VIERNES Ť 17 Ť MAYO Ť 2001
Ť La contralora recibió extrañamiento tras su informe
Responde Luján preguntas que le habían hecho diputados
GABRIELA ROMERO Y ELIA BALTAZAR
Luego del extrañamiento emitido por legisladores locales a la contralora general del DF, Bertha Luján, a quien acusaron de no haber respondido oportunamente a una serie de dudas y cuestionamientos, la funcionaria entregó ayer un documento en el que detalla las respuestas que quedaron pendientes, dirigidas a cada uno de los diputados que en su momento expresaron las preguntas.
En el informe la contralora aborda nuevamente la controversia en torno de 5.9 mil millones de pesos faltantes, como resultado de diversas observaciones en las diferentes áreas administrativas de gobierno. Insiste que lo anterior "no presume de ninguna forma faltantes o irregularidades", pues las auditorías se encuentran en etapa de solventación.
Explica a los legisladores: "El informe presentado se refiere a observaciones pendientes de solventar por montos diversos, de entidades e instancias diversas, que no son sumables. Por lo tanto, la cantidad de 5.9 mil millones, al provenir de múltiples entidades y áreas no puede ser imputable a una sola
persona".
Y advierte que "en aras de mantener el estado de derecho, no debemos acusar a nadie sin pruebas o especular sobre responsabilidades que no tienen fundamento". En ese sentido, agrega, hasta que queden debidamente comprobadas conforme a las normas vigentes "podremos emitir resoluciones al respecto".
Sobre el mecanismo de auditoría, explica que a marzo el avance general en el cumplimiento de las metas programadas fue de apenas 20 por ciento en el total de las auditorías, pues cada una de éstas tiene una periodicidad y duración variables.
En el nuevo informe entregado por la contralora a los diputados también trata el tema de la prescripción de expedientes que documentan irregularidades de funcionarios. Expone que los plazos en que prescriben las faltas cometidas por servidores públicos son muy cortos: si éstas son leves es de sólo un año, y tres si son graves.
Además, el plazo comienza a correr a partir de la fecha en que se cometió la falta, y no cuando se detectó. El plazo se consume, pues, en el proceso de investigación y fincamiento de responsabilidades. Y para entonces habrá que ver si se logra localizar y notificar al servidor implicado.
El problema, abunda, se agudiza por el rezago en el trámite de expedientes, desde administraciones anteriores. Pero reconoce que en 2000 se abatió casi 60 por ciento el rezago existente. Por todo lo anterior, recomienda la funcionaria, es necesario que se modifique el marco normativo en materia de prescripción de responsabilidades.
Luján también informa a los diputados que el monto total de ingresos por sanciones económicas impuestas por la Contraloría suman 3 mil 576 millones 364 mil pesos. Y como resultado de las irregularidades administrativas detectadas durante 2000, a la fecha hay mil 29 funcionarios públicos sancionados.