La política energética mexicana, subordinada a EU

Ť Persisten las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático

MARIA RIVERA

La política energética mexicana está totalmente subordinada a las necesidades de Estados Unidos, sin tener en cuenta criterios ambientales o sociales, afirmó Raúl Benet Keil, director de la organización ecologista Greenpeace. Por eso, indicó, el gobierno foxista lejos de exigir al presidente George W. Bush que asuma sus obligaciones internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático en el mundo, está resolviéndole su crisis de energía llenando la frontera de termoeléctricas, refinerías y gasoductos.

En el foro organizado por La Jornada y Casa Lamm, el ambientalista recordó que cuando el mandatario estadunidense rechazó la firma del Protocolo de Kyoto, las primeras declaraciones del secretario de Energía mexicano (Ernesto Martens) llamaron a la comprensión por la medida. Después rectificó, acepta Benet Keil, pero la primera declaración retrata la postura que el gobierno foxista está siguiendo con el país vecino. ''Nos dicen que estamos con problemas económicos y que hay que meter dólares a como dé lugar, pero eso ya lo oímos antes, ya vendimos el petróleo y ¿qué pasó con la pobreza, con la soberanía, con la independencia del Estado mexicano? Nadie puede decir que la venta del petróleo resolvió la situación económica del país, cada vez estamos peor y más sujetos a las decisiones de las compañías trasnacionales. En Greenpeace ya no creemos en la falsa disyuntiva de que ante la crisis hay que seguir vendiendo al país''.

Ante la situación de emergencia energética estadunidense, la administración de Vicente Fox inmediatamente les ofreció ayuda continua --asegura el dirigente de Greenpeace-- y está llenando de termoeléctricas, refinerías y gasoductos el norte del país, para abastecer a California y Arizona. En la comparecencia del secretario de Energía ante la Cámara de Senadores, el pasado 23 de marzo, Martens Rebolledo admitió la construcción de las termoeléctricas, y en la más reciente del secretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz), donde mencionó las áreas que sufrirán recortes presupuestales, dijo que no se verán afectadas.

La refinería estaría ubicada entre el norte de San Luis Potosí y el sur de Tamaulipas, comentó Benet, mientras que una de las termoeléctricas se ubicará en el área de Mexicali, con capital de la empresa estadunidense Sentra. También sostuvo que tienen documentos donde se prueba que el Instituto Nacional de Ecología (INE) está ''tratando de relajar los estándares ambientales para permitir la construcción de la planta Rosarito 4'', situada en un área protegida. 

El ecologista se preguntó por qué se están levantando esas plantas en México si las están construyendo compañías de Estados Unidos, serán operadas por empresas de ese país y el gas que requieren deberá importarse. ''Si dijeran que el precio de la tierra en California es muy alto, diríamos que en Arizona tienen mucho espacio y es más barato, así que la respuesta no va por ahí, es más simple: las pondrán de este lado porque las regulaciones ambientales son muy laxas, y aunque se quisiera instrumentarlas no hay ninguna fuerza para hacerlo''.

Para Raúl Benet, cuando el gobierno federal soluciona los problemas energéticos al país vecino lo que hace es financiarle sus emisiones de gases de invernadero y su política energética contraria a los intereses mundiales. El cambio climático mundial no es algo que va a ocurrir, insiste, ni se trata de que la temperatura del planeta va a empezar a aumentar en algunos años, es algo que está sucediendo ya y que afecta a todos los ciudadanos. Los científicos del Panel Internacional para el Cambio Climático, que agrupa a investigadores de todo el mundo, han llegado a la conclusión de que se debe a la emisión de esos gases, no hay ninguna duda, es un hecho.

De paso, recuerda, la administración foxista olvida que el cambio climático tendrá efectos terribles en la economía mexicana. ''Las tierras para el cultivo del maíz se verán seriamente afectadas; si actualmente se considera que 10 por ciento del territorio es viable para la siembra de este cereal, en un escenario de cambio climático moderado se va a reducir a menos de la mitad, un impacto inaceptable''. Además, enumera, otros efectos son las sequías como las que está viviendo el norte del país, las inundaciones del sureste y el peligro que empezará a cernirse sobre los pobladores de las zonas costeras. No son datos de Greenpeace ?dice? ni de una investigación de la UNAM, son señalamientos del mismo gobierno, específicamente del Instituto Nacional de Ecología.

