VIERNES Ť 18 Ť MAYO Ť 2001
Ť Adolfo Pérez EsquivelŤ
Jóvenes en riesgo, Ƒdelincuentes o víctimas sociales?
La sociedad está preocupada por el alto índice de delincuencia social que se incrementó en los últimos años en Argentina. Ante esta situación el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, ha reiterado varias veces su política de "mano dura" contra la delincuencia, como una respuesta a los reclamos sociales de mayor seguridad, lo que consistiría en dejar manos libres al accionar policial con las graves consecuencias que esto significa.
Se pueden hacer diversas lecturas de la situación que vive el país, como sobre las causas que generan el aumento de la violencia. Podríamos señalar, entre otros indicadores, el alto índice de cierre de fuentes de trabajo, lo que ha provocado una altísima desocupación en el país, y con esto extensión de la pobreza y exclusión social. Como consecuencia aumenta también el abandono de niños que quedan en condiciones de riesgo social. A esta situación se suma la represión policial que pretende controlar la violencia con mayor violencia, lo que genera una espiral incontrolable.
Los hechos más recientes son los asesinatos de dos menores en Bancalari, provincia de Buenos Aires, a manos de presuntos escuadrones de la muerte integrados por policías, semejantes a los que existen en Brasil y que matan a los llamados meninos de la rúa (niños de la calle). Estos escuadrones fuera de la ley tienen sus "propias leyes", entre ellas la tortura y el asesinato de supuestos delincuentes.
Y mientras esta tragedia se extiende no se aplica ningún tipo de política social destinada a solucionar el drama de miles y miles de niños que viven bajo el umbral de la miseria, en situaciones infrahumanas. Ellos son las víctimas sociales más desprotegidas de estos tiempos. Aunque el Estado tiene programas de asistencia para ellos, éstos no son suficiente o son ineficientes y la mayoría de los institutos de menores son parte de la tragedia nacional.
La función policial es importante en la sociedad si cumple sus objetivos fundamentales para las que fueron creadas, ser fuerzas de prevención y de seguridad social. Lamentablemente las fuerzas policiales pasaron a ser fuerzas de represión, aplicando torturas, trato cruel, inhumano y degradante a menores de edad. La herencia de las sucesivas dictaduras perdura hasta ahora y se potencia ante la tragedia social. Según denuncias del doctor Carlos Eduardo Bigalli, asesor de menores, sólo en un juzgado de San Isidro (partido bonaerense) hubo unas 378 denuncias de ese tipo de maltratos contra niños, por parte de personal policial, entre el 1o. de enero de 2000 al 31 de abril de ese año, lo que fue informado al Patronato de Menores de la Corte Suprema de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Este informe fue elaborado por Bigalli, en respuesta a una solicitud del presidente de la Corte Suprema. De esa información surge la existencia de 40 niños muertos en supuestos enfrentamientos con la policía durante 1999. Aún no se ha concluido el relevamiento del año 2000. También se puso en conocimiento de la corte el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, donde se da cuenta de la muerte de personas a manos de fuerzas policiales y de acuerdo con esto 87 niños resultaron víctimas entre 1983 y 1999, mientras que en los primeros ocho meses de 2000 suman ocho los niños victimados.
Y esto es sólo lo que se sabe aquí. Se añade la situación de niños, adolescentes, en los institutos de máxima seguridad donde el maltrato es denunciado constantemente. La extensa información pone en evidencia las graves violaciones de los derechos humanos de los menores de edad en Argentina, lo que viola la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Pero esta grave situación se ve manipulada incluso por autoridades. Los intendentes de San Fernando, Osvaldo Amierio, y de San Isidro, Gustavo Posse, criticaron la actuación y las denuncias del doctor Bigalli, como defensor de niños pobres imputados de la comisión de delitos. Amieiro, por ejemplo, cuando fue víctima de un presunto robo, se lo "dedicó" a Bigalli, responsabilizándolo de estos hechos por, supuestamente, "dejar en libertad a menores delincuentes". A su vez, Posse sostuvo que el asesor de menores tiene "un criterio de defensa cuando los autores de delitos son menores". Aunque reconoce que los jueces y el asesor cumplen con la ley sostiene que no puede ser que actúen "en contra de la política de seguridad y de justicia".
Esto son criterios eminentemente de política oportunista y en general es lo que está sucediendo en el país, cuando se plantean estos casos. Así, muchos funcionarios dicen que los jueces deben cumplir la ley, pero los descalifican cuando lo hacen en función de su tarea real. Y esto se extiende a muchos países, con lo cual millones de niños son hoy las víctimas más desgarrantes de la miseria del modelo. Así esos menores desamparados, a los que el Estado niega sus derechos humanos y sociales, son transformados en una "amenaza para la sociedad" y no como las víctimas que son. Se busca para ellos la represión y no la salvación y el reintegro a la sociedad que los expulsa y los maltrata.
Los niños son sujetos de derecho. Es hora de que se detenga la represión brutal y se establezcan políticas preventivas, que consideren educación y contención. La sociedad debe abrir un debate público sobre el tema, mirarse a sí misma y exigir a los gobiernos el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. No es creando más y más cuerpos policiales para reprimir y matar como se soluciona este drama y todos lo sabemos. Las niñas y niños en riesgo social necesitan comprensión y amor para poder comenzar una vida nueva. Ningún niño está en la calle sufriendo la miseria porque quiere. Son los excluidos más excluidos. Necesitan protección y además tienen derecho a ella. Son realidades distintas para ver un problema, pero ese problema a lo largo de la humanidad no se soluciona con un disparo en la cabeza, sino con justicia.
Hay quienes le ponen precio a todo y valor a nada. Aun en esta tragedia hay signos de esperanza en aquéllos que piensan y actúan valorando al ser humano, a los niños víctimas de las injusticias sociales y luchan como los defensores de menores o las organizaciones no gubernamentales, y también algunos escasos funcionarios, por una vida más justa, pero no pueden ni deben hacerlo solos y menos aún condenados por algunos mercaderes de la información y la política. Los derechos humanos son un valor consagrado de la humanidad y nadie puede usarlos ni manipularlos en contra de quienes mejor los practican, o intentan hacerlo, en el contexto de esta tragedia mundial que ha sembrado el modelo económico actual.
ŤPremio Nobel de la Paz 1980