viernes Ť 18 Ť mayo Ť 2001
Silvia Gómez Tagle
Crimen y castigo
La visita del relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Dato' Param Cumaraswamy, ha traído nuevamente a la discusión pública el grave problema de la impunidad que existe en nuestro país. De sus observaciones, después de haberse reunido tanto con las autoridades gubernamentales del más alto nivel como con un gran número de organizaciones no gubernamentales preocupadas por la defensa de los derechos humanos, destaca la existencia de una gran desconfianza de los ciudadanos respecto de las autoridades competentes en la administración de justicia. También la comunidad judía expresó al presidente Fox su preocupación por la inseguridad, la cual, se dijo, es un problema que concierne a todas las clases sociales.
Efectivamente, más allá de la posición social, todos los habitantes de un país esperan que el Estado cumpla con una obligación fundamental: resguardar el territorio nacional de las amenazas externas y que sea capaz de garantizar la seguridad de las personas como de sus bienes.
Algunos estudiosos de la conducta criminal proponen una hipótesis muy lógica: "los individuos tienden a incurrir en conductas criminales porque encuentran en esas conductas incentivos económicos, sociales y políticos, en comparación con la gratificación que podrían obtener por medio de un trabajo legal, tomando en consideración la probabilidad de ser castigados y la severidad del castigo que se imponga a los infractores de la ley".
En México se ha discutido recientemente el problema desde la perspectiva de la severidad de los castigos, pero poco se ha analizado el problema de la eficacia de los mecanismos para castigar a los criminales de diversos tipos. En este caso me refiero a delincuentes comunes más que a la corrupción de los funcionarios públicos, aun cuando, finalmente, ambos problemas tienen algún grado de relación.
Cuando se habla de inseguridad existen dos tipos de actos delictivos: el robo y los atentados contra las personas, de los cuales el más grave es el asesinato; el segundo es un delito difícil de ocultar, por lo que suele ser denunciado ante las autoridades; del robo en general no se tiene información en la mayor parte de los casos, porque los ciudadanos no creen en la eficacia de las autoridades y no siempre se dan la molestia de denunciarlo. El secuestro incluye los dos tipos porque atenta directamente contra los bienes y la persona misma, pero con frecuencia no es denunciado, a pesar de ser un problema tan grave, de ahí que sea atendible la demanda de tipificarlo como un delito federal.
Sin embargo, atendiendo a la eficacia de las autoridades respecto de delitos denunciados, los resultados preliminares de un estudio de Beatriz Magaloni y Guillermo Zepeda, presentado en 1999 en el Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California, ofrecen datos que ilustran la naturaleza y la gravedad del problema mexicano.
Las denuncias de actos delictivos de cualquier tipo ante el Ministerio Público pueden desembocar en dos "soluciones": una es el archivo muerto, donde quedan como asuntos pendientes por tiempo indefinido, o la investigación del caso. Según la investigación realizada en el estado de Puebla, 85.5 por ciento de los casos queda en el archivo muerto.
Los casos que se investigan pueden, a su vez, arrojar como resultado que las autoridades "no son competentes" o "un crimen que perseguir". En la segunda opción, si el juez dicta la orden de aprehensión, existe la posibilidad de que las autoridades sean incapaces de encontrar al delincuente. En promedio la probabilidad de ser arrestado habiendo cometido un acto criminal a nivel nacional, según los autores antes mencionados, era de 0.05. La ineficacia de las autoridades que deben participar de diversa forma en la administración de justicia: Ministerio Público, cuerpos policiacos, autoridades judiciales, puede tener origen en la falta de recursos, la falta de capacitación para realizar su trabajo, pero también en la negligencia que encubre la corrupción y la complicidad con los delincuentes.
Finalmente, está la etapa del juicio, donde también existe un alto índice de ineficacia, ya que por diversas razones (que podrían ser falta de pruebas, intereses personales involucrados o inclusive amenazas contra las personas) los jueces no dictan una sentencia que permita castigar al delincuente.
El resultado final es la gran impunidad que prevalece en el país, la cual atenta no solamente contra la seguridad de las personas, sino contra la estabilidad del sistema político en su conjunto porque pone en riesgo el estado de derecho y abre la posibilidad de caer en una espiral de falta de legitimidad de las instituciones públicas que genere una ola de violencia.