JUEVES Ť 10 Ť MAYO Ť 2001
Ť Es una contribución a la paz del país: Magdalena Gómez
Instan a los congresos locales a rechazar la ley indígena
Ť El Centro Pro Juárez se manifestó en contra de que Fox vete la legislación; se crearía un conflicto, asegura
VICTOR BALLINAS
La investigadora Magdalena Gómez, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, manifestó ayer que "el rechazo en los congresos estatales a la aprobación de la reforma indígena mutilada por el Senado de la República" constituiría una contribución a la paz en el país.
Al participar ayer en la mesa de diálogo y reflexión sobre la reforma indígena, convocada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a la que asistieron abogados de organizaciones no gubernamentales y del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Santa Fe, Magdalena Gómez aseveró: "como asesora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores de la República, participé en las discusiones, pero la verdadera negociación se dio entre las cúpulas de los coordinadores legislativos. La negociación fue antes, porque en las reuniones en las que yo estuve, sólo hubo cambios de matices".
Gómez insistió: "la reunión en la mesa con los legisladores, en la que estuve como asesora de los senadores del partrido del sol azteca, fue cordial, cortés, porque la verdadera negociación ya se había hecho".
La negociación "fue aparte, entre los coordinadores. No se dio en el espacio formal, fue una decisión cupular, y fueron discusiones a la medida de los legisladores".
Las cuentas del Presidente
La integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos planteó en la mesa de análisis que en la reforma del Estado, "que está pendiente", deberá incluirse el tema de la rendición de cuentas y revocación del titular del Ejecutivo al Poder Legislativo.
En su intervención destacó que "los argumentos de los legisladores, con matices, nos transmiten en sus diversas declaraciones y entrevistas, que dieron todo lo que podían dar, que dieron mucho. Pero, Ƒqué hay detrás de ellos, que nos califican como minorías inconformes?"
Seguramente, añadió, en su concepción, en sus negociaciones internas, los legisladores pueden pensar que dieron mucho, pero "eso es insatisfactorio para los pueblos indígenas. Por ello vamos a continuar en la pugna por el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas".
La ruptura, aseguró Gómez, está aquí, "en que los legisladores se cobijan en su fuero y dieron la espalda a las demandas sociales. No legislaron ni para 10 ni mucho menos para 100 millones".
En la discusión, la abogada Carmen Herrera, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que "el presidente Vicente Fox no puede vetar la reforma constitucional. Esa es la posición que tenemos en Centro Pro Juárez. Porque permitirlo crearía un conflicto.
Los únicos que pueden rechazar la reforma constitucional aprobada por el Congreso de las Unión son los congresos locales, ellos deberán asumir la responsabilidad y regresarla a corrección.
En tanto, Santiago Corcuera, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, manifestó que "lo único que quedaría en caso de que los congresos de los estados aprueben la reforma, es el veto presidencial. Aunque la Constitución no lo señala específicamente, el Presidente de la República sí tiene derecho de veto. Se puede interpretar".
En este punto se ubicaron las diferencias entre los abogados de ONG, pues mientras Corcuera, Claudia Gómez, de la red de abogados y abogadas por la defensa de los pueblos indígenas, y Larissa Ortiz, de la dirección de Equidad y Género del Distrito Federal, demandaron que el Presidente vete la reforma, el Centro Pro expuso su desacuerdo con esa postura, pues sería muy riesgoso para el país que el propio Ejecutivo fuera el que reformara a su arbitrio la Constitución.
Demandar el incumplimiento del convenio 169
Corcuera abundó: "tampoco está establecido en la Constitución que el Presidente envíe al Congreso de la Unión reformas a la Constitución, y sin embargo lo hace. Yo creo que podría interpretarse".
Resaltó que "los acuerdos y tratados internacionales son leyes y están al nivel de la Constitución, por ello, se podría denunciar el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y México como país se podría hacer acreedor a sanciones por incumplimiento".
La abogada Carmen Herrera, del Centro Pro Juárez, dijo que el presidente Vicente Fox, en caso de que la reforma constitucional sea aprobada por los congresos de los estados, deberá enviar una "reforma de la reforma".
Larissa Ortiz señaló que "los indígenas queremos reconocimiento como pueblo, queremos ser sujetos de derechos colectivos y que se precise que podemos explotar los recursos naturales. La libre determinación es el derecho que tienen los pueblos a través de su autonomía".