LUNES Ť 14 Ť MAYO Ť 2001

Ť No existe organismo regulador y los concesionarios se niegan a informar a la SCT

Ferrocarriles, al garete desde la privatización

Ť Ilegal, que Zedillo sea directivo de un consorcio que salió beneficiado: Alejandro Nadal

Ť Ninguna preocupación tuvo su gobierno por comunidades que quedaron incomunicadas

MIREYA CUELLAR

El gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo concesionó los ferrocarriles na-cionales pero nunca creó una agencia u organismo regulador que vigilara el cumplimiento de los compromisos contraídos por los concesionarios; nadie investiga sistemáticamente los accidentes ni revisa las licencias de los maquinistas. No sólo eso: desde 1997 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha podido elaborar el anuario de cifras sobre las operaciones ferroviarias porque los nuevos dueños se niegan a informarle de sus operaciones, pese a que la Ley del Servicio Ferroviario, en su artículo 57, se lo señala como una obligación.

En 1995 el Congreso modificó la Constitución para que se pudieran concesionar los ferrocarriles, y en agosto del año si-guiente el gobierno emitió la primera convocatoria, relativa al Ferrocarril del Noreste. Para cuando concluyó el sexenio todo el sistema había sido entregado a la iniciativa privada. Sin embargo, en ese lapso nunca se creó una agencia reguladora como las que existen en otros países.

En febrero pasado el gigante del transporte estadunidense, Union Pacific, anunció que el ex presidente Zedillo pasaría a formar parte de su directorio, pues su "vasto conocimiento de temas económicos y comerciales ayudarán a guiar nuestra estrategia de crecimiento en toda nuestra red de ferrocarriles en los próximos años".

El corporativo ferroviario para el que hoy trabaja Ernesto Zedillo es propietario de Union Pacific Railroad, la red más grande de Estados Unidos y el mayor enlace de trenes con México; opera en seis puntos de la frontera entre ambos países. Es socio de Ferrocarril Mexicano (Ferromex), empresa que se adjudicó la mitad de los Ferrocarriles Nacionales de México. Tiene la concesión de lo que fue el Ferrocarril del Pacífico Norte, con algunas líneas troncales como la Chi-huahua-Pacífico. Esta es por 50 años, con posibilidades de renovación. El 74 por ciento del capital de Ferromex es nacional -del Grupo México- y el 26 restante de Union Pacific Railroad.

ƑEs ilegal que el ex presidente Ernesto Zedillo aceptara un lugar en la junta directiva de Union Pacific Corporation, empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles durante su gobierno? Si se hace una interpretación amplia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la respuesta es sí, considera el analista Alejandro Nadal Egea, pero reconoce que el tema se presta a debate.

La posición del ex presidente, considera Nadal, se debe analizar a la luz de los artículos segundo y 47, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El primer artículo señala que dicha ley es aplicable a los servidores mencionados en los párrafos primero y tercero del artículo 108 constitucional, el cual enumera a los ocupantes de cargos de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación y del Distrito Federal, a los funcionarios del Instituto Federal Electoral, los gobernadores... "y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales".

En el segundo párrafo del 108 constitucional se señala que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

El artículo 47 dice en su fracción XV que los servidores públicos no pueden aceptar un empleo o encargo o comisión de personas físicas o morales directamente vinculadas con las funciones de los servidores públicos.

Para el analista económico, que también es abogado, el hecho de que la Ley de Responsabilidades incluya un "... y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales" abarca al Presidente de la República porque las leyes de orden público, como la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deben ser interpretadas y aplicadas con criterios de orden público, y uno de éstos es que no puede ser restrictiva, sino por el contrario, debe buscar la salvaguarda del interés público.

"Si la LRSP establece esa prohibición en su artículo 46, fracción XV para funcionarios públicos, con mayor razón se debe aplicar a quien fue titular del Ejecutivo Federal", apuntó Nadal.

Una asociación provechosa

La relación entre Grupo México y la Union Pacific Railroad se inició en 1997, cuando se asociaron con ICA para participar en la licitación ferroviaria. Union Pacific entró como el socio más pequeño, con apenas 13 por ciento de las acciones, pero en marzo de 1999 ICA salió de la sociedad y la ferroviaria estadunidense se quedó con el 26 por ciento de las acciones que tiene a la fecha.

Ferromex pagó -al decir de Emilio Sa-cristán Roy, ex subdirector de Ferronales- "menos de lo que creíamos que se iba a obtener por el Ferrocarril del Pacífico Norte": 4 mil 196.4 millones de pesos, en marzo de 1997. A su vez, Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), la empresa que compró la otra vía importante, el Ferrocarril del Noroeste, desembolsó 11 mil 71.9 millones de pesos.

La semana pasada militantes del Partido de la Revolución Democrática presentaron una demanda penal ante la Procuraduría General de la República en contra del ex presidente Zedillo y del ex secretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán, a quienes acusaron de tráfico de influencias. Según los denunciantes, el ex subdirector de Ferronales Emilio Sacristán Roy es primo del ex titular de la SCT.

A los concesionarios les está yendo bien. Cuando el gobierno abandonó el ferrocarril, el sistema de carga movía 10 por ciento del tráfico que se daba en el país. En poco más de dos años, según cifras extraoficiales, la proporción se ha elevado a 16.6 por ciento. Las empresas han vuelto más eficientes los plazos de entrega y están recuperando la confianza del mercado, según sus propios informes.

Los relegados

A quienes nos les va muy bien es a las comunidades rurales cuyo único medio de transporte era el ferrocarril, en las cuales el gobierno pasado no reparó cuando concesionó el servicio de carga y dio por sentado que no habría ya un sistema de pasajeros. Cuando los legisladores modificaron el 28 constitucional para que el Ejecutivo pudiera concesionar y preguntaron por los pasajeros, el compromiso del gobierno fue que se construirían carreteras y se mantendría un subsidio para que funcionara el servicio de pasajeros donde fuera necesario. No ha ocurrido así.

En Zacatecas, decenas de comunidades tienen una lucha constante con la empresa Ferromex y el gobierno del estado -el federal simplemente se desentendió- para que el ferrocarril de pasajeros atraviese sus comunidades asentadas en el desierto cuando menos dos veces por semana. Ferromex, empresa de la cual es accionista el corporativo para el cual trabaja Zedillo, sólo ha mantenido el único servicio de pasajeros que es rentable, el del Chi-huahua al Pacífico. El famoso Chepe corre de la capital del estado de Chi-huahua a Los Mochis, Sinaloa, como ne-gocio turístico. Buena parte de sus pasajeros son extranjeros. Como por esa región hay también muchas comunidades pobres que no cuentan con otro medio de transporte -en esa sierra habitan los tarahumaras- existe un servicio de segunda clase para ellos, a partir de un padrón de pobres.

Sin embargo, como el tramo Zacatecas-Torreón no tiene ningún atractivo turístico y por lo tanto no hay negocio posible, Ferromex no muestra flexibilidad para dar el servicio. Los habitantes de la zona han tenido que bloquear las vías y detener los vagones de carga para obligar a la empresa a sentarse con el gobierno estatal y encontrar una salida a su problema de transporte.