Ť Al romperse los pactos de silencio, todo llegó muy lejos, dice abogado querellante

El juicio sobre la venta ilegal de armas de Argentina a Croacia y Ecuador, en fase final

STELLA CALLONI CORRESPONSAL/I

Buenos Aires, 20 de mayo. Desde que apareció en escena en la primera semana de marzo de 1995, el escándalo de la triangulación de venta de armas argentinas a Croacia y Ecuador, violando --desde cuatro años antes--- las leyes internacionales mediante decretos presidenciales secretos del gobierno de Carlos Menem, el juicio llevó un camino zigzagueante. Pero desde que recientemente Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares en aquel periodo rompió el silencio, el juicio aparece como en fase final, pese a la serie de maniobras y subterfugios ?como los intentos de llevar el juicio ante la Corte Suprema? y amenaza con llevar a la cárcel al ex presidente Menem y otros funcionarios.

El paso de personajes del pasado por los tribunales ahonda aún más el escándalo. El pasado 14 de mayo, Sarlenga, cuyas primeras declaraciones de este año posibilitaron la detención de Emir Yoma, ex asesor y ex cuñado de Menem, involucraron más aún a éste y al general Martín Balza, ex jefe del ejército. Al ampliar Sarlenga su declaración, dijo que Emir Yoma le entregó a fines de 1994 un papel con el número de la cuenta Daforel del Banco MTB de Nueva York, donde el traficante de armamento, el ex coronel Diego Palleros había depositado una coima (mordida) de 400 mil dólares para "agilizar la salida de las armas", como señala el diario Clarín (15-4-01).

Sus dichos fueron confirmados por Lourdes Di Natale, entonces secretaria de Yoma. En 1995, Clarín también reveló el número de una de las cuentas de Daforel, enviada por Yoma a Palleros mediante un fax. Pero también Sarlenga recordó que en 1993 Emir Yoma había llamado a Menem para evitar su despido. También reveló sus encuentros con el general Balza entre 1992 y 1995, donde se habló de la entrega de armas del ejército a Fabricaciones Militares y dijo que tanto éste como sus subordinados inmediatos sabían que estas armas eran para la venta. A su vez, Balza negó saber que serían derivadas a Croacia, aunque hubo informes militares desde la ex Yugoslavia que advirtieron que habían visto armas de procedencia argentina en aquel lugar.

Asimismo, pasó por tribunales esta última semana Juan Bautista Jofré, ex jefe de los Servicios de Inteligencia Estatales (Side) luego enviado como embajador a Panamá, quien sostuvo que nunca conoció que este país pidiera armas a Argentina, ya que estaba bajo ocupación de Estados Unidos y la policía del lugar era dependiente del ejército estadunidense. Jofré fue duro hacia Menem y dijo que cuando lo envió como embajador le había dicho "te estoy enviando a un país de mierda".

Mañana irá a tribunales Hugo Anzorreguy, también ex titular de la Side, y el 22 de mayo el ex coronel Mohamed Alí Seineldín, quien desde la cárcel militar donde está detenido por intentar un golpe contra Menem a fines de 1990, acusó a éste de liderar el sucio negocio de las armas. El 23 será el turno de Zulema Yoma, ex esposa de Menem, quien declaró que su hijo Carlos Facundo Menem, quien murió en un accidente de aviación, que ella considera un atentado, le advirtió que lo  seguían porque descubrió que los amigos de su padre estaban metidos en el negocio de las armas. De cómo está la situación lo dice el hecho de que el principal testigo, Luis Sarlenga, es mantenido oculto con su familia y llega a tribunales fuertemente escoltado y con chaleco antibalas.

El abogado Ricardo Monner Sanz, que desde 1995 denunció estos hechos ante la justicia y es querellante en la causa, piensa que se están "rompiendo muchos pactos de silencio y que aun con las maniobras más increíbles para tratar de parar la justicia", esto "ha llegado muy lejos", y que las acciones locales y externas para frenar esta investigación constituyen "una verdadera novela de corrupción sobre la corrupción".

Recuerda que el escándalo saltó a luz cuando en marzo de 1995 Clarín publicó la información exclusiva sobre la venta de 75 toneladas de armas argentinas a Ecuador mientras este país estaba en guerra con Perú.

El gobierno comenzó negando su responsabilidad y se abrieron cuatro causas judiciales, una en el fuero Penal Económico por presunto contrabando y otras en el fuero federal para investigar la conducta de los funcionarios públicos.

Las armas argentinas llegaron a Ecuador en febrero de 1995 y el gobierno había autorizado la venta a través Hayton Trade, (y también de Debrol) una empresa fantasma con sede en Uruguay que supuestamente las vendía a otro país.

"Yo recibí la fotocopia de un decreto secreto y reservado (en enero de ese año) el cual justificaba la venta de armas a Venezuela. Como yo tenía algún tipo de acceso directo a algunos sectores de poder venezolano hice gestiones para saber si ese país había solicitado armas a Argentina. Y entonces descubrí que tal solicitud no existía. En ese mismo momento el periodista Daniel Santoro del diario Clarín había sacado a luz la denuncia sobre una posible venta ilegal de armas a Ecuador, lo que respaldó mis sospechas. Después de confirmar la autenticidad del decreto firmado por Menem y como Venezuela no había pedido esas armas, realicé una denuncia que entró en el juzgado de Jorge Urso y la fiscalía de Carlos Stornelli", rememora, en entrevista con La Jornada.