JUEVES Ť 10 Ť MAYO Ť 2001

José Luis Soberanes Fernández (Ť)

Los derechos de las madres

Pocas palabras tienen un significado más universal que madre, esto es, en sentido figurado, causa, raíz, origen. Para los mexicanos, la madre es la causa de la vida, la raíz del mundo y el origen de nuestra esencia nacional. En ella identificamos la fuente del primer alimento, el idioma y, sobre todo, el calor y la fuerza de los más nobles sentimientos. La madre es el eje de la familia mexicana. A ella debemos las primeras enseñanzas sobre la convivencia humana, las nociones iniciales acerca del comportamiento social, así como de los deberes y derechos a los que somos acreedores. Podríamos decir que en el papel de la madre se encierran los principios fundamentales de justicia, equidad y respeto a los derechos y a la dignidad plena de todos los miembros de la familia humana.

El Día de las Madres se estableció en México en la década de los años veinte, a propuesta del periodista Rafael Alducin, del periódico Excélsior. Ocho décadas después tenemos que preguntarnos cuál es la situación de la madre mexicana. La pregunta está relacionada, desde luego, con los derechos de las mujeres. De 97.4 millones de mexicanos que conformamos la población nacional, más de 50 millones son mujeres. Y a pesar de los avances, las estadísticas y los hechos siguen reflejando que ellas son quienes padecen más los efectos negativos de la violencia y la desigualdad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presta especial atención a la situación de las madres y las mujeres que son objeto de injusticia y discriminación por parte de las autoridades. Nos preocupa, por ejemplo, el caso de las madres que por alguna razón se encuentran en prisión y que deben atender a sus hijos pequeños en condiciones excepcionales. Recientemente, emitimos la Recomendación número 7 de este año, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública por violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de internos y familiares en varios centros federales de readaptación social del país, donde las madres y esposas de los reclusos son objeto de revisiones indignantes. Con el argumento de detectar drogas, armas, dinero y otros objetos, se les obliga a desnudarse y posar en posiciones indecorosas; se les practica tacto anal y vaginal, incluso en el periodo de menstruación. Otra violación frecuente en estos penales es la videograbación de las relaciones íntimas entre los internos y sus cónyuges. Algunas de estas escenas fueron del conocimiento público a través de la televisión.

Otro caso reciente de discriminación hacia una mujer, que atendimos a principios de este año en la CNDH, es el de una jubilada a quien el Banco de Crédito Rural del Centro, en Querétaro, le negó los beneficios de seguridad social a favor de su esposo, vulnerando el derecho de igualdad y estableciendo un trato distinto y discriminatorio hacia la trabajadora.

Pero ejemplos sobran. Hace unos días varios medios de comunicación informaron con asombro que en algunos estados, como Oaxaca, adolescentes de apenas 15 años son vendidas como esposas por 10 mil pesos. Otras, de mayor edad, son intercambiadas por objetos y bebidas o consideradas animales de trabajo. Coincido en que no es un problema de usos y costumbres en las comunidades indígenas, sino de la negación histórica del derecho de la mujer a decidir sobre su vida.

Nada más vergonzoso que el abuso y la agresión física que sufren muchas madres a manos de sus maridos o cónyuges, realidades de las que debería hablarse mucho más en México en un día tan señalado como éste. Debemos condenar éstas y otras prácticas todavía frecuentes en pleno siglo XXI en empresas e instituciones, que violando la ley obligan a sus empleadas a firmar cláusulas contractuales, incluso en el sector salud, para comprometerlas a no tener hijos mientras presten sus servicios.

Hace 20 años México ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas discriminatorias contra la mujer. En 1995 nuestro país adoptó la Plataforma de Acción y la Declaración Política de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, que promueve, entre otras, acciones a favor de un mayor acceso de la mujer en la vida política y social de las naciones, equidad laboral e igualdad de oportunidades en los ámbitos educativo, cultural y económico.

El 8 de marzo de este año, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se constituyó el Instituto Nacional de las Mujereres, sin duda un paso importante para la promoción de sus derechos. Sin embargo, queda mucho por hacer, porque la participación de las mujeres en los espacios políticos y sociales del país sigue siendo desigual. En materia de rezago educativo, es cierto que se ha reducido la brecha entre hombres y mujeres, pero la diferencia es todavía considerable.

A nivel nacional la mujer dedicó 37.3 horas a la semana para realizar una actividad económica y 27.4 horas a los quehaceres domésticos, lo que equivale a una jornada semanal de 64.7 horas. Mientras el hombre destinó 46.6 horas al trabajo y sólo 10.7 horas al hogar. El mismo estudio del INEGI revela que en uno de cada tres hogares del Distrito Federal y la zona metropolitana existe algún tipo de violencia intrafamiliar, entre ellos, el maltrato emocional, la intimidación, la agresión física y el abuso sexual.

Otro indicador de que aún persiste la desigualdad de género es el monto del ingreso que reciben en promedio las representantes del sexo femenino, el cual es menor comparado al de los hombres.

La democracia plena significa igualdad de oportunidades en una sociedad, en la que se respeten los derechos y las diferencias entre sus miembros. Este Día de las Madres no se puede limitar al obsequio de flores o a la tradicional comida familiar. Debe ser, en cambio, ocasión para reconocer en los hechos la función decisiva de esta mujer en el desarrollo individual y colectivo de los miembros de la sociedad. Los derechos de las madres son los derechos de todos los ciudadanos, porque de ellas aprendemos a respetar las reglas y a promover las leyes que garanticen el desarrollo de los individuos y de la nación en un ambiente de cooperación y participación en el interés del bien común.

(Ť) Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos