuntos Religiosos de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, visitó el sábado a la interna Verónica Chávez, "de parte del subsecretario Francisco Garduño", para decirle que tras la revisión de su caso "prácticamente ya está libre, pero si antes no se desiste de la huelga, no se va", indicó el colectivo.

Además, personal de custodia ha retenido casetes con mensajes de internos de la Penitenciaría de Santa Martha, relacionados con la organización de un foro sobre el sistema penitenciario, con apoyo de la Asamblea Legislativa. Las cintas son escuchadas por las autoridades del centro de reclusión, quienes deciden si se las devuelven o no, lo que es contrario a sus derechos, señaló el Colectivo, pues se está violando su correspondencia.

El domingo la directora de penal hizo subir a su oficina a Chávez Hernández para hacerle el mismo planteamiento: que se desista de la huelga y a más tardar en 15 días ya estará libre, pero mientras mantenga su ayuno no podrá darle la libertad.

De hecho, la convencieron de firmar un documento en el que anuncia su retiro de la huelga, pero una vez que llegó a su celda en el área de ingreso, donde se encuentran las tres huelguistas, separadas del resto de las internas, decidió redactar una carta que entregó inmediatamente a la dirección, señalando su decisión de continuar la huelga de hambre.

Verónica fue sentenciada a siete años y seis meses de cárcel como resultado de un pleito entre vecinos que comenzó con una discusión por el alto volumen de un estéreo y que derivó en golpes. Lo extraño del caso, refiere ella, es que los policías que la detuvieron junto con quien entonces era su compañero, al hacer la presentación ante el Ministerio Público señalaron que fueron detenidos en flagrancia, cuando en realidad los sacaron de la clínica a la que acudieron para recibir atención médica.

Además, los agraviados inicialmente los acusaron de allanamiento y daño en propiedad ajena, pero se fueron consignados al juzgado penal por robo a casa habitación. Después de cuatro años solicita no sólo su libertad anticipada sino la revisión de su caso para demostrar que los cargos por los que está presa son falsos.

Otra de las huelguistas que pide la revisión de su expediente, Ana Lilia Medina Ramos, llegó acusada por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y la sentenciaron a 63 años y nueve meses junto con una de sus hermanas y un hombre al que jamás había visto. La involucraron en tres secuestros, sin embargo, asegura que ninguna de las víctimas la identificó como una de las personas que los mantuvieron cautivos, pero al decir que por la voz pudiera ser una de ellas, fue suficiente para culparla.

Tiene seis hijos, de los que tuvo que hacerse cargo trabajando como empleada doméstica después de separarse de su esposo; viven ahora con su madre y dos de ellos trabajan para sostener a los otros cuatro. "Si me dedicara a eso (el secuestro), no tuviera necesidad de estar trabajando, si hasta la renta debía"; por ello dice estar dispuesta a que la investiguen para demostrar su inocencia.

Guadalupe Sandoval, madre soltera con dos hijos y quien reclama también la revisión de su caso, tiene una sentencia de 15 años por delitos contra la salud, por introducir un paquete de 48 gramos de cocaína al Reclusorio Varonil Oriente. Ella asegura que la acusación es una venganza por no haber cedido al acoso de un custodio de dicho centro de reclusión, quien la molestaba siempre que acudía a la visita.

Por las contradicciones de los propios custodios que declararon en su contra, dijo que estaba segura de que saldría libre el 28 de octubre pasado, cuando la llamaron al juzgado 6 de distrito en materia penal federal, pero fue para notificarle que su causa sería cambiada al juzgado 2. Ahí le dictaron la sentencia cuatro días después; de manera "injusta", afirma, no sólo porque es inocente, sino porque en otros casos que ha conocido de por lo menos seis mujeres presas por el mismo delito, la pena no fue mayor de seis años.

Después de seis días de huelga, Guadalupe habla por las tres: "sí , tenemos hambre , pero de justicia".