MIERCOLES Ť 16 Ť MAYO Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
La situación de la vivienda
En el Distrito Federal hay un déficit acumulado de cerca de 295 mil unidades de vivienda faltante, inadecuada o que carece de infraestructura y servicios básicos, incluyendo unas 15 mil ubicadas en zonas de alto riesgo. Un porcentaje no determinado del resto de las viviendas capitalinas presenta grados diversos de deterioro estructural, hacinamiento o baja calidad habitacional; entre ellas una parte de las 452 mil ubicadas en unidades habitacionales de interés social.
Si se mantiene la tendencia de bajo crecimiento demográfico en el Distrito Federal, derivada de la expulsión masiva de población hacia los municipios conurbados del estado de México y otras localidades, que se traduciría en 800 mil habitantes adicionales, en los próximos 25 años será necesario construir en promedio 32 mil 500 viviendas anuales, a las que habría que añadir otras 11 mil 800 anuales para cubrir en ese largo periodo el déficit acumulado.
Si se duplicara la densidad actual de ocupación del suelo, construyendo en altura, y se impidiera eficazmente la expansión sobre el suelo de conservación rural, se requerirían 15 mil 600 hectáreas de terrenos baldíos o de reutilización; se calcula que en el área urbanizada actual de las 16 delegaciones se dispone de 6 mil 200 hectáreas con esta potencialidad, lo que arroja un faltante de 9 mil 400 hectáreas.
Si, como debiéramos, pensamos en la Zona Metropolitana en su conjunto, en los municipios mexiquenses conurbados, cuyo crecimiento demográfico será seis veces mayor que el del Distrito Federal, tendríamos que añadir la necesidad de cerca de 578 mil viviendas nuevas para alojar a 2 millones 600 mil habitantes adicionales, sin contar la necesaria reposición y el cuantioso déficit cuantitativo y cualitativo acumulado.
Elevando también la densidad de ocupación del suelo, se necesitarían 30 mil 700 hectáreas adicionales de suelo no urbanizado; o aplicar una política de densificación y reutilización para reducir significativamente esta cantidad, lo que permitiría mitigar el impacto sobre las zonas rurales y de preservación ecológica del estado de México.
Estas proyecciones sólo se refieren a unidades físicas de vivienda. A ellas habría que añadir todos los demás elementos complementarios para lograr un habitat adecuado a las necesidades y posibilidades actuales, tanto en las colonias irregulares o con dotación insuficiente de infraestructura y servicios sociales como para atender a las viviendas nuevas: mejoramiento de la infraestructura vial y de transporte público existente o creación de la requerida por la nueva vivienda; resolución del déficit de agua potable existente y de las nuevas necesidades derivadas del crecimiento demográfico inevitable; adecuación de los servicios sociales existentes, atención a su déficit cuantitativo y cualitativo actual, y generación de los requeridos por el aumento de la población residente; reciclamiento y ordenamiento de los sistemas de abasto y comercio existentes en la periferia urbanizada y dotación de nuevas opciones en este campo; y replanteamiento de la relación distancia-tiempo entre vivienda y actividad laboral. Todo ello, para evitar el excesivo desplazamiento de la población residente, que implica costos monetarios, tiempo perdido en viajes, desgaste físico, excesivo uso de medios de transporte, contaminación ambiental, etcétera.
El Gobierno del Distrito Federal está haciendo un esfuerzo presupuestal y organizativo enorme para construir 10 mil viviendas nuevas y apoyar 15 mil acciones de mejoramiento y ampliación anuales, orientadas a los sectores populares más pobres, que se prolongaría durante todo el sexenio. Quedaría por resolver la demanda restante --22 mil viviendas nuevas en promedio anual--, que incluiría a sectores de trabajadores de ingresos medios bajos, y a las capas medias profesionales y empresariales; aunque suponemos que es la tarea del sector inmobiliario privado, sería necesario definir políticas públicas urbanas para atender esta necesidad, y lograr los acuerdos con el sector que garanticen la atención a esta demanda no asumida por el gobierno local.
La política de control estricto del crecimiento periférico del Distrito Federal sobre su suelo de conservación rural, y de repoblamiento y redensificación del área ya urbanizada, vigente desde el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal aprobado en 1996, y aplicado con variantes desde entonces, particularmente en el actual gobierno, es una orientación correcta y fundamental para lograr la reversión de las tendencias de despoblamiento de las áreas centrales y crecimiento urbano periférico extensivo. Sin embargo, la implantación efectiva de esta política de ordenamiento urbano supone responder a múltiples y complejos problemas objetivos, que si no obtienen respuestas coherentes y articuladas pondrían en riesgo su viabilidad real.