VIERNES Ť 17 Ť MAYO Ť 2001
Ť Dará preferencia a estudiantes de los sectores más desfavorecidos
Quedó formalmente establecida la Universidad de la ciudad de México, mediante un decreto
Ť Aunque aún no se define el sitio donde será construida, el GDF prevé que en agosto se inicien clases en sedes alternas Ť En junio se publicará la convocatoria para inscripciones
RICARDO OLAYO GUADARRAMA
Por decreto, el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, creó la Universidad de la ciudad de México, que funcionará con tres consejos y un rector como órganos de gobierno y de administración, "buscando que preferentemente se atienda a los sectores más desfavorecidos de la sociedad del Distrito Federal".
La institución impartirá educación democrática en los términos del artículo tercero constitucional; "promoverá el libre examen y discusión de las ideas; procurará dar una formación crítica, científica y humanística, y estará orientada a satisfacer las necesidades de la población del Distrito Federal", indica el decreto publicado en la Gaceta Oficial del DF.
A más tardar el 20 de julio tiene que integrarse el Consejo de Gobierno, con nueve miembros, y en agosto se iniciarán las clases; la convocatoria para inscripción de los alumnos podría emitirse en los últimos días de junio.
Mientras, las autoridades capitalinas buscan el terreno para edificar la Universidad, aunque se prevé que en agosto puedan impartirse clases en "sedes alternas", aún no definidas.
La Secretaría de Desarrollo Social informó que en la calle Gante 15, en el Centro Histórico, podría estar la sede de la Universidad de la ciudad de México, aunque para ello es necesaria una revisión estructural del inmueble para determinar si cumple con las garantías de seguridad.
Además, el GDF está a la búsqueda de terrenos para las 16 preparatorias en igual número de delegaciones. Aunque ya se habían seleccionado algunos, existen diferencias con los diputados locales sobre los lugares en que se deben establecer las preparatorias.
El decreto de creación de la Universidad de la ciudad de México indica que los programas y el tipo de carreras serán definidos por la instancia de gobierno en materia académica, el Consejo General Interno.
La universidad será un órgano público descentralizado de la administración capitalina, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social.
Forma parte del Sistema Educativo Nacional, según lo establece la Ley General de Educación, y funcionará "en la forma y modalidades que establezcan sus órganos académicos y de acuerdo con los recursos que le sean asignados".
Estará integrada por los consejos de Gobierno, Asesor, General Interno y el rector, quien podrá ser nombrado por el jefe de Gobierno o bien propuesto por alguna de las otras instancias.
El Consejo de Gobierno lo integrará la secretaria de Desarrollo Social, Raquel Sosa, quien será presidenta; los titulares del Instituto de Educación Media Superior del DF; del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (aún no designado), un representante de la Secretaría de Finanzas, otro de la Oficialía Mayor, dos representantes académicos surgidos del Consejo General Interno, y dos más, del Consejo Asesor.
El titular de la secretaría técnica del Consejo de Gobierno será propuesto por Sosa, con la aprobación de la mayoría de representantes.
De acuerdo con el decreto, cada consejo podrá opinar y será tomado en cuenta en diferentes decisiones o políticas de la nueva universidad. Así, el Consejo General en su determinación de prioridades tomará en cuenta lo que opinen los integrantes de los consejos Asesor y el General Interno.
Por lo pronto, la única instancia que ya opera es el Consejo Asesor, cuyos integrantes fueron presentados el 9 de enero pasado y son los siguientes: Helena Beristáin, Luis de la Peña, Mónica Díaz Pontones, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Enrique Leff, Esther Orozco, José María Pérez Gay, Luis Villoro, Manuel Pérez Rocha, Mario Molina y Horacio Flores de la Peña.
Por su parte, el rector -indica un artículo transitorio- presentará un estatuto para su aprobación en no más de 90 días hábiles.