MARTES Ť 15 Ť MAYO Ť 2001

Ť En riesgo, la paz que el pueblo anhela, advierte

Episcopado: la ley indígena aprobada genera tensiones políticas y sociales

JOSE ANTONIO ROMAN

Las tensiones políticas y sociales que ha generado la aprobación de la ley de derechos y cultura indígenas refleja el ''incipiente'' proceso de transición democrática que vive el país, afirmó ayer el Consejo de Presidencia del Episcopado Mexicano, al sostener que bajo estas circunstancias se pone en riesgo el clima de paz y tranquilidad que el pueblo anhela.

A los obispos les preocupa, agregó, que los intelectuales y los políticos mexicanos no alcancen a orientar la opinión pública para evitar que las pasiones se sobrepongan a un diálogo sereno.

''No levantemos nuevos muros de división y hostilidad que nos separen a los mexicanos, sino busquemos construir juntos un país justo, reconciliado, solidario y fraterno'', señaló en una declaración episcopal leída ayer por el presidente de la Comisión de Comunicación Social, Guillermo Ortiz.

El texto no expresa una opinión clara del Consejo de Presidencia en torno a la ley indígena, concretándose a mencionar los argumentos y puntos de vista encontrados, llamándolos a dejar a un lado las posiciones inamovibles.

Así, de un lado destacó que el rechazo se debe a que la ley aprobada no asume aspectos sustantivos de la iniciativa original del Presidente, mientras que por el otro dijo que la ley contiene ''avances significativos'' que pueden contribuir al proceso de paz en Chiapas.

Incluso, citó algunos argumentos expresados a favor de los legisladores, en el sentido de que las modificaciones hechas a la ley podrían explicarse por la preocupación de los diputados y senadores para evitar posibles consecuencias negativas.

En su llamado a abandonar las posturas irreductibles, el mensaje de los seis obispos y arzobispos que integran el Consejo es que las posiciones encontradas y el debate descalificatorio que se presentan en los medios, no favorecen ni el fortalecimiento de nuestras instituciones ni el diálogo sereno que permita superar las diferencias ideológicas o partidistas.

De todas formas la declaración de los obispos estimó que el proceso legislativo ''aún no termina'', pues queda pendiente la aprobación o rechazo mayoritario de las legislaturas estatales.

Lo prudente, en consecuencia, es esperar a que los legisladores de los estados, conscientes del impacto social que puede causar la aprobación o rechazo de la ley en el momento político que vivimos, actúen pensando en el bien de México y en asegurar una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas que garantice no sólo sus derechos humanos y su cultura, sino su pleno desarrollo e integración al progreso de la nación mexicana.

''Los legisladores de los estados deben asumir con responsabilidad la tarea de analizar el dictamen de reforma del Congreso de la Unión y podrán en todo caso, con sus observaciones, mejorar el texto de la ley, la cual debe beneficiar a todas las etnias por igual'', señaló.

El documento está suscrito por los seis integrantes del Consejo de Presidencia, formado por el presidente del Episcopado Mexicano, Luis Morales Reyes (arzobispo de San Luis Potosí); el vicepresidente, José Guadalupe Martín Rábago (León); secretario general, Abelardo Alvarado Alcántara (auxiliar de México); tesorero, Guadalupe Galván (Ciudad Valles), y los vocales Javier Navarro (San Juan de los Lagos) y Ricardo Watty (Nuevo Laredo).

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal, el presbítero Francisco Javier González, presente en la conferencia de prensa, apuntó que el documento, si bien es sólo del Consejo de Presidencia, fue consultado también a prelados vinculados directamente con la cuestión indígena, como es el caso del obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, y José Luis Dibildox, de la diócesis de la Tarahumara, mismos que estuvieron de acuerdo. Hay que recordar que en este último caso, el del obispo de la diócesis chihuahuense, junto con su prebiterio, enviaron al presidente Vicente Fox la solicitud de que vetara dicha ley, y que se abriera un nuevo proceso de consultas.

Por último, los obispos invitaron al pueblo a que en éste como en otros momentos difíciles de la vida política de México, seamos sensibles a buscar la conciliación de nuestras ideas e intereses, sabiendo que la paz y la armonía en nuestra convivencia social es un buen superior para la nación. ''El respeto a las instituciones y a nuestras leyes es el único camino para la paz'', concluyeron.