Ayer, en la capital española, al participar en un seminario sobre procesos de democratización, el canciller Jorge G. Castañeda pronunció una frase confusa, en el mejor de los casos, y francamente desafortunada, en el peor: "los mexicanos --dijo-- tienen que asumir los errores del pasado y combatirlos en el futuro" en aparente referencia a prácticas autoritarias y represivas, así como a la corrupción generalizada, rasgos característicos del régimen priísta. 

La expresión del titular de la política exterior podría implicar la idea de que la sociedad, en su conjunto, fue responsable de los desmanes, excesos y desviaciones del poder público, cuando la verdad es que fue víctima de los vicios y las distorsiones políticas, legales y morales del prolongado monopolio gubernamental que terminó el primero de diciembre pasado. 

Castañeda, a título personal, es, ciertamente, libre de formular y sostener tales posturas --u otras-- acerca del pasado político inmediato, pero en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores --es decir, encargado de la representación nacional ante el extranjero-- e integrante de primer nivel del equipo presidencial de Vicente Fox, cabe demandarle mayor mesura en sus expresiones, las cuales, con frecuencia, desentonan con respecto a los propósitos del nuevo gobierno y han generado tensiones, desencuentros y hasta colisiones verbales con otros miembros del gabinete. 

En términos generales, esta nueva declaración desafortunada del canciller Castañeda es una muestra más de la descoordinación declarativa que, como se señaló ayer en este mismo espacio, ha imperado entre los más importantes funcionarios del Ejecutivo federal y que en no pocas ocasiones ha obligado al propio mandatario a formular precisiones, a rectificar o ratificar expresiones de sus colaboradores quienes, de esta manera, han sometido a su jefe a un desgaste político innecesario y que no es bueno para nadie. 

La soltura verbal de los altos mandos gubernamentales es ciertamente una novedad refrescante que contrasta con el verticalismo, la disciplina y hasta el servilismo del presidencialismo mexicano de la era priísta. Pero el hecho de que hoy en día ningún secretario, subsecretario o colaborador presidencial importante, tenga que consultar con Los Pinos antes de haber declaraciones, no exime a tales funcionarios del deber de hablar con sentido común, mesura, propiedad y espíritu republicano. La ligereza y el exceso con el que se han manifestado varios de ellos en demasiadas ocasiones provoca, en cambio, una erosión en la credibilidad y en la buena imagen que requiere, para realizar su tarea con eficacia, el equipo de gobierno.