DOMINGO Ť 13 Ť MAYO Ť 2001

Antonio Gershenson

Electricidad y legalidad

En el marco del plan pro-crisis que anunció el gobierno federal, se adelantó, también, que está próxima la publicación de cambios al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Ante las dificultades para imponer sus puntos de vista sobre el asunto a las cámaras de diputados y senadores, el portavoz del gobierno federal habla de "no limitar la venta de energía eléctrica a los abastecedores y cogeneradores de energía".

En vez de vender la energía generada exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, como ahora sucede, las empresas propietarias de plantas de generación de electricidad la podrían negociar también con cualquier otro consumidor. Pero, si bien es cierto que el gobierno federal tiene derecho a emitir y a modificar los reglamentos, también lo es que debe hacerlo sin violar la Constitución y sus leyes reglamentarias.

El artículo 27 de la Constitución dice que "corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares...". La ley reglamentaria respectiva, en su artículo tercero, enumera los casos en los que la generación de electricidad no se considera servicio público: que el que genera consuma directamente lo que generó, que se genere directamente para la venta a la Comisión Federal de Electricidad, que se genere para exportación, que se importe para consumo propio y que esto se haga exclusivamente para emergencias en caso de interrupción del servicio eléctrico. En todos estos casos, si se vende el total o algún excedente, la venta debe ser a la Comisión Federal de Electricidad. Esto se plantea en este mismo artículo, en el 36 y el 37 de la misma ley.

El texto constitucional y los de la ley no dejan lugar a duda. Pero además de que un cambio reglamentario en el sentido anunciado sería violatorio de estas disposiciones, parte de un prejuicio que la realidad está desmintiendo una y otra vez: que el supuesto mercado eléctrico va a atraer la inversión. En realidad, el mercado genera ciclos, fluctuaciones de precios con alzas y bajas que pueden ser muy pronunciadas. Los periodos de precios bajos alejan la inversión, y cuando los precios son altos la atraen; pero lo que más atrae la inversión es la seguridad de largo plazo. De ahí que donde las tarifas están reguladas la inversión pueda fluir de manera más constante, y no en ciclos que alternan crisis y "prosperidad".

Entonces, resulta más atractivo para la inversión que se sustituya el complicado sistema vigente de precios de compra de excedentes de la CFE, que casi equivale a que no se sepa cuál va a ser el precio dentro de un tiempo, por algo más sencillo, basado en las tarifas existentes de la CFE al público.

Puede ser que por razones ideológicas haya inversionistas que acudan en caso de darse este cambio. Pero a la hora de la realidad, de los estudios de preinversión y sobre todo de la aprobación de los bancos del crédito necesario, ya las cosas cambian. Si no hay seguridad en los precios durante el tiempo que dure el crédito, que fácil serían unos 10 años, el banco no soltará un centavo, y menos ahora que la principal empresa de servicio público de electricidad en California, Pacific Gas and Electric, se declaró en quiebra con suspensión de pagos. Y ahora resulta que México, con todo lo amolados que podamos estar, y que hasta hace meses era importador neto de electricidad desde Estados Unidos, vende excedentes a California, porque aquí sí quedan todavía elementos de planeación a largo plazo... a los cuales se quiere enterrar con el anuncio de los cambios al reglamento.