MARTES Ť 22 Ť MAYO Ť 2001

Miguel Angel de los Santos

Implicaciones de la reforma indígena en Chiapas

El hecho de que se haya aprobado una reforma indígena lejana a la ley elaborada por la Cocopa y que no corresponde a lo pactado en San Andrés, traerá serias repercusiones políticas y sociales para el país, pero especialmente para Chiapas, que es donde se originó el reclamo por los derechos indígenas y donde se vive el conflicto armado.

La ley aprobada envía mensajes a diferentes actores: para los indígenas de Mexico constituye la expresión más clara del racismo y la continuidad de seguirlos considerando objetos y no sujetos de derechos como pueblos indígenas. Para el EZLN comunica lo inútil que resulta establecer acuerdos negociados con el gobierno cuando éstos no se cumplen. Para la sociedad mexicana en su conjunto indica que el Congreso de la Unión no legisla en función de los intereses de la sociedad, puesto que ante una ley Cocopa, que fue el producto del diálogo y participación de diferentes expresiones políticas, y sobre todo del consenso de los diferentes grupos indígenas, lo menos que habría hecho es aprobarlos.

Algunas de las repercusiones de la reforma indígena comienzan a presentarse en el panorama chiapaneco: el Ejército Mexicano realiza ostensiblemente movimientos de tropas, se ubica en nuevos lugares, lleva a cabo patrullajes y actúa como si esperara ser atacado. Todas estas acciones habían disminuido considerablemente y había lugares donde la calma comenzaba a asentarse. Incluso, el retiro de las siete posiciones militares indicaba a las comunidades y a los mismos militares la posibilidad real de que el conflicto armado diera paso a otras expresiones políticas. Hoy día la tensión ha regresado a la vida comunitaria y el ambiente de "tregua militar" impera en las comunidades, las que perciben que el no aceptar la reforma constitucional y retirar el contacto del EZLN y el gobierno federal puede ser pretexto para continuar las hostilidades y aumentar la presión sobre ellas.

Los grupos paramilitares leen en la reforma constitucional una derrota por parte de los zapatistas y actúan en consecuencia, se sienten envalentonados y dispuestos a continuar con su beligerancia hacia las bases de apoyo zapatistas. Desde que fueron puestos en libertad los ex dirigentes de Paz y Justicia, los paramilitares caminaban triunfantes y ostentosos de su impunidad. Incluso, unos días después de haber sido liberados, los miembros de Paz y Justicia se introdujeron al predio El Paraíso y comenzaron a realizar trabajos agrícolas en actitud triunfadora, no obstante que el predio lo reclaman como suyo indígenas, bases de apoyo zapatistas.

En algunas comunidades la reforma indígena se ha convertido en punto de coincidencia para luchar por el verdadero reconocimiento de los derechos indígenas; en otras han remarcado las diferencias políticas, sobre todo en aquellas en que conviven zapatistas y miembros o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.

La reforma indígena tendrá impacto también en el resurgimiento de acciones políticas por parte de organizaciones sociales que luchan por la tierra y que han sumado a sus demandas el reconocimiento de los derechos indígenas. Contribuye también una política mal orientada por parte del gobierno del estado que busca resolver con cárcel las invasiones de tierras y que ha comenzado a encarcelar a líderes de la lucha por la tierra.

Pero la reforma constitucional también permitirá que los procesos de autonomía, que se vienen construyendo por la vía de los hechos desde diciembre de 1994, agilicen el proceso y desistan en definitiva de acudir a las instancias oficiales para resolver controversias o realizar gestiones administrativas, por ejemplo. Ante la imposibilidad de conseguir un marco constitucional que reconozca los derechos indígenas, se optará, como ya se ha anunciado, por ejercer la autonomía al margen de consideraciones legales. Hoy día en Chiapas, incluso organizaciones ajenas al EZLN insisten en reivindicar su derecho a constituirse en municipio autónomo ante la indiferencia del gobierno local para atender sus demandas.

Las implicaciones son diversas, pero sólo una cosa es segura: los derechos indígenas han comenzado a ejercerse y el Congreso de la Unión no puede hacer nada por impedirlo.