lunes Ť 14 Ť mayo Ť 2001

Iván Restrepo

Jubilaciones y carencias en Yucatán

Solferino es un pequeño poblado de Quintana Roo, media hora distante de la costa del Golfo de México. Su nombre original en maya es Lahká, pero cambió en la época en que se extraía de la región el palo tinto que amontonaban en la plaza y que luego lucía color violeta, solferino. La mayoría de sus mil 200 habitantes son indígenas pobres conscientes de la necesidad de conservar los recursos naturales y de que si éstos son bien utilizados pueden aumentar sus ingresos y evitar el deterioro que ya se observa en otras áreas de la península de Yucatán.

Ahora mismo gracias a los fondos del Programa de Desarrollo Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tienen funcionando un orquideario, un marpiosario y la reproducción y conservación del venado cola blanca y oco faisán.

Muchos otros proyectos viables tienen en su carpeta de pendientes los pobladores de Solferino, pero no disponen de dinero para echarlos a caminar. Por ejemplo, el ecoturismo, que allí tiene amplias posibilidades, pues cuentan con la bella laguna de Pa Chem, el impresionante cenote El Jaguar, concesionado a una empresa privada que cobra 60 dólares a cada turista que lleva a refrescarse y a nadar en sus aguas cristalinas; la sabana de Chi Nah con árboles de corcho y vecina de la reserva de Yumbalam. Además, se encuentra en buen estado parte importante de la flora y la fauna que han dado fama mundial a la península de Yucatán.

Comparado con lo que los gobiernos estatal y federal gastan en publicidad o en ceremonias de relumbrón que pronto se olvidan (como la reciente de procuradores en lujoso hotel de Cancún), en Solferino necesitan poca cosa para impulsar el ecoturismo. Y aun así, no la tienen.

Tampoco la tienen muchos otros pueblos de la península y del resto del país con posibilidades de diversificar sus actividades económicas, crear em-pleos y, de paso, cuidar el medio ambiente. En cambio otros, que cuentan con padrinos y complicidades, reciben ingresos del erario, aunque no trabajen. Uno de ellos es Orlando Paredes Lara, candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán.

Hace ocho días, Ricardo Rocha informó en su programa Detrás de la Noticia que este personaje desde hace más de 16 años cobra como maestro sin haber impartido en ese lapso una sola clase. En 1984, cuando Víctor Cervera Pacheco se hizo cargo por primera vez de la gubernatura de ese estado, nombró al profesor y licenciado Paredes Lara secretario de Gobierno. Pidió entonces "licencia con goce de sueldo" y jamás volvió a ejercer como docente en la escuela secundaria Agustín Franco. Sin embargo, diez años después de que se le concedió la licencia para cobrar sin trabajar, gestionó y obtuvo su jubilación como maestro. Tampoco tenía la edad requerida para ello.

Y así, desde 1994, cobra cada mes 19 mil pesos, la pensión más alta de todas las que reciben los mil 700 maestros jubilados que hay en Yucatán. Eso significa algo así como 250 mil pesos al año, si le sumamos aguinaldo y otros reconocimientos. Y es que Paredes Lara es el clásico triunfador, si nos atenemos a los cargos que ha ocupado y en los que ha obtenido elevados ingresos: mientras disfrutó de su "licencia con goce de sueldo" y luego vino su jubilación, fue dos veces diputado, primero local y después federal, y posteriormente, senador de la República. En su vida política solamente ha perdido una batalla: cuando contendió por la presidencia municipal de Mérida, pese a disponer de todo el apoyo de su partido y del sector público. Ahora, como hombre de todas las confianzas de Cervera Pacheco, espera no perder por segunda ocasión, esta vez el cargo que anhela desde que se inició en la política: la gubernatura de su estado.

Aunque Paredes Lara sostiene que es "un jubilado más de la educación y ese derecho lo gané a ley", y varios directores de escuelas preparatorias manifiestan "con toda la fuerza moral" su rechazo a las imputaciones de mal otorgamiento de dicha prerrogativa y le reiteran su apoyo partidista al "maestro mayor", se trata de un pequeño ejemplo de la forma en que el sistema que gobernó México durante 71 años favorecía a sus incondicionales.

El monto de esa jubilación, que se paga con nuestros impuestos y se otorga violando la ley, basta y sobra para echar a caminar los proyectos que tienen pendientes en Solferino por falta de recursos.

Con lo que el candidato del PRI ha recibido desde que se jubiló como profesor, otros diez pueblos mayas harían realidad pequeños programas que generarían empleo y garantizarían la conservación de la flora y la fauna locales. Una injusticia que el gobierno foxista no debería tolerar.