''El gobierno de Vicente Fox tenía la obligación de exigir a Estados Unidos que cumpliera su compromiso legal de reducir sus emisiones de gases de invernadero; debió asumir el liderazgo en la petición de que Bush firmara el Protocolo de Kyoto. México es signatario del acuerdo, reconoce las consecuencias del cambio climático, pero lejos de eso subordinó la política energética a las necesidades de aquel país sin ningún criterio social o ambiental y con argumentos económicos más que dudosos''.

La postura de Bush la calificó de ''criminal'', teniendo en cuenta que los estadunidenses son responsables de la cuarta parte de las emisiones de gases de invernadero. ''Cuando el presidente de Estados Unidos argumenta que busca defender los intereses de los consumidores de su país, no es cierto; en cuanto dijo que no firmaría el protocolo, el rechazo fue inmediato; saben que los ciudadanos serán los más afectados; los verdaderos opositores de la firma son las compañías petroleras que llevaron al poder a los republicanos y que tienen en el vicepresidente Cheney su principal defensor''.

Cuando hacemos esos cuestionamientos, tenemos en cuenta los intereses y la defensa de los recursos del país, ataja el ambientalista, ''porque cuando se quieren descalificar las posturas de Greenpeace no faltan voces que señalan que somos organizaciones ajenas. Nuestra oposición a la política energética emprendida por el presidente Fox es totalmente apegada a los intereses nacionales''. Somos, explicó, una organización que lleva a cabo acciones directas para llamar la atención sobre temas cruciales que competen a todos los ciudadanos.

No todas las batallas se pierden, insistió refiriéndose a la postura estadunidense; en algunos campos hay avances importantes. El próximo 21 de mayo se firmará en Estocolmo una convención para prohibir el uso de 12 sustancias cloradas tóxicas, consideradas cancerígenas, que por muchos años se produjeron y vendieron en México. Considera que el gobierno del país ratificará ese convenio. También se refirió el ducto que cancelaron en Coatzacoalcos, que estaba tirando 140 veces más de los tóxicos permitidos al río en torno al cual viven 600 mil personas. ''Debemos ser creativos en las acciones, generar redes de apoyo. No hay que quedarnos inmovilizados porque Estados Unidos no haya firmado el Protocolo de Kyoto. Hay que seguirle entrando a todos los temas'', concluyó.

En la primera quincena de marzo, el gobierno estadunidense dio a conocer su negativa definitiva a la firma del Protocolo de Kyoto, convenio internacional para regular la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Cuatro senadores republicanos, con el vicepresidente Dick Cheney encabezándolos, anunciaron el fin de un compromiso que estaba sostenido sobre bases muy frágiles. Era el fin de un rechazo largamente anunciado.

Si bien durante su campaña el candidato republicano se había comprometido a mantener una activa legislación contra cuatro contaminantes --mercurio, óxido nitroso, azufre y dióxido de carbono--, todos sabían que le resultaría difícil cumplir, ya que más de la mitad de la energía eléctrica generada en Estados Unidos proviene de plantas alimentadas por carbón, elemento que produce el dióxido de carbono.

En 1998, el entonces secretario del Tesoro de la administración Clinton, Paul O´Neill, había señalado que el efecto invernadero era equiparable al holocausto mundial. Tres años después, el dióxido de carbono pasó a ser inocuo. La ley vigente sobre el aire limpio considera que ese elemento ya no es un contaminante, y se ha puesto en duda la relación entre la emisión de gases y el cambio climático. El corolario de tales descubrimientos lo dio el Senado estadunidense al considerar el Protocolo de Kyoto como una injerencia exterior en su política energética.

El presidente Bush, por su parte, argumentó que reglamentar el dióxido de carbono implicaría incrementar sus requerimientos de gas natural, lo que aumentaría el precio de la energía eléctrica para los consumidores. Los medios de prensa estadunidenses señalaron a las empresas petroleras y carboníferas como las responsables de la decisión, al sentir que sus intereses se verían afectados, y en particular hacia Dick Cheney, el poderoso vicepresidente, y quien fue presidente de Halliburton, la compañía de servicios petroleros más grande del mundo. Se dice que donde quiera que haya petróleo, de Irak a Alaska, Halliburton tiene intereses. (María Rivera)