Ť Debe ser corregido antes de presentarlo a la alta comisionada de la ONU

Tiene limitaciones el modelo de la PGR para evitar que detenidos sean sometidos a tortura, dice ACAT
 
Ť Aduce la ONG que la autoridad "no toma en cuenta una amplia gama de daños"

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La organización no gubernamental Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) asegura que el Modelo Guía Estandarizado para Examen de Integridad Psicofísica ?elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar que personas detenidas sean sujetas a actos de tortura? "tiene limitaciones" que deben ser corregidas antes de que sea aprobada por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Mary Robinson, y se aplique en las procuradurías del país.

Las autoridades federales pretenden que la guía sea utilizada como base para el convenio de cooperación técnica que el presidente Vicente Fox firmó con dicha funcionaria, a fin de que las autoridades mexicanas cuenten con mecanismos que impidan que agentes policiacos o del Ministerio Público cometan violaciones a las garantías individuales o solapen actos de tortura, crueles o degradantes.

Sin embargo, al igual que ACAT, la organización defensora de los derechos humanos Miguel Agustín Pro pedirá al alto comisionado de la ONU que se reforme el actual proyecto, por considerar que "tiene carencias que impiden verdaderamente conocer a detalle si se incurrió en actos de tortura hacia las personas detenidas".

Edgar Cortés representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, informó que sus observaciones las harán llegar de manera directa a los representantes de la ONU que participarán en las sesiones de cooperación técnica con autoridades mexicanas.

ACAT considera que la propuesta de la PGR carece de una "concepción integral o multidimensional del fenómeno de la tortura, de acercamiento a la persona y su situación de salud (física y mental), ya que no toma en cuenta la diversidad de daños y la posibilidad de que éstos ya hayan desaparecido" en el momento en que se practique el examen médico.

En el escrito que presentarán a diversos organismos de la ONU, ACAT establece que el examen guía, pese a contener múltiples cuestionamientos para saber si una persona fue sometida a actos de tortura, "o recupera un relato detallado de los hechos o malos tratos, no hace referencia al tiempo y momento en que se produce el suceso, cuáles son los métodos empleados y su relación con las secuelas detectadas".

En abril pasado, Mario Alvarez Ledesma, titular de la Dirección General para la Protección a los Derechos Humanos de la PGR, mencionó que "la dignidad humana es una característica fundamental inviolable del ser humano, de la que se deriva el respeto absoluto a la integridad corporal y psíquica de todas las personas y, en especial, de aquéllas que por algún motivo se encuentran involucradas en una investigación ministerial; por lo que se requiere adoptar medidas necesarias para asegurar que los hechos que pudieran constituir alguna violación a los derechos humanos sean identificados y erradicados de las instituciones de procuración de justicia, las cuales constituyen un pilar fundamental para la vigencia del estado de derecho".

A este respecto, dijo que el modelo guía establece que "es necesario que las actuaciones ministeriales se apeguen estrictamente al respeto de los derechos humanos y el presente modelo responde al reconocimiento nacional e internacional, del papel que cumple la ciencia legal o forense como instrumento idóneo para detectar lesiones, pruebas de torturas o malos tratos, y toda forma de violencia, así como el estado clínico integral de salud de las personas".

Indicó que con la puesta en marcha de este sistema de valoración, la PGR pretende que "ninguna acción ilícita que atente contra la integridad física o psíquica pueda quedar impune, y también evidenciará acusaciones falsas de esta naturaleza, y por las que servidores públicos honorables pudieran verse afectados".

El documento en cuestión establece que "la autoridad no puede cometer delitos para perseguir criminales, y el Estado, con todo su poder, debe salvaguardar la integridad física y psíquica de las personas detenidas o puestas a disposición del Ministerio Público, independientemente de la gravedad de su delito, su peligrosidad y sus condiciones particulares".

Por ello, en el texto señala que "vale la pena recordar que durante el primer año de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la tortura ocupó el primer lugar en los actos calificados como violatorios de los derechos humanos, con 446 casos de un total de 3 mil 256", y que el mayor número de recomendaciones se emitieron a la PGR y las procuradurías estatales, "por lo que es necesario establecer nuevos instrumentos y medidas que procuren la prevención de ésta".

Sin embargo, según las observaciones que realiza ACAT, el cuestionario no considera preguntar al afectado "acerca del responsable de los hechos y, por tanto, no puede generar hipótesis acerca de sus finalidades", como tampoco "incluye una evaluación de los aspectos psíquicos del entrevistado", ya que el proyecto "pone un gran énfasis en las características de las lesiones físicas que dejan huella visible y sólo a partir de ello se establece el diagnóstico clínico y su clasificación médico-legal, sin tomar en cuenta la diversidad de daños y secuelas físicas y mentales que se presentan en una persona sobreviviente de tortura".

Juan Antonio Vega aseguró que el modelo guía "por sus limitaciones conceptuales y metodológicas puede omitir el registro de elementos médicos y psicológicos asociados a prácticas de tortura, lo que conlleva el riesgo de que sirva para ocultar este tipo de actos, especialmente en lo psicológico".

En cuanto a la justificación para establecer mecanismos de control, como lo es el modelo guía, ACAT considera que "no presenta una verdadera justificación técnica de la necesidad de este tipo de instrumentos, y la argumentación carece de referentes críticos respecto de los procedimientos e instrumentos de examinación anteriores o a la falta de ellos".

Asimismo, menciona que "la clasificación de las lesiones que se pretende documentar en el actual modelo es restrictiva" y no toma en cuenta "una amplia gama de daños".

Agrega que "la aprobación y puesta en práctica de un Modelo-Guía Estandarizado tampoco garantiza que el ejercicio del examen médico sea realmente independiente, ya que en el pasado los peritos médicos han sufrido presiones institucionales o corporativas para documentar parcialmente hechos de tortura, debido a factores políticos y de garantías jurídicas y administrativas que les garanticen el ejercicio independiente de su profesión".