VIIERNES Ť 11 Ť MAYO Ť 2001

REPORTAJE

Tienen mineral y colindan con la carretera México-Piedras Negras

Codicia y disputa por tierras en San Juan de Sabinas, Coahuila

ANTONIO PEREZ CORRESPONSAL

San Juan de Sabinas, Coah., 10 de mayo. Los campesinos del ejido San José de Cloete acusaron a Castro Ibáñez de corromper a funcionarios federales y de violar la ley para "comprar" 200 hectáreas de tierras comunales a razón de 250 y 700 pesos cada una.

Los ejidatarios Ricardo Jalomo Morales, Agustín Lira Rivera, Juan Rodríguez Ramírez y Gumaro Valdés Ramos sostuvieron que éste es sólo un caso más de los atropellos cometidos contra la comunidad, donde la codicia y la disputa por las tierras ha provocado divisionismo y conflictos entre los campesinos.

Afirmaron que un grupo de campesinos de San José de Cloete, encabezado por el ex comisariado ejidal Israel García Rojas, ha sucumbido ante las presiones y las componendas para comercializar las tierras, para lo cual manipulan asambleas, violan la legislación agraria y excluyen a los inconformes.

Los denunciantes refirieron que hace dos años se entrevistaron con Benjamín Castro, padre del alcalde, para advertirle que no comprara las tierras ejidales porque todavía no se realizaba el programa de privatización conocido como Procede (Programa de Certificación de Derechos Agrarios), ni se habían asignado los títulos de propiedad a los campesinos, por lo que tampoco se podía disponer de los predios comunales.

Sin embargo, Benjamín Castro, dueño de la mueblería La Rosita de Nueva Rosita, cabecera del municipio, les informó que tenía conocidos en las dependencias federales y que él podía legalizar todo. Luego se enteraron que el empresario y su hijo, el alcalde, convencieron a cinco ejidatarios para que les firmaran un documento donde aceptaban vender sus tierras, aproximadamente 200 hectáreas del potrero del ejido que colindan con el rancho de los Castro.

Jalomo Morales explicó que él mismo fungía como presidente del Consejo de Vigilancia del ejido y nunca firmó el convenio de compraventa de las tierras; sin embargo, terminó su periodo y la nueva directiva, manipulada por Israel García Rojas, cedió el terreno ejidal hasta donde los Castro ya habían ampliado la cerca de su rancho.

Precisó que una vez que el alcalde y su padre se apropiaron de las tierras ejidales, entonces sí se realizó el Procede y se entregaron los títulos de propiedad de las parcelas, aunque se omitieron los de los solares (las casas de la cabecera ejidal); se excluyeron a 40 ejidatarios de su derecho a los aguajes y se repartió ilegalmente una parte del arroyo que cruza por el lugar, no obstante que es de propiedad federal.

"El problema principal de todo esto es la corrupción; los funcionarios de la Reforma Agraria, del Registro Agrario Nacional y de la delegación de la Procuraduría Agraria se han prestado a todas estas maniobras; en ninguna parte atienden nuestros reclamos", apuntó Juan Valdés Ramos.

Sostuvo que el presidente del PRI en Coahuila, Jorge Galo Medina, fue uno de los artífices "del trafique de tierras ejidales" en la región, durante el periodo que fungió como delegado del Registro Agrario Nacional en la entidad.

A su vez Gumaro Valdés Ramos señaló que en su caso mantiene vigilancia día y noche en seis hectáreas aledañas a la carretera que ha usufructuado desde hace 25 años y que ahora el grupo de García Rojas le dice que no son de él y lo amenaza con una denuncia ante el Ministerio Público Federal para que las desaloje, lo cual no está dispuesto a realizar bajo ninguna circunstancia.

Los ejidatarios expusieron que desde diciembre antepasado interpusieron una demanda en el Tribunal Unitario Agrario, con sede en esta ciudad, para revocar la compraventa de sus tierras, con la cual se abrió el expediente 253/99. Sin embargo, hasta ahora el órgano jurisdiccional no ha resuelto el caso no obstante que la Ley Agraria prevé que el fallo debe emitirse en un plazo no mayor de 20 días después de celebrarse la audiencia constitucional, la cual en este caso se realizó hace ya más de un año.

Los campesinos advirtieron que ante el atraso del Tribunal en la emisión de su fallo, enviarán al presidente Vicente Fox y al titular de la Contraloría, Francisco Barrio, un escrito sobre la situación por la que atraviesa el ejido para se esclarezcan y resuelvan los problemas, antes de que los conflictos lleguen a mayores, pues ya se han registrado conatos de violencia por las disputas de las tierras.