Tras la aprobación legislativa de las desvirtuadas y mutiladas reformas constitucio- nales en materia de derecho y cultura indígenas, a fines de abril pasado, y del rechazo del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a tales modificaciones, el conflicto chiapaneco y la situación general de los indígenas en el país han vuelto a una indeseable situación de estancamiento e indefinición que es preciso y urgente revertir. 

En tal circunstancia, debe leerse con atención el anuncio formulado por el comisionado gubernamental para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, en el sentido de que el Ejecutivo federal impulsará una "nueva estrategia" para resolver el conflicto, y que buscará subsanar las reivindicaciones indígenas que a la postre fueron excluidas de la reforma constitucional por unas coordinaciones parlamentarias que no fueron capaces, en su momento, de responder a los intereses nacionales ni al reclamo de paz y dignidad que se extiende por amplios y mayoritarios sectores sociales. 

El funcionario no mencionó detalles de esta nueva estrategia, pero el simple anuncio parece confirmar la insatisfacción del Ejecutivo con el engendro legislativo y su percepción de que la solución al conflicto chiapaneco y el establecimiento de un estatuto justo y digno para los indígenas mexicanos pasan necesariamente por recuperar el espíritu original de la iniciativa de reformas enviada por el presidente Vicente Fox al Senado el día de su toma de posesión, iniciativa que fue inicialmente redactada, con base en los acuerdos de San Andrés, por la Comisión de Concordia y Pacificación del propio Congreso de la Unión. 

Un dato a considerar es que la próxima etapa en el proceso de aprobación de las reformas referidas es su examen por las legislaturas estatales, y que se requeriría el acuerdo de 16 de ellas, al menos, para que las modificaciones cobren fuerza de ley. En esta perspectiva, cabe esperar que tal acuerdo no se produzca, que los Congresos locales la regresen al Legislativo federal y que se abra, así, el margen necesario para restituirle, allí, su sentido original. La "nueva estrategia" mencionada por Luis H. Alvarez tendría que ir orientada a impulsar este curso de acontecimientos. No será fácil, ciertamente, pero no parece haber otra salida legal acorde con la ética, la voluntad de paz, la justicia y el sentido común.